Niegan a activista mexicano participar en foro internacional

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

PATRICIA CARRASCO /EM

México debe asegurar los derechos de asociación, reunión, protesta y libertad de expresión del activista Alejandro Cerezo Contreras, por todos los medios disponibles, incluidas las gestiones diplomáticas, especialmente en casos reconocidos de criminalización de la defensa, como es el del Comité Cerezo México.

Así lo señalaron decenas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Article 19 Mx; CDH Vitoria; Centro Prodh; CEPAD; Cencos; CAUSA; Marabunta; Propuesta Cívica; Serapaz; Red TDT; Resonar entre otras, al señalar que el Estado mexicano enmudece ante los agravios que recibe un defensor mexicano.

El defensor de derechos humanos mexicano Alejandro Cerezo Contreras fue detenido y deportado el pasado primero de octubre por agentes migratorios panameños, durante su escala rumbo a la ciudad de Asunción en Paraguay, donde iba a presentar una ponencia en el marco del “III Seminario Internacional Mecanismos de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo” a celebrase el día miércoles 3 y 4 de octubre de 2018.

En un pronunciamiento, firmado por ONG´s que destaca que el Estado está obligado a garantizar la integridad física y psicológica del defensor, su familia y su organización.

Según la declaración de las personas defensoras de derechos humanos, es labor de las y los defensores impulsar el más alto estándar de derechos a nivel local, nacional e internacional.

Esta es la segunda ocasión en la que el defensor es impedido de ejercer su defensa de derechos a nivel internacional lo que evidencia que la inacción diplomática del Estado mexicano es un llamado a la repetición.

Negar la participación del defensor en el foro internacional al que fue invitado es una violación al derecho de defender derechos humanos y sus derechos asociados como el derecho a la libertad de asociación, protesta y de libertad de expresión.

El estado mexicano debe borrar la información referente a los antecedentes penales de Alejandro, toda vez que existe una sentencia de amparo que determina su inocencia.

Esta omisión ha provocado la existencia de atropellos para realizar su labor de defensa de derechos humanos, lo cual no es permisible dentro de un Estado de Derecho.

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