La amnistía que propone AMLO excluye a presos políticos

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 6%

En este momento, en México, no hay presos políticos que pertenezcan a grupos insurgentes. El Comité Cerezo estima que la mayoría de los casos son de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Agrega que es usual que se les procese o persiga judicialmente por delitos graves, y se ha documentado que son fabricados.

Según el Comité Cerezo hay al menos 4000 presos en México relacionados con temas políticos

By Laura Castellanos
September 24 at 7:10 PM

Laura Castellanos es periodista. Es autora del libro Crónica de un país embozado 1994-2018, y ha realizado múltiples investigaciones sobre grupos subversivos en México.

La Ley de Amnistía que impulsa el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), excluye a las personas procesadas por razones políticas a las que les imputan delitos graves.

La propuesta ofrece amnistía a personas procesadas por delitos como sedición u otros que alteren el orden público, pero no por homicidio, secuestro, delincuencia organizada, terrorismo o posesión de armas de fuego. Los casos de delitos graves, dijo AMLO, seguirán siendo atendidos “por procedimientos normales de desistimiento de quienes acusan y de las autoridades”.

De hacerlo de esa forma, no solo se perpetuará la prisión para personas acusadas de delitos graves por motivos políticos, sino que también se excluirá a las casi 4 000 víctimas de detenciones arbitrarias, por esos mismos motivos, en los últimos dos sexenios.

Es necesario que se considere a las personas procesadas por delitos graves, que han sido o son perseguidas políticamente, como parte de una política de Estado de justicia transicional.

Los presos políticos no son cualquier tipo de preso, y menos en México. Ha sido el país con el mayor número de expresiones subversivas y guerrilleras en Latinoamérica en los últimos 50 años: una treintena de guerrillas actuó de 1965 a 1975, lo cual está documentado en mi libro México Armado. 1943-1981. El país ha sido, a su vez, espacio de luchas comunitarias por la autonomía y en defensa del territorio, de policías comunitarias, autodefensas, células anarquistas y guerrillas.

Tiene también una historia de movimientos beligerantes campesinos, magisteriales, sindicalistas, indígenas, estudiantiles y urbano-populares.

En este momento, en México, no hay presos políticos que pertenezcan a grupos insurgentes. El Comité Cerezo estima que la mayoría de los casos son de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Agrega que es usual que se les procese o persiga judicialmente por delitos graves, y se ha documentado que son fabricados.

Por ejemplo, si Nestora Salgado —senadora por el partido oficialista Morena y antes comandante de un grupo de autodefensa en el estado de Guerrero— siguiera encarcelada hoy por los delitos de homicidio, secuestro y delincuencia organizada, no podría obtener esta amnistía.

Salió de prisión tras la presión internacional. Después, el actual gobierno le pidió crear un listado de presos políticos que fueran candidatos a la amnistía. De los 199 que la integraban, 46 han sido liberados nueve meses después.

En ese lapso, la cifra creció. Hoy se analizan 1 700 candidatos, entre los que se encuentran ambientalistas que se oponen a la construcción de mega proyectos, y otros de corte político-electoral.

El gobierno no debe eludir que es la violencia institucional la que genera la violencia popular y no al revés, como escribió Carlos Montemayor. Si no hay una Ley de Amnistía, federal y estatal, que considere estos delitos graves, la cárcel seguirá siendo el destino para personas que afectan intereses de poder, incluso de la llamada Cuarta Transformación.

Continuando con el ejemplo, Salgado tiene en su lista un caso paradigmático: ocho presos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, integrantes de la Asamblea Comunitaria, que enfrentan el cacicazgo de Manuel Zepeda, ex presidente municipal. Es el padre de Elisa Zepeda, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Oaxaca.

La diputada acusó de homicidio y de tentativa de homicidio a 34 integrantes de la Asamblea por hechos de violencia ocurridos en 2014, tras el intento de su padre de evitar que se fiscalizara su ejercicio público.

Los fallos en las acusaciones permitieron que cuatro de los ocho presos fueran absueltos de homicidio calificado. También permitieron la excarcelación o negativa de aprehensión de 16 más. Sin embargo, el antropólogo y activista Miguel Ángel Peralta fue condenado a 50 años de cárcel, y está a la espera de recibir una nueva sentencia.

Otro caso es el de 70 miembros de las autodefensas del estado de Michoacán, que fueron detenidos en 2014.

Como parte de la estrategia del gobierno anterior para combatir al crimen organizado, estas autodefensas participaban en un operativo conjunto con fuerzas federales y utilizaban armas de grueso calibre autorizadas y registradas por el Ejército. Después, paradójicamente, los encarcelaron por portar esas mismas armas. Fueron recluidos cuatro años, hoy están libres bajo caución y sigue su proceso.

AMLO ha dicho que no debe permitirse la corrupción en el sistema de justicia, pero que respeta su autonomía. Lo cierto es que mientras en este no haya cambios estructurales, seguirá procesando a personas por móviles políticos, sea por corrupción, omisión o ineficiencia.

Su gobierno, además, abrió un camino para que haya aún más casos de presos políticos: una reforma constitucional da prisión preventiva de oficio a “delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”. Es una ley tramposa que puede interpretar el uso de un palo como un “medio violento”, señala Sandino Rivera, abogado de presos políticos emblemáticos como Nestora.

La misma ley también comprende, sin especificar, “delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos”, cuando existe una fuerte oposición comunitaria contra proyectos de perforación de petróleo o de gas por fractura hidráulica.

Con esa legislación, y la de la Ley Garrote de Tabasco, el gobierno olvidó que AMLO encabezó el bloqueo de 51 pozos petroleros contaminantes en 1996.

Si se aprueba esta Ley de Amnistía, se perpetuará la prisión por razones políticas contra personas que han sido acusadas de delitos graves. AMLO y su gobierno decidirán si validan la ignominia que les fue heredada.

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