Comité Cerezo México
La impunidad, pase libre para agredir a defensores de derechos humanos en México
La situación de los defensores de derechos humanos en México encierra una terrible paradoja: el Estado mexicano no solo no cumple con sus obligaciones de proteger, sino que comete graves violaciones a derechos humanos a quien denuncia su política de derechos humanos.
Así explica el padre Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria OP, lo que ha sido la marca del sexenio de Enrique Peña Nieto para los defensores de derechos humanos: la impunidad.
El informe Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad –realizado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada– ofrece un terrible panorama para los defensores, que van desde sufrir amenazas, ataques físicos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales.
Desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de mayo de este año, se han documentado mil 743 actos violatorios de derechos humanos contra personas defensoras de los derechos humanos. Tan solo de enero a mayo de este año, el Estado mexicano fue partícipe –por comisión, omisión o consentimiento– de 223 detenciones arbitrarias, 90 violaciones a los derechos humanos de defensores, 19 ejecuciones extrajudiciales y 3 desapariciones forzadas.
Para el padre Miguel Concha, es alarmante la cifra de ejecuciones extrajudiciales contra defensores de derechos humanos, pues los perpetradores "optaron por ejecutarlos" antes de otras agresiones o amenazas.
De 2006 a la fecha, 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. -Informe.
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo durante la presentación del informe que el mensaje que envía el gobierno mexicano es que "amenazar a defensores sale gratis, es una garantía de repetición".
Las organizaciones señalan que de junio de 2017 a mayo de 2018, las ejecuciones extrajudiciales se han recrudecido contra los periodistas, aunque los defensores de los derechos indígenas, de la tierra y el territorio, así como los defensores de un ambiente sano también han sido el blanco de ejecuciones extrajudiciales. Tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 45 periodistas han sido asesinados por su labor informativa, de acuerdo con la organización Artículo 19.
El año pasado, considerado el más sangriento a nivel global en ataques a defensores ambientales, 15 defensores fueron asesinados en nuestro país, de acuerdo con un informe de Global Witness.
"Las víctimas, defendiendo uno o varios derechos humanos, lograron evidenciar el vínculo y los intereses que unen al Estado con la delincuencia organizada y con las empresas que impulsaron los megaproyectos", refiere el informe. En este sentido, el padre Miguel Concha Malo dijo que el Estado mexicano comete violaciones a derechos humanos de defensores porque se interfieren en su camino, guiado por sus propios intereses económicos.
La política de represión por parte del Estado mexicano se ve reflejada en las detenciones arbitrarias. De 2006 a mayo de 2018, 3,967 personas fueron detenidas de manera arbitraria con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta, reportaron las organizaciones. Los estados que más detenciones arbitrarias registran en el último año son Michoacán (180), Chiapas (142) y Oaxaca (56).
De acuerdo con el informe, las violaciones a los derechos humanos se han intensificado contra maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que han protestado contra la reforma educativa que implementó el presidente Enrique Peña Nieto y que presuntamente será abolida en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Además, de junio de 2017 a mayo de 2018, aumentó el número de personas que alegaron haber sido víctima de tortura durante la detención arbitraria (41%). La cifra de tortura coincide con el diagnóstico del Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que en marzo de 2017 señaló que la tortura y los malos tratos era una práctica generalizada en nuestro país.
"Es la fotografía de un país en donde la promesa de un México en paz se desmorona", dijo Chasel Colorado, coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional. Para las organizaciones, el informe muestra "las tendencias del uso de las estrategias represivas por parte de los diferentes gobiernos (Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto)".
"Agresiones no accidentales", como les llama Jan Jarab, y que tienen repercusiones mucho más allá de la víctima o sus familiares. "Cuando un líder indígena es asesinado, no solo sufre él o su familia, sino toda la comunidad y toda la sociedad", dijo el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado.
Jan Jarab explicó que la respuesta del Estado en algunos casos ha sido la protección física de la persona –con escoltas, sacándola de la comunidad– sin garantizar el derecho a defender los derechos humanos. "En algunos casos son (medidas) necesarias, pero no pueden ser la única respuesta".
Recomendaciones para el próximo gobierno
Para Jan Jarab, lo primero que deberá hacer el gobierno de López Obrador será reconocer el problema, "si no se reconoce no se puede abordar". Además, el representante de la oficina del Alto Comisionado dijo que la próxima administración debe enviar un mensaje de que no es aceptable la agresión a defensores.
En entrevista con el HuffPost, Jan Jarab dijo que para cambiar la situación se necesita una voluntad política más clara. "Que el Estado fortalezca no solo el mecanismo de protección, sino políticas públicas que favorezcan los derechos humanos y que verdaderamente cambien la situación actual de impunidad, que se investiguen y castiguen las agresiones".
Para Jarab, el problema central de la impunidad es la procuración de justicia, no solo en agresiones contra defensores de derechos humanos, sino para muchos delitos graves. En el mismo sentido, el padre Concha Malo coincidió en que la impunidad es una invitación para cometer esos delitos. "Hay casos muy sonados que están en la opinión pública internacional, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y muchos casos".
"No solo el titular del Ejecutivo es responsable de muchas de esas violaciones, también lo son los gobernadores de los distintos estados, pero el jefe del Ejecutivo es el jefe del Estado mexicano y tiene que responder", dijo Miguel Concha Malo en entrevista con el HuffPost.
Aunque las organizaciones mostraron entusiasmo por el cambio de gobierno, Tanta Falconner, de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, hizo una advertencia: "Cuidado también con poner tanta expectativa en un gobierno o en un sola persona".
"Daño e impunidad por décadas", recordó Falconner a los asistentes.
La propuesta de las organizaciones contempla una Ley de Amnistía Federal a Presos Políticos –actualmente hay 348, según el informe–, Comisiones de la Verdad –como ha planteado el gobierno de López Obrador– y una Ley General de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Antes de la presentación del informe, Olympia González tocó su guitarra y cantó: "He decidido no callar, aunque no sirva de nada". Los defensores de derechos humanos en México deciden luchar y no callar, aunque a algunos les cueste la vida.
