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La CNDH exhibe actos de tortura de agentes federales y estatales; entre los afectados hay varios menores

Domingo 11 de noviembre de 2018, por Comité Cerezo México

Organismos defensores de derechos humanos como el Comité Cerezo han señalado que el país es uno de los más peligrosos de la región para los defensores de derechos humanos con 3 mil 967 agresiones y 228 asesinatos en los últimos 12 años.

El organismo defensor de derechos humanos detalló que entre el 8 de abril de 2012 y el 6 de febrero de 2016 recibió diferentes quejas presentadas de manera individual por familiares, defensores públicos y las propias personas agraviadas, con las cuales se integraron 14 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de 28 víctimas, de las cuales 3 eran niñas menores de edad.

El pasado 6 de noviembre, el Gobierno mexicano reconoció fallas en la defensa de los derechos humanos durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. Ahí, los representantes de la administración de Enrique Peña Nieto reconocieron que tiene enormes retos y desafíos para preservar las libertades fundamentales de sus ciudadanos y se comprometió a trabajar para mejorar la situación.

Desde 2006, 3 mil 967 personas han sufrido detención arbitraria con el objetivo de interrumpir su defensa de los derechos humanos y 228 han sido ejecutados, se señala en el 7 Informe “Defender los Derechos Humanos en México: El Sexenio de la Impunidad, Junio de 2017 a mayo de 2018″.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y al Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, por violaciones graves a los derechos humanos al documentar 24 casos de tortura, 23 detenciones arbitrarias y/o retenciones ilegales y 7 cateos ilegales en siete entidades federativas.

A través de un comunicado, la dependencia indicó que los hechos ocurrieron en la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero y Jalisco, y fueron atribuibles a elementos de la Policía Federal (PF) y de la Policía Municipal de Tepeaca, Puebla.

La Recomendación también se dirigió a los titulares de la CNS y del Ayuntamiento de Tepeaca Puebla, así como del Gobierno del Estado de Michoacán, por otorgar inadecuadas certificaciones médicas o irregulares en agravio de 14 personas, y a la Procuraduría General de la República (PGR) por irregularidades de agentes del Ministerio Público en agravio de 3 personas.

El organismo defensor de derechos humanos detalló que entre el 8 de abril de 2012 y el 6 de febrero de 2016 recibió diferentes quejas presentadas de manera individual por familiares, defensores públicos y las propias personas agraviadas, con las cuales se integraron 14 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de 28 víctimas, de las cuales 3 eran niñas menores de edad.

La CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos por la transgresión al derecho humano a la integridad personal en agravio de 27 personas, de las cuales 24 fueron torturadas y 3 recibieron tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, hechos que fueron atribuibles a elementos de la Policía Federal y en 7 casos a la Policía Municipal del Ayuntamiento de Tepeaca. Además, constató detenciones arbitrarias y/o retenciones ilegales de 23 personas en 7 entidades federativas.

La CNDH acreditó que 14 de esas 23 detenciones fueron motivadas en supuesta flagrancia o en una orden de localización y presentación, pero en ningún caso se contó con una orden de aprehensión; 7 personas más fueron violentadas en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, pues sus detenciones se llevaron a cabo en sus viviendas sin contar con orden de cateo alguna por elementos de la Policía Federal.

El organismo también acreditó violaciones que, aunque no fueron consideradas como graves, transgredieron el derecho al acceso a la justicia en la modalidad de procuración de justicia y derecho a la verdad en agravio de 14 víctimas, en Puebla, Michoacán, Estado de México y Sinaloa, por expedición de certificados médicos por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJ-MICH), de Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) y de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Tepeaca, Puebla, (DSPV-Tepeaca), los cuales resultaron deficientes, incompletos o incongruentes en la documentación e investigación de la tortura.

Al constatar lo anterior, la Comisión emitió la recomendación para solicitar a las autoridades que reparen el daño a las víctimas transgredidas conforme a la Ley General de Víctimas, e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

La CNDH también pidió colaborar en todas las carpetas de investigación y procedimientos administrativos que se inicien con motivo de las quejas y denuncias que el organismo presente ante las autoridades correspondientes contra personal del servicio público señalado como responsable.

MÉXICO Y LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

El pasado 6 de noviembre, el Gobierno mexicano reconoció fallas en la defensa de los derechos humanos durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.

Ahí, los representantes de la administración de Enrique Peña Nieto reconocieron que tiene enormes retos y desafíos para preservar las libertades fundamentales de sus ciudadanos y se comprometió a trabajar para mejorar la situación.

“México enfrenta retos considerables en materia de Derechos Humanos. No venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”, afirmó al iniciar su discurso el Subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruíz Cabañas, jefe de la delegación mexicana.

Al respecto, Amnistía Internacional consideró que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reafirmó lo que la sociedad civil ha señalado: “a pesar de los avances legislativos, estos no se traducen en cambios reales para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos en el país; especialmente aquellas referidas a desaparición y tortura.

Organismos defensores de derechos humanos como el Comité Cerezo han señalado que el país es uno de los más peligrosos de la región para los defensores de derechos humanos con 3 mil 967 agresiones y 228 asesinatos en los últimos 12 años.

Desde 2006, 3 mil 967 personas han sufrido detención arbitraria con el objetivo de interrumpir su defensa de los derechos humanos y 228 han sido ejecutados, se señala en el 7 Informe “Defender los Derechos Humanos en México: El Sexenio de la Impunidad, Junio de 2017 a mayo de 2018″.

El reporte documenta casos en los que las víctimas son defensoras de derechos humanos y el “perpetrador” es, por “comisión, omisión o aquiescencia” el Estado mexicano.


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