Año mortífero para defensores de DH

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"De los 184 homicidios de defensores ocurridos durante la administración del priista, 29 casos corresponden a defensores de la vida digna, 25 a los derechos laborales, 24 a la autodeterminación de los pueblos indígenas, 18 al territorio, 18 más a la libertad de expresión, y 11 ambientalistas."

Año mortífero para defensores de DH

Registran 184 homicidios durante el sexenio pasado.
Leopoldo Hernández 26 de diciembre de 2018, 23:12

Año mortífero para defensores de DH

El año 2018 cerraría con el asesinato extrajudicial de 40 defensores de derechos humanos, lo que lo ubica entre los tres más mortíferos del sexenio pasado, señaló el Comité Cerezo México.

El informe “184 personas defensoras de DH ejecutadas extrajudicialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto”, el cual abarca del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018, indica que en el 2017 se registraron 52 homicidios y 37 en el 2016.

“Dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”, subrayó.

De los 184 homicidios de defensores ocurridos durante la administración del priista, 29 casos corresponden a defensores de la vida digna, 25 a los derechos laborales, 24 a la autodeterminación de los pueblos indígenas, 18 al territorio, 18 más a la libertad de expresión, y 11 ambientalistas.

“Si sumamos tres derechos humanos que están muy relacionados, como son la autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y derecho al medio ambiente, catalogado como ambientalistas, tenemos 53 personas ejecutadas extrajudicialmente, lo que es más de una cuarta parte del total de víctimas”, indicó.

En relación con la incidencia por estados, el informe puntualiza que en Oaxaca se reportaron 49 asesinatos, 41 en Guerrero, 16 en Chiapas y Veracruz, respectivamente, 12 en Chihuahua, siete en Puebla y Michoacán, y seis en Jalisco y Ciudad de México.

Así como cuatro en Estado de México, tres en Sinaloa y Morelos, respectivamente, dos casos en Tamaulipas, Hidalgo y Baja California, y un caso en entidades como Tlaxcala, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur, Sonora y Guanajuato.

En este sentido el Comité Cerezo consideró, ante la llegada de la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que es el momento idóneo para abrir el proceso de verdad, justicia y reparación de todas las víctimas.

“Exigimos al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, la mejor forma es iniciar un proceso de justicia transicional que, desde los derechos humanos, exige una comisión de la verdad que devele las causas económicas, políticas y sociales que fomentaron esta práctica de la ejecución extrajudicial en México”, expresó.

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