Foro: Los derechos de las víctimas y los retos en materia de derechos humanos del nuevo gobierno

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%
CDMX a 27 de agosto de 2018

Buenos días, primero que nada agradecer a quiénes nos acompañan, en la mesa para compartir y tal vez, por qué no, discutir sus ideas; agradezco también a quienes están presentes y sabemos hicieron un gran esfuerzo para estar acá, también a todos aquellos que en al s redes sociales nos siguen.

Voy a leer de manera modificada para este foro, la carta que emitimos el 18 de julio que está dirigida al el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, carta que ya han firmado más de 160 organizaciones de DH y sociales mexicanas y de otras partes de mundo, así como más de 500 firmas individuales de personas de nuestro país y del extranjero que están respaldando la carta mencionada.

La carta tiene tres peticiones que trataremos de no sólo mencionar, sino tratar de explicar de manera clara para seguir sumando firmas, pero fundamentalmente para que sean discutidas y seguramente mejoradas, con la esperanza no sólo de clarificar los conceptos sino de que seamos escuchados por el futuro gobierno.

Si bien es ahora moda hablar del concepto de justicia transicional, nosotros no discutiremos su pertinencia ya que no es este el espacio, pero lo mencionamos debido a que es importante que estudiemos sus supuestas bondades y sus demasiadas maldades, llámese como se llame a este proceso de pacificación y democracia que se está planificando desde el futuro nuevo gobierno, estamos convencidos que dicho proceso debe incluir tres aspectos indispensables para iniciar en México un proceso real y efectivo que garantice los derechos humanos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, considerando la justicia, la verdad, la memoria y la reparación integral.

Estas tres exigencias son:
1. Una Ley de Amnistía Federal
2. Comisiones de la verdad
3. Ley General de protección a personas defensoras y periodistas

Iremos de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, comenzamos con la exigencia de una

LEY DE AMNISTÍA FEDERAL

Esta exigencia hacia el Gobierno no es nueva y tampoco surge de la nada, ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado interés en proponer una cuya finalidad sea la reconciliación nacional y la paz, y esta segunda, la Paz, no puede construirse, mucho menos iniciarse hasta que ninguna persona este encarcelada, criminalizada o judicializada por su lucha en favor de la democracia para la mayoría y no sólo para, como ahora se le llama, la mafia del poder.

En México existen presos políticos y de conciencia, resultado de la política represiva de los gobiernos neoliberales para acallar la disidencia política y la lucha por la justicia que ha abonado en mayor o menor medida a tener una mayor democracia en México, si como se ha declarado, el Neoliberalismo terminó, también deben con este terminar la fabricación de delitos y la tortura, las detenciones arbitrarias (aproximadamente 4000, de las cuales 3000 fueron con Este gobierno actual de Peña Nieto) la prisión injusta en contra de más de 350 luchadores sociales que actualmente continúan en prisión.

Esta exigencia tampoco se hace a destiempo, por aquellos reclamos que nos hacen de que nos esperemos hasta que tome posesión el próximo Presidente, se ha realizado, por lo menos desde que empezamos a defender los DH, en el 2001, a los tres últimos gobiernos que hemos sufrido, para hacer un poco de memoria, esta demanda de una ley de amnistía la hemos exigido en los años 2002 y 2008 que más adelante detallaremos.

Estamos convencidos que la promulgación de una ley de amnistía representaría un acto de justicia fundamental, de congruencia con el discurso del presidente electo en materia de derechos humanos y que posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y como consecuencia la gobernabilidad.

Claro que no podemos dejar de mencionar que esta amnistía es para todos los presos y perseguidos políticos y de conciencia del país y que también su límite es que no puede beneficiar a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos, es decir, a ningún agente de Estado.

Como siempre lo hemos dicho la promulgación de una Ley de amnistía no tiene traba legal alguno, es un problema esencialmente humano, y medirá, en última instancia, la voluntad política y el grado de humanismo de quienes ya se preparan para gobernar nuestro país.

Pero, ¿Qué es amnistía? No faltarán las voces de la mafia del poder que digan que no se puede perdonar a los delincuentes, tampoco los que desde la izquierda digan que no quieren perdón del Estado que los ha metido presos y de una justicia que siempre ha sido injusta. Lo primero que debemos tener claro es que la Amnistía NO es perdón, esa figura jurídica se llama Indulto y es el Presidente quién la emite como un acto jurídico político.

La amnistía, del griego amnesia, no tiene nada que ver con el perdón, sino con el olvido, la amnistía por tanto es una herramienta jurídico política que causa la extinción de la responsabilidad penal. Es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por lo que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva.

Beneficios de la Amnistía:

1. El preso queda libre sin tener que reconocer los delitos que no cometió, aunque haya ocasiones en que cometió delitos del orden político, por ejemplo los presos que pertenecen a un grupo armado.
2. Las ordenes de aprehensión que existen y que no se han ejecutado se eliminan, es decir, ya no hay perseguidos políticos, y los presuntos responsables pueden regresar a sus hogares y ya no andar huyendo o maniatados con órdenes de aprehensión a ejecutarse de acuerdo al clima político. ¿Cuántos luchadores sociales existen que, aunque están fuera de la cárcel, están semi inmovilizados por órdenes de aprehensión o con carpetas de investigación durmiendo, esperando el momento político adverso a la lucha social para despertar y encerrar a los luchadores sociales?
3. Y todos aquellos que fueron presos y están libres bajo caución o libres con restricciones como renunciar al derecho humano a la protesta, y aquellos que ya cumplieron su injusta condena y viven con antecedentes penales, les es borrado su “record criminal” legalmente, es decir no tiene antecedentes penales que agraven una posible próxima detención o que por lo menos no le impidan tener un trabajo.
Ya ha habido otras amnistías en el pasado, fundamentalmente para exactamente lo mismo, para la reconciliación y la paz, lo que nunca hicieron fue modificar la esencia, el origen de la lucha por la democracia, que es la injusticia y por tanto sigue siendo necesario emitir otra más.

En 1976 La Amnistía decretada con Luis Echeverría, benefició a 230 activistas, la mayoría universitarios víctimas de la represión de 1968, en 1978 en el gobierno de López Portillo e inicio la “Apertura democrática” no por magnanimidad, sino producto de la lucha popular mayor democracia, no quiere decir que sea entonces buena voluntad. Del gobierno en turno, sino simple valoración política para aplacar el descontento social, para alejar a quienes pensaban que lo electoral aún era la vía válida para democratizar el país de quienes ya habían tomado las armas, con esta estrategia dividir a la izquierda y derrotar a la parte más belicosa.

Y se logró, en 1976, durante el gobierno de López Portillo se decreta otra amnistía que beneficia a otros mil 539 activistas, la mayoría en este caso ligados a los grupos insurgentes ya derrotados y a muchos sobrevivientes de la guerra sucia, pero que contribuyeron a la “apertura democrática”, si esa que dará origen a lo que hoy conocemos como MORENA, claro que después de cambiar de nombre PCM, PSUM, PRD.

A nivel local en el 2001 se decretó una Ley de amnistía que permitió la libertad de todos los presos indígenas Loxichas acusados de ser parte del EPR y que habían sido sentenciados con delitos del fuero común, gracias a la lucha de las organizaciones sociales por la libertad, tampoco por buena voluntad o magnanimidad de quienes gobiernan. Y en el 2003 en Guerrero, René Juárez, emitió una que, debido a la debilidad y protagonismo de quiénes la impulsaban, sólo benefició a tres personas y es una muestra clara que las Amnistías son salidas jurídico-políticas del Gobierno que si no se acompañan hasta el final del plato a la boca se cae la sopa y puede ser sólo una medida para que nadie o casi nadie quede libre.

En abril del 2002 ya nos tocaría sumarnos a este esfuerzo perenne por la libertad de llamarémoslos “Luchadores por la democracia” donde con otras organizaciones coordinamos una huelga de hambre de 87 presos en el país y apoyamos en el cabildeo y en el plantón mayoritariamente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas-OPIZ (que defendía a los presos Loxicha acusados del fuero federal y cuyo último preso salió el año pasado) en la Cámara de Diputados. Nuevamente en septiembre de ese año estuvimos en plantón por esa Ley, si bien no se logró la amnistía, la presión política generaba que el Estado “atendiera” los casos por separado y diera libertad a los casos menos difíciles, políticamente hablando, para desgastar y desarticular la lucha por la amnistía, pero que al final permitía la libertad no de todos, pero sí de algunos presos.

La última vez que participamos en un esfuerzo unitario por una amnistía, antes de este nuevo intento, fue en septiembre de 2008, en la cámara de diputados, en un foro realizado para este fin decíamos, con una suerte para atinarle a los que hemos vivido a partir de ese año:

“No se trata, únicamente, de una batalla jurídica para lograr las leyes de amnistía, sino de una exigencia al Estado mexicano de dar término a una serie de injusticias y violaciones a los derechos humanos que ya ha cometido, que está cometiendo y que, de seguir el deterioro político de nuestro país, incrementarán.” Y plateábamos dos salidas hace ya 10 años.

“La primera pasa necesariamente por la aprobación de la ley de amnistía federal, como punto inicial, que distienda el descontento social, que permita recomponer el tejido social dañado por la injusticia del Estado mexicano y un punto y seguido para la implementación de políticas tendientes a respetar los derechos humanos en nuestro país y mejorar las condiciones de vida de la población;” y que efectivamente no sucedió, por tanto la segunda salida fue la que prevaleció.

“La segunda, que justificando la lucha contra la delincuencia organizada, se niegue la amnistía; se continúe con la desaparición forzada; se permitan las reformas para la policía sin rostro; la aprobación del cateo por cualquier medio, no sólo escrito; la creación de una policía militarizada; la tortura indiscriminada de los detenidos incluyendo la sexual y la cadena perpetua en contra de la disidencia social como en el caso de los detenidos en Atenco y los defensores de derechos humanos.” Si bien no hay jueces sin rostro, nos quedamos cortos ante el terror que hemos vivido en estos 10 últimos años, pero que era claro que los dos caminos estaban planteados, igual que hoy, ley de amnistía o el regreso del nuevo-neoliberalismo, para que suene ya conocido.

Y terminábamos en esos años diciendo lo mismo que ya dijimos arriba

“[…] la amnistía no tiene trabas legales, éste es un problema esencialmente humano, y medirá, en última instancia, la voluntad política y el grado de humanismo de los responsables de que hoy estemos aquí, exigiendo el respeto a nuestros derechos humanos y de los que no pueden estar debido a que se encuentran sufriendo dentro de prisión, a salto de mata o” abundamos ahora, en el exilio.
En diciembre de 2008 también tratábamos de aclarar un punto que es necesario hacer también ahora: […] la amnistía no es para quienes han violado derechos humanos y han cometido crímenes de lesa humanidad. Impulsamos una amnistía para los presos políticos, de conciencia e injustamente asociados a motivos políticos, no para el Estado.”

COMISIONES DE LA VERDAD

Nuestro segundo punto, petición o exigencia al nuevo gobierno que llega con el respaldo de más de 30 millones de votos y que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado interés en crear, es la Comisión de la Verdad, con la finalidad de esclarecer los hechos que han acontecido y lastimado a la sociedad mexicana en aras de la reconciliación nacional y la paz. Comprometiéndose a integrar una Comisión de la Verdad para el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero queremos ir un poco más allá y plantear que esta u otras comisiones de la verdad son necesarias, debido a que los gobiernos neoliberales han sido los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población como lo muestran las miles de víctimas de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial a nivel nacional.

En México es necesario tener una comisión específica que determine la Verdad de los que pasó con cientos de personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales víctimas de desaparición forzada, de la ejecución extrajudicial y de amenazas de muerte y espionaje ilegal, personas como cualquiera de nosotros que también han contribuido a la democratización del país, incluso algunas de las víctimas también militaban en MORENA y pagaron con sus vidas el triunfo ahora festejado. (228 ejecutados de manera extrajudicial y 165 víctimas de la desaparición forzada que hemos documentado desde 2006, así como cientos de amenazas de muerte y agresiones físicas)

Por tanto, una de las condiciones para construir la democracia y mantener la legitimidad es que no haya cabida en el gobierno para políticas que generen de manera sistemática y generalizada graves violaciones a los derechos humanos como sí lo ha sido en los gobiernos neoliberales.

La Paz y la reconciliación nacional es imposible o es una farsa si no podemos no sólo hablar, sino hacer realidad los derechos humanos de las víctimas: verdad, justicia, memoria, reparación integral y dentro de estas últimas, las medidas de no repetición si no se esclarecen los hechos, es decir, si no se conoce el paradero de las víctimas de desaparición forzada y los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, paso indispensable para iniciar el proceso urgente de justicia.

Ahora bien, las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en determinado lapso de tiempo lo que incluye no sólo garantizar el derecho humano a la verdad de las víctimas sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como las personas o grupos que se vieron beneficiados por éstas.

Por ello es necesario:
Comisión de la verdad que tenga como objetivos:
1. Investigar y esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales que han sido víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte desde el año 2000 hasta noviembre del 2018.
2. Establecer antecedentes, patrones, circunstancias, sistematicidad y contexto respecto a las graves violaciones a los derechos humanos.
3. Establecer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada que por su actividad política son víctimas.
4. Establecer qué políticas de Estado y quienes fueron los perpetradores de las graves violaciones a derechos humanos
5. Recomendar las medidas de reparación integral del daño de las víctimas
6. Recomendar las medidas legales y administrativas para garantizar las medidas de no repetición.

Comisión de la verdad que tenga como objetivos:
1. Investigar y esclarecer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada desde el 2006 hasta noviembre del 2018
2. Establecer antecedentes, patrones, circunstancias, contexto y develar sistematicidad y generalidad en las desapariciones forzadas.
3. Establecer qué políticas de Estado y quienes fueron los perpetradores de las desapariciones forzadas.
4. Recomendar las medidas de reparación integral del daño de las víctimas
5. Recomendar las medidas legales y administrativas para garantizar las medidas de no repetición.

Las dos comisiones de la verdad tienen que contar con diversas áreas de trabajo. De primera instancia, incluir la participación de expertos nacionales e internacionales en derechos humanos, movimientos populares y el tema de la represión política, organizaciones de derechos humanos, personalidades de amplia trayectoria y periodistas honestos.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS

Por último, pero no menos importante es que ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha mostrado preocupación por diversos temas de derechos humanos que permitirían una reconciliación nacional y la paz y haciendo un ejercicio de memoria debemos decir que en el año 2012, escribimos un borrador de lo que hoy conocemos como la Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos, que con la invaluable participación conjunta de otras organizaciones de derechos humanos en el cabildeo, logramos su aprobación el 25 de junio de ese mismo año, de la Ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que daría vida al Mecanismo Federal de protección a defensores y periodistas que hoy existe y que, lamentablemente, que deja mucho que desear en la protección a quienes han sido víctimas de la violencia estatal por su labor de defensa de los derechos humanos en México.

Siempre que el gobierno hace mal las cosas, están efectivamente mal y muchas veces cuando lo hace bien, también lo hace mal. Así la existencia de la Ley y el mecanismo de protección a defensores y periodistas, carece de una política integral a nivel nacional que permita el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y protección a personas defensoras de derechos humanos.

Lo que estamos exigiendo hoy es una Ley GENERAL de protección a personas defensoras y periodistas, una Ley que debe expresar y solucionar las carencias de la actual ley además de cumplir las siguientes obligaciones que como Estado tiene ante las instancias internacionales, pero ante todo las obligaciones de un gobierno democrático:

1. Respetar, proteger y garantizar el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; prevenir delitos y violaciones de derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas debidas a su labor;
2. Proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuando se encuentran frente a una situación de riesgo debido a su labor;
3. Investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores materiales, autores intelectuales de los delitos y violaciones derechos humanos, así como a los beneficiarios de las mismas,
4. Garantizar la Reparación Integral,
a) y generar las Garantías de No Repetición

Con la promulgación de esta ley general se tiene la oportunidad de solventar diferentes problemáticas existentes como son las siguientes:
• La adecuada armonización entre los estándares internacionales de políticas públicas integrales de protección y el marco nacional.
• La carente coordinación y cooperación entre la federación, entidades federativas y municipios.
• La carente coordinación y cooperación entre el Mecanismo y diferentes instituciones federales y nacionales como la PGR, la CEAV y la CNDH
• La inexistencia de la investigación en la actual ley federal de protección.
• Las insuficiencias en materia de reparación y garantías de no repetición.
Para terminar con este largo documento de peticiones, no solo razonables y posibles en un gobierno cuyo lema es “Primero los pobres” queremos cerrar pidiendo también al nuevo gobierno que reciba a una comisión para sostener una reunión que aclare las dudas que este escrito pueda generar.

Comité Cerezo México

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