Legislatura mexiquense exige la exoneración del activista José Humbertus Pérez Espinoza

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En contraste, el Comité Cerezo AC (sic.) reconoce a José Humbertus como prisionero de conciencia

Por Veneranda Mendoza, 21 marzo, 2019

TOLUCA, Edomex. (apro).- El Congreso local exigió retirar o sobreseer las dos denuncias penales, aún vigentes, en contra del activista José Humbertus Pérez Espinoza, a quien el Comité Cerezo considera preso de conciencia debido a su lucha contra los fraudes inmobiliarios.

El exhorto va dirigido en primer término a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que retire o sobresea las causas penales 161/2018 (por robo a casa-habitación con modificativa de haberse cometido con violencia) y 372/2018 (por extorsión), “que tienen privado injustamente de su libertad al activista y defensor del derecho humano de segunda generación a la vivienda digna y decorosa, José Humbertus Pérez Espinoza”.

Además, pide al Consejo de la Judicatura del Estado de México y al área de Responsabilidad de la Escuela Judicial, analizar libremente (sin presiones políticas o económicas) ambas causas penales, pues también se han violado los principios de presunción de inocencia, debido proceso y juicio justo.

De igual manera, apela a que la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura sustituyan al activista la prisión preventiva oficiosa por una o más medidas cautelares menos drásticas, como la fianza, la garantía económica y la presentación de firmas, entre otras, porque desde que fue recluido –el 4 de noviembre de 2015– su salud se ha visto afectada de manera importante.

También plantea que el Consejo de la Judicatura de la entidad analice la orden de aprehensión que le fue girada al activista el 16 de enero de 2016, dado que se libró para un delito diverso (robo a transporte de carga) al que se le imputó (robo a casa-habitación con violencia).

Los datos de prueba de la captura no se acreditan en la formal acusación y se usaron testimonios de periciales privados –que no aparecen descritos en la orden de aprehensión– para vincularlo a proceso, agrega.

El punto de acuerdo promovido por Armando Bautista, coordinador del Partido del Trabajo (PT), fue avalado por unanimidad como de obvia y urgente resolución, con la ausencia de la diputada local Lilia Urbina Salazar.

Ella es hija de Aarón Urbina, exalcalde de Tecámac, señalado por el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) –organización de la que Humbertus es fundador– como uno de los políticos involucrados en las estafas de las unidades habitacionales.

Tampoco estuvieron presentes los morenistas Nazario Gutiérrez, Liliana Gollas, Max Correa, Adrián Galicia, Azucena Cisneros, Karina Labastida, Beatriz García, Dionisio García y Alfredo González, además de Anuar Azar, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), y su correligionario Edgar Olvera.

Faltaron igualmente Alberto Couttolenc, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el petista Francisco Solorza.

En la exposición de motivos, Bautista Gómez recordó que el 19 de marzo de 2009 el FMDVD interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), cuya acción penal no ha sido ejercitada “porque los grupos económicos de la oligarquía financiera están detrás”.

Señaló que las cuatro carpetas de investigación fabricadas a Pérez Espinoza tuvieron como objetivo evitar que siguiera defendiendo el derecho a la vivienda, razón por la cual las autoridades federales y del fuero común no han querido investigar su detención arbitraria.

En contraste, el Comité Cerezo AC reconoce a José Humbertus como prisionero de conciencia, mientras que Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), asegura que se trata de una víctima de la fabricación de delitos en represalia por su lucha.

Pérez Espinoza “aseguró que varios funcionarios y exservidores públicos federales, estatales y municipales actuaron en colusión con empresarios de la construcción y cometieron delitos de peculado, fraude genérico y específico, ya que entre 1999 y 2011 se concedieron unos 10 millones de créditos hipotecarios sobrevaluados hasta en 40%, otorgados sin que las constructoras cumplieran los requerimientos normativos estatales para la construcción de vivienda en asentamientos urbanos”, expuso.

Además, prosiguió, “dio a conocer el mega fraude hipotecario e inmobiliario en México que tuvo como costo para la sociedad mexicana aproximadamente un billón 400 mil millones de pesos en políticas públicas fallidas”.

En las dos primeras carpetas fabricadas al activista, la 1718/2015 y la 1720/2015, ambas por robo a casa-habitación con violencia, no se logró confirmar el delito imputado y su inocencia causó ejecutoria.

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