Boletín de prensa: Poder Judicial de la Federación ordena la búsqueda de luchadores sociales en cuarteles militares y creación de una comisión especial de búsqueda para el caso

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Ciudad de México 13 de mayo de 2019

A los familiares del terrorismo de Estado
A las organizaciones populares e independientes
A los medios de comunicación
Al pueblo en general

Poder Judicial de la Federación ordena la búsqueda de luchadores sociales en cuarteles militares y creación de una comisión especial de búsqueda para el caso

A casi cumplirse12 años de la detención desaparición de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, concede la demanda de amparo 942/2013-2 a favor de las víctimas y de sus familiares en el reconocimiento de su responsabilidad en la comisión de este crimen de lesa humanidad y ordena la realización de importantes actuaciones jurídicas para resarcir medianamente el daño causado a sus familias.

Gracias a la coordinación de esfuerzos y a la persistencia de familiares, representantes legales, organizaciones de derechos humanos y populares, se logra obtener trascendental sentencia de amparo a favor de los luchadores sociales reivindicados por el PDPR-EPR, detenidos desaparecidos en la ciudad de Oaxaca. Hecho que reafirma que la lucha por la presentación con vida de todas las víctimas de la desaparición forzada en México nunca debe detenerse, no en tanto se logre dar con su paradero, asimismo se enjuicie y castigue a los responsables.

La desaparición forzada de ambos revolucionarios acaeció el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, en el contexto de la represión generalizada contra el movimiento magisterial popular; en el cometido de este deleznable crimen está documentado que participaron elementos de la Policía Ministerial, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y del Ejército Mexicano.

De acuerdo con declaraciones de algunos testigos que son recabadas en la investigación de la CNDH, entre otras documenta, que los detenidos desaparecidos Gabriel Alberto y Edmundo fueron conducidos a los separos de la Procuraduría de Justicia Estatal sumamente golpeados, desde entonces se desconoce su suerte o paradero. Una de las líneas de investigación señala que fueron trasladados al Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México.

Esta sentencia reafirma lo establecido en la resolución judicial de la queja 29/2014 que se emitió en junio del 2014; resolución definitiva que reconoce de manera contundente el crimen de desaparición forzada como una grave violación a los derechos humanos en perjuicio de Gabriel y Edmundo por parte del Estado mexicano y ordena entre otros puntos lo siguiente:

Se reconoce la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas directas EDMUNDO REYES AMAYA y GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ, por parte de agentes del Estado mexicano. Así como de las víctimas indirectas NADÍN REYES MALDONADO y MARGARITA CRUZ SÁNCHEZ.

● Realizar sin limitación alguna todas las diligencias para lograr la localización con vida de Gabriel y Edmundo. Para lo cual se tendrá que permitir el acceso a cualquier instalación militar en donde se presuma pudieran estar las víctimas.
● Tomar declaración a mandos militares que estuvieron en funciones en Mayo de 2007.
● Reconocer y crear la Comisión Especial de Búsqueda para el caso.
● Así como toda una serie de medidas de satisfacción y reparación dirigidas al reconocimiento de la grave violación a los derechos humanos y reparación integral del daño.

Este gobierno tiene en sus manos la posibilidad de atender de manera expedita una sentencia histórica, demostrar en los hechos que dará los pasos precisos para erradicar la impunidad que encubre a mandos policíacos y militares en la objetivación de este crimen y resarcir medianamente la herida que causó el terrorismo de Estado a millones de familias mexicanas.

Deberá acatar y cumplir con esta sentencia si es congruente con el discurso del respeto a los derechos humanos, de lo contrario también será responsable y cómplice al obstaculizar el acceso a la verdad y a la justicia de un crimen tan grave como lo es la desaparición forzada.

El actual gobierno no es el responsable directo del cometido de este crimen atroz contra la humanidad de los luchadores sociales, no obstante, la desaparición forzada es un crimen continuado e imprescriptible, por lo tanto, se comete cada día en tanto la administración federal ya sea por omisión o comisión será responsable si no acata esta resolución judicial.

Esta vez el Estado no podrá argumentar que no es una resolución definitiva como pretexto para no realizar las acciones necesarias para buscar a nuestros familiares en cuarteles militares, así como tampoco eludir su responsabilidad en la comisión de este crimen, pues la sentencia en sí misma es un acto de reconocimiento de esta esta grave violación a los derechos humanos cometida en contra de dos luchadores sociales.

Entre los puntos que ordena la sentencia jurídica es no dejar en la opacidad la actuación ilegal de las autoridades responsables de la desaparición forzada, por lo que es menester hacer un reconocimiento simbólico, por lo que deberá publicar por una ocasión un extracto de la sentencia en un diario de circulación nacional. Actuaciones que deben acatar tanto la SEDENA, la FGR y las autoridades del estado de Oaxaca en diarios de circulación nacional.

Además de lo anterior, esta sentencia significa un gran paso en la defensa de los derechos de las víctimas, puesto que la trascendencia de ésta radica en el precedente histórico que sienta para realizar acciones similares en otros casos, dado que la desaparición forzada es una práctica sistemática y cada vez más recurrente.

La sentencia es un logro para todas las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, quienes en décadas no hemos cejado en nuestra lucha de exigencia de presentación con vida nuestros seres queridos, es la evidencia de que la coordinación de la lucha jurídica y política es la premisa metodológica para poner un alto a los crímenes de lesa humanidad.

Por todo lo anterior, como familiares de las víctimas exigimos al gobierno mexicano acatar cabalmente esta sentencia, desistir de todo recurso legal que impida el ejercicio de los marcos jurídicos del derecho mexicano, así como ordenar a todas sus instancias locales que no lo hagan. Hacerlo significaría la continuidad de la política de revictimización de los familiares y la impunidad que encubre a los perpetradores.

La verdadera voluntad política de este gobierno debe mostrarse en estos momentos en acciones concretas y una de ellas de vital importancia para todas las víctimas de este grave flagelo es cumplir con lo ordenado por la juez del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México.

Por último queremos invitar a todos los medios de comunicación, personalidades progresistas, defensores de los derechos humanos, periodistas honestos y organizaciones populares a estar atentos a las actividades que desarrollaremos durante el mes de mayo con motivo de conmemorar la Semana Internacional del Detenido Desaparecido en la Ciudad de México y otros estados del país.

¡Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables!

Atentamente
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, Frente Nacional de lucha por el Socialismo (FNLS)

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