Condena defensora de derechos humanos el aumento de ejecuciones extrajudiciales

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Por Norma Trujillo Báez

Tras la ejecución de ocho defensores de derechos humanos en el país, organizaciones sociales condenan ejecuciones extrajudiciales y se suman a la indignación que han expresado las personas defensoras de los derechos humanos, quienes diariamente luchamos por una vida digna en México y por el fin de las políticas neoliberales, depredadoras de la vida y el planeta.

En este contexto, sostiene el Comité Cerezo que consideran importante dar a conocer qué es una ejecución extrajudicial de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

"Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia [cuando mandatan a particulares], cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto, se define como un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado".

Las ocho personas defensoras de los derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente porque lo que comúnmente llaman delincuencia organizada en realidad son grupos paramilitares creados bajo el auspicio de algún agente estatal. Así, los agentes de Estado que se llenan la boca con declaraciones acerca de que estas ejecuciones extrajudiciales son "ajustes de cuentas" o "propias de la delincuencia organizada" sólo intentan evadir su responsabilidad como Estado, con el objetivo de ocultar que ha sido una política gubernamental que se utilizó de manera sistemática a partir de la profundización de la política neoliberal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y que se consolidó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: el uso de grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio de las autoridades estatales.

Además, aseguran que fueron ejecutadas extrajudicialmente debido al ejercicio del derecho a defender derechos humanos –organizarse, promover y exigir un derecho humano–, porque no fueron ejecutadas por casualidad o porque estaban en medio de un enfrentamiento o por la violencia generalizada que existe, sino porque fueron víctimas de una violencia dirigida, intencionada, que tuvo un objetivo político y económico. Además, porque los perpetradores cuentan con la colaboración institucional o el cobijo de las autoridades para gozar de impunidad.

"Ante estas ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de los derechos humanos, que hemos documentando desde el año 2006 y publicado en informes desde el 2012, más de 117 organizaciones y varias personalidades elaboramos una propuesta de iniciativa de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de abonar a la construcción de una política integral de protección a ambas poblaciones y que solucione muchas las deficiencias de la ley actual".

La iniciativa busca volver realidad las recomendaciones que en 2017 realizaron el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y el Relator Especial de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para la libertad de expresión, Edison Lanza. Asimismo, busca materializar las recomendaciones y buenas prácticas que organizaciones nacionales e internacionales han realizado en la materia. Cabe destacar que la ley general hace énfasis en la prevención, la investigación y la reparación. Prevenir antes de que sucedan hechos lamentables e investigar para terminar con la impunidad imperante, además reparar a los que ya han sido violados sus derechos humanos.

La propuesta de iniciativa de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos Contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas elaborada por Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y Comité Cerezo México, con la colaboración del Colectivo Infrarealismo Jurídico, fue presentada a la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

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