Ley de Amnistía será letra muerta para liberar a presos políticos

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 12%

Organizaciones civiles consultadas por Las Noticias, advierten que muchos presos políticos están encarcelados por delitos fabricados que no ameritan perdón

Published on 14 octubre, 2019

By Mariana Betanzos

El 17 de julio de 2019, la policía municipal detuvo al campesino y activista Javier González Díaz en Las Rosas, Chiapas. Lo llevaron a una cancha de básquetbol y en los vestidores un oficial lo golpeó. Luego lo trasladaron a unos separos en la localidad de Teopisca, donde policías vestidos de civil lo torturaron psicológicamente con amenazas de muerte.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación acusándolo de intentar robar una moto a mano armada, delito por el que actualmente se encuentra recluido sin sentencia en el CERESO 5 de San Cristóbal de las Casas. Su verdadero “crimen” fue formar parte del movimiento Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS), una organización involucrada en la defensa de la tierra.

Para el Estado mexicano, Javier no es un preso político sino un peligroso ladrón. En consecuencia, no será beneficiado de aprobarse la Ley de Amnistía que se discutirá en el Congreso de la Unión.

La fabricación de delitos es uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas encarceladas por motivos políticos. De acuerdo con Francisco Cerezo, luchador social y presidente del Comité Cerezo, ninguna persona privada de la libertad actualmente por motivos políticos se beneficiaría de la Ley de Amnistía tal y como está escrita en la iniciativa, porque éstas usualmente son acusadas de delitos graves para que no salgan.

“Acusarlos de delitos políticos como sedición o rebelión implicaría reconocer que son presos por motivos políticos. Entonces se les criminaliza y se les imputan delitos como secuestro, homicidio o cualquier otra cosa que no tenga relación con su lucha social”
FRANCISCO CEREZO, PRESIDENTE DEL COMITÉ CEREZO

Damián Martínez, abogado de Javier, coincide con Cerezo. Y agrega que la iniciativa de ley tampoco beneficiará a su cliente ni a otros presos políticos porque su naturaleza es del orden federal y no aplica para los delitos del fuero común, como el del que se le acusa a Javier.

El 18 de septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso la iniciativa de la Ley de Amnistía. Actualmente está siendo discutida en las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Población de la Cámara de Diputados y se tiene programado que se discuta en parlamento abierto del 14 al 18 de octubre.

La amnistía es una política de Estado que elimina la responsabilidad penal a determinados delitos. De acuerdo con Jorge Carlos Peniche, abogado miembro del proyecto Justicia Transicional en México, tiene el objetivo de hacer justicia social.

La iniciativa aplica a quienes cometieron delitos contra la salud orillados por su situación de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación. También contempla a personas forzadas por la delincuencia organizada para cometer esta clase de ilícitos o a quienes hayan portado narcóticos al doble de las dosis máximas permitidas.

Asimismo aplicaría a indígenas cuyo derecho a tener un traductor no haya sido garantizado, a quienes cometieron robo simple y sin violencia, a mujeres juzgadas por abortar y a los encarcelados por delitos de sedición o que hayan formado parte de grupos políticos que alteraran la vida institucional. Este último rubro corresponde a los denominados presos políticos o de conciencia, aunque generalmente nunca se les acusa de ello.

Para Francisco Cerezo, una iniciativa que busque liberar a los presos políticos y luchadores sociales debería comprender las condiciones bajo las cuales se les encarcela y contemplar otros delitos que son utilizados para acusarlos.

Encarcelados por falsos crímenes

Damián Martínez, defensor de Javier, explica a Las Noticias las evidencias por las cuales considera que el delito que se le imputa a su cliente es fabricado.

En primer lugar, acusa Martínez, la carpeta de investigación contiene varios aspectos ilógicos. Por ejemplo, si se hace caso a los hechos tal cual fueron asentados en la carpeta, desde que Javier fue detenido hasta que fue llevado ante un médico legista transcurrieron ¡solo cuatro minutos!

Y aunque se asentó que el delito fue en flagrancia, el policía que lo detuvo se encontraba muy lejos del sitio donde supuestamente se cometió. “El policía habría permitido que uno de los denunciantes levantara el arma de fuego y la moto que presuntamente Javier había intentado robar, cuando esto va en contra de toda lógica procesal. El policía debió haber acordonado el área del robo”, añade el abogado.

Martínez también lleva la defensa del activista Armando Hernández Sánchez, detenido apenas el 28 de septiembre, y miembro también del FNLS. El defensor denuncia que se le fabricó un delito similar al de Javier y lo torturaron para que Armando incriminara a otras personas.

Martínez ha llevado los dos casos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Lo positivo: liberación de mujeres

EQUIS Justicia para las Mujeres es una asociación que trabaja por ayudar a la liberación de mujeres que se encuentran en prisión por delitos contra la salud. La organización feminista respalda la iniciativa de amnistía propuesta por el Presidente. Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas, explica a Las Noticias las razones.

A partir de la llamada “guerra contra las drogas”, las integrantes del colectivo se dieron cuenta de que la población femenina de las prisiones del fuero común se incrementó 103% entre 2006 y 2018. Para ese último año, 43% de las personas recluidas en cárceles del fuero federal eran mujeres.

Al profundizar en los casos, EQUIS encontró que la mayoría de esas mujeres se involucraron en el tráfico de drogas porque vivían en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, o bien porque sufrieron violencia de género y violaciones a sus derechos humanos.

La mayoría está en la cárcel principalmente por traslado de estupefacientes (popularmente llamadas “mulas”) y por dedicarse al cultivo de amapola y marihuana.

Es el caso de Orfa, mujer que fue presionada por su esposo para involucrarse en el transporte de cocaína de Guatemala a México para saldar una deuda que él había contraído. Su testimonio es recuperado por EQUIS en este sitio que recopila historias de mujeres privadas de la libertad.

Erreguerena considera que, contrario a otros delitos que contempla la iniciativa de la Ley de Amnistía, como el robo simple, el aborto, o el caso de presos políticos, no es muy complicado encontrar delitos contra la salud en el fuero federal.

“Va a haber más mujeres beneficiadas en el caso de delitos contra la salud, e incluso mujeres usuarias de drogas que son continuamente estigmatizadas; esto es importante en el contexto de la política de la guerra contra las drogas y sus excesos”
Isabel Erreguerena, integrante de EQUIS JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Sin embargo, al igual que otros defensores de derechos humanos, Isabel considera que la iniciativa no es una llave mágica y debe ser acompañada por políticas de reinserción social, perspectiva de género y un cambio en la política prohibicionista de drogas.

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