Desapariciones forzadas en la CDMX, un secreto a voces

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 2%

Por: Nayeli Valencia

Marco Antonio “N”, de 17 años, tomó una fotografía a un mural afuera del Metro Rosario y dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública lo detuvieron. Nadie supo de su paradero hasta después de seis días, cuando llamaron a sus padres. El joven estaba golpeado, sin saber su nombre ni qué le pasó.

Se trata de uno de los dos casos de desaparición forzada más mediáticos en la Ciudad de México de los últimos años.

Sin embargo, datos del Censo Nacional de Derechos Humanos señalan que en 2016 desaparecieron de manera forzada 111 personas en el país y 23 de ellas en la CDMX.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que de 2014 a enero de 2018, en la capital del país existen sin localizar 743 personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero común y 54 relacionadas con investigaciones del fuero federal, donde se incluyen delitos como narcotráfico, contrabando, portación de armas, ataques a las vías de comunicación, entre otros.

En este último caso, la CDMX ocupa el cuarto lugar, sólo por debajo de estados como Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala en su Artículo II que “se entenderá por ‘desaparición forzada’, el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

En el caso de Marco Antonio fueron policías capitalinos quienes presuntamente cometieron el delito, incurriendo en múltiples violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, a ser reconocido como persona jurídica, a no ser sometido a tortura, a la integridad personal y a ser protegido por la ley.

A pesar de que el Estado mexicano forma parte de los tratados internacionales que buscan acabar con esta práctica, el delito sigue cometiéndose y la capital del país no está exenta.

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece la necesidad de que las autoridades hagan una investigación rápida, exhaustiva e imparcial.

“Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”, agrega.

No obstante, de acuerdo con un informe de la Comisión de Derechos Humanos del DF de 2009, el Estado mexicano se ha negado a reconocer la desaparición forzada de personas en todo el país y los casos se envían a la Procuraduría General de la República (PGR), donde se inician averiguaciones previas por delitos como la privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro. Con ello se pretende trivializar el tema, presentándolo como parte de la delincuencia común.

El Tío, el activista del que no hay rastro

Teodulfo Torres Soriano amarró su cabello en una coleta, se puso una gorra negra, una sudadera roja y salió a encontrarse con su amigo Juan Francisco Kuy Kendall, no sin antes asegurarse de guardar en su mochila su cámara de video, la que “llevaba a todas partes”.

Teodulfo, conocido por sus amigos como El Tío, y Kuy llegaron al Senado de la República y encontraron a los policías federales enfrentándose contra los manifestantes. Era 1 de diciembre de 2012, la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto.

El Tío no dudó en sacar su cámara, frente a ellos había una valla de policías federales, detrás varios inconformes; pero un grito lo detuvo. Su amigo estaba en el suelo, tenía una fractura de cráneo expuesta. Le dispararon.

“Muchos chavos corrieron para ayudarnos, pero los del Estado Mayor les empezaron a aventar balas de goma para que no se acercaran…le exigimos al Gobierno que se haga responsable de las medicinas y que le dé un trato médico justo porque ellos fueron los responsables de lo que le pasó”, dijo Torres Soriano en entrevista para un medio de comunicación.

Torres Soriano no dudó en poner una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con número de queja CNDH/2/2012/10338/Q. Él era testigo único de la agresión, pero cuatro días antes de comparecer “desapareció” y desde hace seis años nadie sabe de su paradero.

La hija de Kuy Kendall, Fernanda, también interpuso una demanda: “Se comprometió a presentar como testigo a Teodulfo, eso aparece en la declaración de ella y en acta”, menciona Adrián Ciriaco, de la organización Comité Monseñor Romero, quienes documentan el caso.

La familia de Teodulfo levantó una denuncia ante el Ministerio Público el 12 de abril de ese mismo año. Joaquín Torres, su padre, dijo a las autoridades que la última vez que lo vio fue el 23 de marzo de 2013.

“Lo vio pasar saliendo a su trabajo o a donde fuera, pero todavía hubo movimiento en su chat el 24 de marzo”, recuerda Ciriaco.

Para el defensor de derechos humanos no hay ningún otro motivo para que Teodulfo se fuera sin avisarles.

Aseveró que el caso de su amigo se trata de una desaparición forzada, pues hay un video de Teodulfo donde se observa que quienes agredieron a Kuy Kendall son policías federales; se ve cuando ellos disparan.

Sin su testimonio y con el video, la CNDH declaró “sin materia” la queja contra la Policía Federal. Fue la primera intervención de la dependencia. En la segunda “fue omisa de manera reiterada porque hay una queja por desaparición forzada, pero lo único que hace es pedirle información oficiosa a la gente del MP y el MP le manda cada una de las diligencias… hacen como que vigilan los derechos humanos y el MP hace como que está investigando”, señaló Adrián Ciriaco.

Reconoció que para el Ministerio Público Teodulfo Torres es sólo persona extraviada.

“A pesar de que se creó la Fiscalía de Desaparición Forzada no quieren reconocer que se trata de un caso de desaparición forzada, ellos le llaman privación de la libertad… pero la motivación es distinta, entonces ahí tenemos un problema”, expresó el activista.

A seis años de su desaparición, los amigos y los familiares de Torres Soriano siguen en su búsqueda. Por el momento su hermana, Mónica Torres, se retiró del caso porque la operaron de “una enfermedad un poco grave” y su padre murió hace 11 días sin saber el paradero de su hijo.

El caso Marco Antonio

Marco Antonio tiene 17 años y era estudiante de la Preparatoria 8, hasta que el 23 de enero presuntos policías de la Ciudad de México se lo llevaron después de tomar un fotografía a un mural en el metro El Rosario.

El joven estuvo desaparecido por cinco días. Su familia pidió ayuda y su caso fue mediático porque un testigo declaró que los agentes lo subieron a la patrulla. Después, nadie supo de su paradero.

A través de redes sociales los internautas compartieron su fotografía con la leyenda: “¿Dónde está?”.

Marco Antonio apareció el 28 de enero en el municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México. Estaba desorientado como resultado “de una situación externa”, según declararon autoridades en su momento. También presentaba escoriaciones en la cara y cuerpo, informó el procurador Edmundo Garrido.

Para atenderlo, las autoridades ingresaron al joven al Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor Juan N. Navarro. Los médicos mencionaron que la víctima padecía de discurso desorganizado, delirium mixto y problemas de conducta. Hasta el momento sigue en recuperación.

La Secretaría de Seguridad Pública detuvo a cuatro policías; sin embargo, están en libertad porque declararon que dejaron al joven en libertad minutos después de subirlo a la patrulla.

La Ley contra la Desaparición Forzada, ¿letra muerta?

En noviembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto celebraba la promulgación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Uno de los logros para las organizaciones, las víctimas y sus familiares fue la tipificación del delito basada en estándares internacionales. Asimismo establece que a partir de que entró en vigor el 18 de enero, la búsqueda de las personas se hará de manera inmediata, pero hay un inconveniente, según Zita Loyo, integrante del Comité Cerezo México, no habla de cuál es el protocolo a seguir.

La defensora de derechos humanos añadió que en la Comisión Nacional de Búsqueda no hay policías ministeriales capacitados, con asignación ministerial y que pudieran entrar a todo tipo de centros de probable detención sin importar si era de fuero civil o fuero militar: “No, el Estado dijo que no tenía recursos para eso”, señaló Loyo.

A pesar de que el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tuvo varias reuniones con las organizaciones defensoras de los derechos humanos antes de la promulgación de la ley y se comprometió a dar todos los recursos necesarios.

“Ya cuando nos sentamos a terminar de redactar la legislación con los representantes del Gobierno federal nos dijeron que no contaban con la capacidad ni humana ni económica para hacerlo”, añadió la activista de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México.

Loyo reiteró que todo lo relacionado con garantizar la seguridad de las familias, de los testigos protegidos, la reparación integral del daño y los derechos de las familias de las víctimas se basa en la Ley General de Víctimas y “desde que salió hasta la fecha no ha servido más que para revictimizar a las víctimas y a los familiares”.

Explicó que el problema de muchos casos es que no están tipificados como desaparición forzada sino como secuestro, privación ilegal de la libertad o están en una carpeta de no localización, tal es el caso de Teodulfo Torres.

“Lo que se tiene que hacer ahora es pelear en tribunales para que los casos que se sean rectificados correctamente como desaparición forzada, que la investigación se haga”, dijo la defensora.

En la CDMX, el Gobierno capitalino publicó el año pasado la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Particulares que prevé nuevas obligaciones para la administración local.

En un decreto publicado en la Gaceta Oficial informó que las disposiciones contenidas en dicha normatividad estarán vigentes a partir del 5 de diciembre de 2018 y establece la obligación del jefe de Gobierno a encabezar el proceso de reparación del daño, a las víctimas directas y/o indirectas.

Asimismo, “promover el desarrollo y la oportuna ejecución de acciones, programas y políticas públicas para prevenir este delito y castigar a los responsables”.

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