Reportan tres ONG 12 ejecuciones extrajudiciales de activistas de junio de 2017 a mayo de 2018

De acuerdo con el documento Defender los derechos humanos en México: el sexenio de la impunidad, la entidad es primer lugar nacional en este tipo de casos. Destaca 21 detenciones arbitrarias, y 30 defensores u organizaciones de derechos humanos amenazadas, hostigadas y criminalizadas

Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Acapulco, Guerrero, 6 de octubre de 2018. Doce personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial en Guerrero, de acuerdo con el documento Defender los derechos humanos en México: el sexenio de la impunidad, informe junio 2017 a mayo de 2018.

El estado ocupa el primer lugar nacional en este crimen. También destacan las 21 detenciones arbitrarias perpetradas en el mismo periodo.

Además 30 personas defensoras u organizaciones de derechos humanos fueron amenazadas, hostigadas y criminalizadas.

El informe Defender los derechos humanos en México: el sexenio de la impunidad. Informe junio 2017 a mayo de 2018 fue dado a conocer el pasado 21 de agosto por las organizaciones no gubernamentales: Acción Urgente para la Defensa de Derechos Humanos (Acuddeh), Comité Cerezo México y Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

De acuerdo con el documento, 67 personas defensoras fueron ejecutadas extrajudicialmente durante el sexenio de Felipe Calderón, cifra muy inferior a las 161 registradas en el aún inconcluso sexenio de Enrique Peña Nieto, de las cuales 38 son de junio de 2017 a mayo de 2018.

Guerrero aparece en el primer lugar en el informe con 12 víctimas, desplazando a Oaxaca a segundo lugar con 7, estado que había encabezado los dos informes pasados.

En el documento se detalla que “la labor más difícil en la documentación de las ejecuciones extrajudiciales es la de poder determinar al perpetrador, no obstante en los casos que se presentan en este informe, la documentación por contexto nos indica que esta violación a los derechos humanos tuvo, claramente, motivos políticos. Asimismo, pese a que en muchas ocasiones no queda claro quién es el perpetrador, lo que sí es claro es que los perpetradores tienen una relación con el Estado, en tanto que las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos afectaban, con su trabajo, los intereses del Estado.”

La primera víctima de Guerrero que aparece en la lista es el abogado y líder de Morena, Eduardo Catarino Dircio, ejecutado por policías estatales dentro de su casa el 4 de junio de 2017.

Las cuatro siguientes víctimas son el ex dirigente del PRD e integrante de la Coordinadora Estatal Pro Amlo, Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y un chofer, quienes fueron ejecutados y sus cuerpos se encontraron dentro de una camioneta quemada localizada en los límites de Ahuacuotzingo y Chilapa el pasado 14 de octubre.

Los trabajadores de la minera Media Luna asesinados el 20 de noviembre, los hermanos Marcelino y Víctor Sahuanitla Peña, son los que siguen en la lista. Dichas ejecuciones se dieron en el contexto del paro laboral, en el cual participaban, iniciado el 3 de noviembre con la demanda del cambio de la titularidad de su contrato colectivo de trabajo que tiene la CTM al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).

La siguiente víctima enlistada es la periodista Leslie Ann Pamela Montenegro Del Real, quien fue ejecutada en Acapulco el 5 de enero de este año.

También están en la lista los tres integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Feliciano Ascencio Sierra, Cresenciano Everardo Lorezno y Alexis Santos Castillo, quienes fueron asesinados durante el enfrentamiento entre la Policía Comunitaria y fuerzas federales y estatales.

La última ejecución extrajudicial registrada es la de Quintín Salgado Salgado el 24 de enero, quien era dirigente de la protesta de los trabajadores de la minera Media Luna.

En cuanto a las 21 detenciones arbitrarias por las que Guerrero se ubica en séptimo lugar, 12 corresponden a integrantes del Cecop por los mismos hechos en los que ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales, entre ellos al vocero de la organización, Marco Antonio Suástegui Muñoz y su hermano, Vicente Suástegui Muñoz, y nueve integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), detenidos entre el 13 y 21 de septiembre del 2017.

En todo el país 348 víctimas están registradas por este crimen, la cifra más alta desde el 2012.

Respecto a las otras violaciones de derechos humanos, el documento señala que son 30 actos violatorios, de un total de 358 en todo México, el hostigamiento en contra del periodista Ezequiel Flores Contreras, la criminalización al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otros casos.

Asimismo, no existen registros de casos de desaparición forzada en Guerrero durante el último año. Sin embargo, el informe resalta que en el estado hay 75 casos, de un total de 165 en todo el país, documentados desde diciembre de 2006 a mayo de 2018, por lo que nuevamente es primer lugar.

Las organizaciones participantes explican que “el costo político de la desaparición forzada de los 43 normalistas logró que, en los años posteriores, la desaparición forzada en contra de personas defensoras de los derechos humanos, disminuyera. Aunque cabe destacar, que la política de ejecución extrajudicial en contra de personas defensoras de los derechos humanos aumentó. Es decir, que los perpetradores, en la mayoría de los casos, optaron más por ejecutar de manera extrajudicial a las víctimas que mantenerlas en calidad de víctimas de desaparición forzada”

El trabajo especifica que los datos que presentan son de personas defensoras de derechos humanos u organizaciones sociales, quienes son las víctimas, y el perpetrador “por comisión, omisión o aquiescencia” es el Estado mexicano. La violación a los derechos humanos debe de ser consecuencia de la denuncia política o defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima.

Éste es el tercer informe con el mismo propósito, cuyas fuentes son los medios masivos y alternativos de comunicación, páginas electrónicas, declaraciones públicas de funcionarios del Estado, conferencias de prensa y declaraciones de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, acciones urgentes nacionales e internacionales e información directa de familiares y la víctima.