Una larga deuda: 5527 agresiones contra activistas y periodistas y el sexenio aún no concluye

28 de agosto de 2018

Protestas y detenciones arbitrarias masivas así como múltiples violaciones a derechos humanos fueron el telón de fondo en la toma de protesta de EPN como presidente del país, un preámbulo de lo que significaron los siguientes 6 años para quienes defienden derechos humanos o se dedican al periodismo, aunque ello en realidad no era nuevo, sino sólo un recrudecimiento de la herencia que dejaba Felipe Calderón.

Durante el gobierno de EPN se han registrado 5527 agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas; tan sólo en el período de junio de 2017 a mayo de este año la cifra alcanza 949 casos, según recoge el informe “Defender los Derechos Humanos en México: El Sexenio de la Impunidad”, elaborado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), Comité Cerezo y la Campaña contra la Desaparición Forzada y que presentaron el pasado 21 de agosto.

De acuerdo con estas organizaciones, el mayor número de casos que registraron están relacionados con la oposición contra la implantación de las “reformas estructurales”, particularmente personas que defienden el derecho a la educación fueron las más agredidas (224 casos), en segundo lugar fueron activistas y personas que se manifestaron en calles; es decir, quienes ejercieron derecho humano a la protesta (219 casos).

En la presentación de este informe, el séptimo que realizan las organizaciones, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, llamó la atención sobre la impunidad que prevalece en estos casos y alertó de que el mensaje que emite esta situación es que “sale gratis” atacar defensores de derechos humanos.

En su turno, Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, explicó la metodologìa del informe al señalar que las cifras son resultado del monitoreo de la información que aparece en medios de comunicación así como las denuncias que realizan organizaciones y colectivos, y sólo en algunas ocasiones, comunicaciones directas con las familias o con las propias víctimas. Por tanto, acota Cerezo, es posible que existan más casos pero al no ser denunciados públicamente por las víctimas o sus familias no hubo forma de que fueran registrados.

Así mismo, Cerezo resaltó que en este sexenio la represión mayor se dio en los estados de Michoacán, Guerrero y Chiapas, estados que si bien padecen altas tasas de pobreza también tienen una larga historia de organización para defender sus derechos humanos así como experiencia en documentar las agresiones que sufren.

Del período de junio de 2012 a mayo de 2018, el año 2016 es el que mayor casos de agresiones a personas defensoras registra y de esas, Oaxaca con el magisterio opositor a la reforma educativa es paradigmático, pues sufrieron 175 ataques; eso significa el 61% de todos los casos de 2014 a 2018 en dicho estado.

La conmoción inicial que provocó la represión contra jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la posterior indignación por la desaparición forzada de 43 de sus estudiantes además de la ejecución extrajudicial de 3 civiles y de 4 normalistas, uno de ellos, Julio César Mondragón Fontes fue antes de morir brutalmente torturado, provocó sendas movilizaciones a nivel mundial y una visibilidad mediática como pocos casos.

Ayotzinapa significó también un punto de quiebre para el Estado Mexicano, pues a partir de ese caso, el desaparecer forzadamente a defensores o periodistas le implicó al gobierno un alto costo político como para convertirla en una práctica generalizada, por lo que sólo se utilizó de forma selectiva contra líderes o fundadores de movimientos indígenas, sociales o derechos humanos, con lo que las cifras de casos son menores; sin embargo, esto tuvo un contrapunto, el gobierno mexicano utilizó la ejecución extrajudicial para acallar a las voces disidentes, explican en el informe. En los dos últimos años está práctica se extendió y alcanzó a los estados del norte como Baja California o Sonora, donde emergieron nuevos defensores a partir de la movilización que emprendieron familiares y colectivos de víctimas de la guerra de Calderón, líderes que fueron callados como Nepomuceno Moreno.

Con todo, es de resaltar que los casos por desaparición forzada fueron el doble que en el anterior sexenio.

Por último, las detenciones arbitrarias y la criminalización es otra forma de agresión que sufren líderes sociales, activistas y en general las personas que defienden derechos humanos. En el informe señalan que “la documentación de los casos de personas presas por motivos políticos que hemos realizado en los últimos 16 años, y la elaboración de ocho informes nos permiten afirmar que los casos de prisión por motivos políticos en México no son hechos inconexos o aislados, […], sino que responden, en su inmensa mayoría, y forman parte de un mecanismo de la estrategia de represión política del Estado mexicano para limitar, desarticular y/o destruir, en la práctica, el derecho humano a la protesta.”

Ante este panorama, el planteamiento de lograr la pacificación y la reconciliación nacional que propone el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no puede obviar el punto de la persecución penal y la criminalización que han sufrido activistas, personas que defienden derechos humanos y periodistas. En particular, el derecho a la protesta fue reprimido de forma masiva: 2013 en la Ciudad de México; 2015 en Guerrero contra quienes exigían la aparición de los 43 y el magisterio disidente que se opuso a la reforma educativa que también fue reprimido en Oaxaca; 2017 fue la oposición a los gasolinazos la que significó detenciones arbitrarias y procesos penales contra manifestantes en Baja California; 2017 y 2018 en los estados de Chiapas y Michoacán, nuevamente, en su mayoría por oponerse a la reforma educativa.

Sin embargo, es importante señalar que estas detenciones no son por la comisión de un delito sino una represalia por alzar la voz o por ejercer un derecho como la protesta, se les llama presos por motivos polìticos o presos de conciencia. Lo que proponen diversas organizaciones es que dentro de la reconciliación nacional se hace necesaria la amnistía para este tipo de casos, es decir, como facultad del presidente puede “borrar” los cargos que se levantan contra estas personas y por lo tanto obtener su libertad y eliminar los antecedentes penales de quienes ya han cumplido la sentencia y puedan trabajar o evitar ser detenidos por “reincidencia” o en su defecto eliminar los expedientes que continúan abiertos como una silenciosa amenaza de reactivar procesos penales que desgastan a familias y organizaciones y les obligan a dejar de manifestarse o apartarse de la defensa de derechos que realizan.

Durante el foro Los derechos de las víctimas y los retos en materia de derechos humanos del nuevo gobierno, organizaciones expresaron que “la paz [que propone AMLO], no puede construirse, mucho menos iniciarse hasta que ninguna persona esté encarcelada, criminalizada o judicializada por su lucha en favor de la democracia para la mayoría y no sólo para, como ahora se le llama, la mafia del poder.”

Aseguraron que la propuesta de Ley de Amnistía se ha aplicado en otros momentos del país. En 1976, Luis Echeverría amnistió a líderes y participantes del 68, López Portillo hizo lo mismo para integrantes de grupos insurgentes y sobrevivientes de la guerra sucia. El más reciente fue a nivel local, decretada por el actual jefe de gobierno, Ramón Amieva, para “participaron en manifestaciones entre el primero de diciembre de 2012 y el primero de diciembre de 2015– favorezca a cerca de 510 personas que hoy en día están acusadas por delitos como ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín y sabotaje, entre otros.”, según informó La Jornada.

Sin embargo, su propuesta también tiene límites, pues explicaron que la amnistía que solicitan “no es para quienes han violado derechos humanos y han cometido crímenes de lesa humanidad. Impulsamos una amnistía para los presos políticos, de conciencia e injustamente asociados a motivos políticos, no para el Estado.”

Como puntualizó Fernando de los Ríos, Secretario Ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, las y los defensores de derechos humanos son atacados a pesar de que sólo buscan que la vida se mantenga en sus comunidades, ellas y ellos son un ícono de la sociedad que se encuentra desprotegida ante la violencia pero que se moviliza, que lucha y que sigue defendiendo sus derechos aunque se vea arrasada.

Créditos:

Análisis: Daniel Gómez | Texto: Gisela Martínez