Comité Cerezo documenta 184 ejecuciones de activistas durante el gobierno de Peña

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Por Isaín Mandujano , 20 diciembre, 2018

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Al menos 184 activistas, luchadores sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados extrajudicialmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sólo en Chiapas se perpetraron 16 de esos crímenes.

Este jueves se hizo público el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México, realizada de manera ininterrumpida por el Comité Cerezo México durante el sexenio de Peña Nieto, que inició el 1 de diciembre de 2012 y concluyó el pasado 30 de noviembre.

El documento detalla que la mayoría de los casos fueron registrados por Acción Urgente Para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.

Se trata de ejecuciones extrajudiciales, es decir, violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.

En total suman 184 ejecuciones realizadas por motivos políticos, o sea, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras estaban realizando.

El Comité Cerezo México precisó que, como nunca, en los años 2016, 2017 y 2018 se presentó una cifra tan elevada de asesinatos a manos de agentes del Estado.

En 2016 la cifra empezó a incrementarse y llegó a 37 personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente. 2017 fue el año con el mayor número de casos, 52, y este año se contabilizaron 40 ejecuciones extrajudiciales.

Los estados de la República mexicana que concentran la mitad de todas las ejecuciones extrajudiciales son Oaxaca y Guerrero, y si sumamos las cometidas en Chiapas, Veracruz y Chihuahua suman 134 casos. El resto, 50, se reparten en 18 estados más.

Según esas cifras, la práctica de la ejecución extrajudicial tuvo un aumento en los tres últimos años del gobierno de Peña y alcanzó la cúspide en 2017, cuando se alcanzó la cifra de 52 personas defensoras de derechos humanos víctimas de esa práctica.

El Comité Cerezo México, junto con Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y la mejor forma –apuntó– es iniciar un proceso de justicia transicional, que desde los derechos humanos exige una Comisión de la Verdad que devele las causas económicas, políticas y sociales que fomentaron esta práctica de la ejecución extrajudicial en México, y posteriormente la sanción a los perpetradores materiales, intelectuales y beneficiarios de estas graves violaciones a los derechos humanos.

De Igual manera, sugirió al Ejecutivo federal que es el momento idóneo para aprobar la propuesta de iniciativa de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los Delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, entregada a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

El fin del neoliberalismo y de la persecución política en México, subrayó, exige crear una ley general que también proteja el derecho a defender los derechos humanos y prevenga, proteja, investigue y repare el daño de los defensores de derechos humanos agredidos por su labor.

Señaló que creerán en un cambio real en México si se investiga y aclara quién usó, en contra de muchos defensores de derechos humanos, el programa de intervención telefónica “Pegasus” de manufactura israelí.

“Si efectivamente se aprueba una Ley de Amnistía u otros mecanismos que permitan la libertad de todos los presos por motivos políticos en México; si se aprueba la Ley General para proteger a los defensores de derechos humanos, y si en los próximos informes de documentación de violaciones a los derechos humanos (…) la cifra disminuye, sólo si todo esto sucede podríamos decir con certeza que México por lo menos está dejando de lado la política neoliberal de represión política, lo que generará mejores condiciones para el trabajo de defensa de los defensores de derechos humanos en nuestro país”, concluyó.

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