La violencia contra dirigentes sociales se tornó selectiva

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Por Arturo Rodríguez García , 25 agosto, 2018 La Transición, Presidente 2018

El informe anual de las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada documenta que el sexenio de Peña Nieto, en particular el año 2017, ha sido el más mortal de lo que va del siglo XXI para líderes, coordinadores o fundadores de diversos movimientos sociales, indígenas y de derechos humanos que se opusieron a proyectos de gobierno, como las reformas estructurales.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La aplicación de las llamadas reformas estructurales que el presidente Enrique Peña Nieto considera su legado está acompañada de un registro inusitado de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y agresiones contra quienes se opusieron a los proyectos presidenciales.

De los tres últimos sexenios, el actual ha sido el más violento para dirigentes sociales o para quienes ejercían su derecho fundamental de protesta. Por ejemplo: mientras en la administración de Felipe Calderón se registraron 67 “ejecuciones extrajudiciales” de líderes sociales, en lo que va de la de Peña Nieto hasta mayo pasado fueron contabilizados 161 homicidios de ese tipo.

Cada año las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada integran un informe en el que documentan asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y otras agresiones contra defensores de derechos humanos o ciudadanos que los ejercían.

En esta edición su conclusión es que la violencia dejó de ser masiva para convertirse en selectiva, configurando una política represiva que ha dejado un registro de víctimas que va en ascenso desde 2006, destacando 2017 como el más violento de este siglo en materia de asesinatos en este contexto.

Los datos del informe Defender los derechos humanos en México: El Sexenio de la Impunidad, que contiene fechas, nombres y lugares, apuntan a que las agresiones perpetradas por presuntos grupos criminales se cometieron, incluso, en un contexto de trabajo derechohumanista incómodo al poder político o económico.

Si bien existe un alto registro de casos perpetrados por agentes de los diferentes órdenes de gobierno, los autores del informe consideran, basados en criterios garantistas internacionales, que el Estado mexicano también es responsable por aquiescencia en las situaciones en las cuales el agresor fue un grupo paramilitar o no ha sido identificado.

El reporte destaca que los datos expuestos correspondientes al periodo diciembre de 2006-mayo de 2018 “reflejan la magnitud de gravedad” de oponerse al poder: en dos sexenios 3 mil 967 personas fueron detenidas de manera arbitraria mientras defendían algún derecho humano –con un creciente registro de señalamientos de tortura– y 228 defensores fueron asesinados; todos esos casos son considerados por el Comité Cerezo como ejecuciones extrajudiciales.

Además, en el referido periodo se reportó la desaparición de 165 personas, siendo 2014 el año con más casos porque tomó en cuenta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En su balance global, el informe expone la existencia de una relación entre las víctimas de homicidio, desaparición y prisión, principalmente, con la implementación de las reformas estructurales.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2182, ya en circulación).

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