Tensión en Río Florido, Chiapas: 5 policías retenidos en medio del conflicto entre pobladores y el gobierno

Los policías se encuentran retenidos desde hace más de 12 días. Los pobladores exigen la liberación de un compañero, la retirada de la Guardia Nacional del exterior de la comunidad y que se investiguen ejecuciones extrajudiciales.

Por Alberto Pradilla | @albertopradilla | 1 de agosto, 2019

Un hombre asesinado de dos balazos en la parcela que trabajaba. Un detenido por presunto robo de una motocicleta que permaneció más de 24 horas en paradero desconocido, que ahora se encuentra en prisión y que denunció haber sido torturado. Cinco policías retenidos durante más de 12 días y negociaciones que, hasta el momento, no han logrado ningún éxito.

Estos son los elementos que explican la escalada de tensión que se registra en la comunidad Río Florido, municipio de Ocosingo, en Chiapas.

Allí viven unas 70 familias desde 1991, cuando integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata tomaron unas tierras. Posteriormente, en 2006, esta organización participó en la creación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que en Chiapas tiene implantación en otras diez comunidades.

Desde hace cinco años, el colectivo denuncia una escala en la disputa que mantiene con el gobierno estatal. Este, por su parte, califica al grupo de “radical” y asegura que la Fiscalía tiene abiertas 111 carpetas de investigación en su contra.

La situación ahora es de “calma tensa”, según Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, organización de Derechos Humanos que el martes visitó la comunidad para comprobar el estado de sus habitantes.

Río Florido es un lugar remoto. Se encuentra a más de 150 kilómetros al este de Tuxtla Gutiérrez, a medio camino entre la capital chiapaneca y Palenque.

A su alrededor, a menos de dos kilómetros, varias comunidades zapatistas. En la zona ni siquiera hay señal de teléfono. Cuando sus vecinos quieren contactar por celular tienen que desplazarse a Ocosingo, el municipio más cercano.

Actualmente las carreteras de acceso están despejadas, pero se han instalado en el exterior dos bases de Operaciones Mixtas (BOM) con miembros del Ejército y la Guardia Nacional.

“Tenemos miedo de que incursionen”, dice Cerezo. Su organización, junto a Hasta Encontrarlos (organización de búsqueda de desaparecidos) y el Comité Popular de Derechos Humanos de Chiapas organizaron una caravana de observación y pidieron al Estado “diálogo”.

“No es un secuestro”, dice el FNLS

“No es un secuestro. Los policías están bien. No somos como el Estado que amenaza como hacen con nuestro compañero”, dice Javier Pérez Pérez, vocero del FNLS, en conversación telefónica. Pide al Estado un diálogo “serio”, denuncia que los agentes capturados amenazaron con usar su arma ante una protesta de vecinos, y exige la libertad de Javier González Díaz, comunitario arrestado el 18 de julio y que desde entonces se encuentra en prisión.

El gobierno de Chiapas, por su parte, se remite a las informaciones difundidas en la última semana sobre los operativos desplegados y las carpetas de investigación abiertas contra el FNLS. No quieren hacer más declaraciones “para no entorpecer las negociaciones y la investigación”.

Las tensiones en la comunidad vienen de lejos. Francisco Cerezo Contreras, del Comité Cerezo, recuerda el intento de ejecución que sufrieron tres integrantes del FNLS en 2016 en Ciudad de México; el asesinato de Humberto Morales, de 13 años, en 2017; la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007.

Sin embargo, los sucesos que han incendiado la zona en la actualidad son mucho más recientes. Comenzaron el 19 de junio con la muerte de Mario Moreno López, de la comunidad 20 de junio. Apareció en las tierras que trabajaba con dos disparos y sus compañeros lo califican de “ejecución extrajudicial”, que vinculan a “grupos paramilitares”, según Javier Pérez Pérez, vocero del FNLS.

Un mes después, el 18 de julio, se produce el arresto de Javier González Díaz, también en la misma comunidad. Según Pérez Pérez, el activista pasó por cinco centros de detención sin que su familia fuese informada. Esto generó la intranquilidad de la comunidad, que inició protestas como bloqueos carreteros.

Finalmente, “fue presentado por la autoridad municipal con evidentes señas de tortura. Actualmente está preso acusado de robar una moto, cuando no sabe manejar bicicleta”; según Francisco Cerezo.

Aquel día se produce la retención de los policías.

Según informó la Fiscalía General del Estado, se trata de los policías ministeriales José Luis Tondopó Medina y Fernando Tondopó Medina, así como los policías estatales Carlos Enrique Gordillo Aguilar, Fredy Sánchez García y Bernal Hernández Altunar.

Según la versión del Ministerio Público, los agentes “retornaban de la comunidad Petalcingo, municipio de Tila, cuando fueron privados de su libertad por un grupo de personas que mantenía un bloqueo en la carretera Ocosingo-San Cristóbal, a la altura del ejido Río Florido”.

Esa misma nota informativa dice que “un grupo de personas ha retenido diversos vehículos de empresas para posteriormente incendiarlos”.

El relato del FNLS es completamente distinto. “Llega un auto con sospechosos. Uno de ellos pone la mano sobre una mochila, la abre y estaba metiendo la mano cuando logramos ver que estaba empuñando su arma para accionar en contra de los compañeros”, dice su vocero. En su opinión, “se evitó otro crimen”.

Desde entonces, los cinco agentes están retenidos. La semana pasada, sus familiares pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que interceda para su liberación.

“Si no salimos los cinco no se va nadie”.

El único momento en el que pudieron ser liberados fue el 24 de julio, cuando se celebró en San Cristóbal de las Casas un encuentro en el que participó Ismael Brito, secretario de Gobierno de Chiapas.

En él se acordó que se liberaría a Javier González a cambio de que los cinco policías regresasen a casa. No se llegó a producir el intercambio. “Como buena voluntad quisimos dejar en libertad a tres pero no quisieron irse, dijeron que no se irían hasta que saliesen los cinco porque estaban seguros de que el gobierno iba a cumplir su palabra. No fue así”, dice Pérez Pérez.

Desde entonces no hay diálogo directo. El vocero del FNLS rechaza que estén utilizando a los policías “como moneda de cambio”, y recuerda los ataques que ha sufrido su comunidad.

Héctor Cerezo, que el martes estuvo en Río Florido, señaló que no vio a los cinco agentes y que ni siquiera fue informado de si estaban en la comunidad.
Sobre la negociación, censuró la falta de compromiso del gobierno federal, a quien pidieron mediación a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, que dirige Alejandro Encinas.

En medio de esta tensión se han producido nuevos hechos violentos. El 28 de julio, en la carretera entre Ocosingo y Altamirano, Domingo Gómez Sántiz y Juan Calixto Gómez Sántiz fueron atacados, según Alejandro Cerezo. “El primero recibió un balazo en su brazo y el segundo en el plexo solar”, dijo el activista.

Por el momento la situación está en un impasse.

Por un lado, los activistas, apoyados por organizaciones de Derechos Humanos, piden diálogo. “Pedimos un alto al hostigamiento, la cancelación de ordenes aprehensión, la libertad de Javier y el fin al cerco. A partir de ahí todo puede regresar a la calma”, dice el vocero del FNLS. A esta demanda se han sumado grupos mexicanos e internacionales, como las Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora.

Desde la Fiscalía se insiste en que la organización es un “grupo social radical” al que vincula con 111 denuncias entre 2015 y 2019.

Las imputaciones son por “ataques a las vías de comunicación” por bloqueos carreteros, robo a transportistas, despojo, amenazas, daños, privación ilegal de la libertad, retención de funcionarios, robo de vehículo, lesiones, robo, atentado contra la paz, retención de particular, homicidio, asociación delictuosa, lesiones, privación ilegal de la libertad, motín, desaparición forzada de personas, pandillerismo y daños, abuso de autoridad, entre otros.

“No habrá impunidad”, es el mensaje de la Fiscalía que dirige Jorge Luis Llaven.

“Esperamos una oferta responsable y seria. Estamos en nuestro derecho a defendernos”, responde Pérez Pérez, quien considera que las carpetas abiertas en contra de su organización son “una muestra del nivel de criminalización”.

“Se incrementó la violencia y nosotros nos preguntamos qué hacer. ¿Nos quedamos esperando a que nos maten y nos desaparezcan o resistimos? Decidimos resistir y denunciar el intento del Estado por romper el proceso organizativo que las comunidades en forma independiente”, afirma Pérez Pérez, muy crítico con el gobierno de López Obrador.

“No ha cumplido todo lo que ha prometido, se mantiene la violencia contra el pueblo y se siguen imponiendo los intereses empresariales, tanto mexicanos como extranjeros”, asegura.

El conflicto en Río Florido es uno más de las diversas pugnas que se registran en Chiapas; el estado más pobre de México y uno de los que registra un mayor índice de problemas sociales. El gran miedo de los pobladores es que el gobierno busque una incursión violenta. Por eso, organizaciones de Derechos Humanos como Comité Cerezo, Hasta encontrarlos o la Red TDT lanzaron un llamamiento por el diálogo.

Los cinco policías siguen retenidos.

La comunidad sigue cercada y el activista encarcelado.

No se sabe cuánto puede alargarse el impasse.