Antonio Cerezo: "En el 2017 hubo 48 ejecuciones de activistas en México"

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Antonio Cerezo: ’En el 2017 hubo 48 ejecuciones de activistas en México’ - JOSÉ MIGUEL CALVO

Mario Gracia, Espacio3
28/03/2018

–¿Qué fue les ocurrió a usted y a sus hermanos en el año 2001?

–Fue una detención arbitraria por parte del Ejército mexicano. Nos torturaron y encarcelaron en prisiones de alta seguridad, en las que no se respeta ningún derecho. Mi hermano pequeño, Alejandro, que era menor de edad, estuvo preso tres años y medio. Mi otro hermano, Héctor, y yo, siete y medio. Se nos acusaba formalmente de delincuencia organizada porque decían que nosotros habíamos puesto petardos en tres bancos de la ciudad de México. Pero aquello no se pudo probar, y se nos sentenció por vínculos ideológicos con lo que aquí se llamarían bandas terroristas.

–¿Se consideraron presos políticos?

–Sí, porque esos elementos que el juez encontró fueron libros que yo guardaba en mi casa. Entre ellos, uno sobre la historia del PSOE, que según la Policía Judicial era una lectura subversiva por tratarse de un partido socialista.

–¿El PSOE subversivo...? ¿Cuál era la verdadera razón?

–Pues que en México no hay justicia. Las autoridades judiciales dependen del Ejecutivo, y no les interesa castigar los delitos, sino la disidencia política. En ese momento, mis hermanos y yo nos dedicábamos al trabajo comunitario, sobre todo con pueblos indígenas del estado de Puebla, organizando cooperativas de café. Además, los tres estudiábamos en la universidad y participábamos, aunque de forma discreta y sin liderar, en las movilizaciones de estudiantes. Pero acabábamos de salir de una huelga universitaria de casi un año y había mucho activismo. Y nuestra detención tuvo mucho que ver con el intento de desarticular mediante el miedo al movimiento estudiantil. De hecho, cuando nos torturaban, nos preguntaban por compañeros para involucrarlos en el caso.

–Y 17 años después, siguen en la brecha.

–Sí. Fue a raíz de aquello que mis dos hermanos que quedaban libres y un grupo de amigos crearon el Comité Cerezo, una organización que se dedica a la documentación de casos de detenciones arbitrarias, presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y agresiones a defensores de los Derechos Humanos. Recopilamos datos que demuestran la participación de las autoridades del Estado en la comisión de violaciones de Derechos Humanos de sus defensores.

–¿Cuántos casos documentaron el año pasado?

–Hubo 48 ejecuciones extrajudiciales de activistas de Derechos Humanos, es decir, perpetradas por agentes del Estado al margen de todo procedimiento judicial, en un país donde no existe la pena de muerte. Entre ellos estuvo Humberto Moral, un niño de solo 13 años ejecutado por un grupo paramilitar en Chiapas. También hubo manteros, periodistas, activistas…

–¿Qué otro tipo de violaciones de los Derechos Humanos documentaron?

–En total constatamos más de 1.400 casos. Por ejemplo, detenciones y palizas en medio de las manifestaciones. También hubo encarcelamientos en esas protestas. Es un fenómeno generalizado pero el año pasado se concentraron en la capital y en Baja California, donde hubo movilizaciones por los precios del agua y la gasolina. En el 2016, por ejemplo, que hubo muchas movilizaciones en contra de la reforma educativa en Oaxaca, las detenciones se concentraron en ese Estado.

–Estas violaciones, ¿han ido en aumento con el Gobierno de Peña Nieto?

–Se han incrementado todas. Pero es un fenómeno que afecta a todos los niveles de la Administración, desde el municipal hasta el federal, pasando por el estatal. Cuando se trata de represión política, todas las fuerzas están coordinadas. Un claro ejemplo es el Caso Ayotzinapa, el de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala: los detuvo la policía municipal, el Ejército los sacó del hospital para que no se refugiasen ahí y se los entregaron a los paramilitares.

–¿Por qué el Estado no pone paz?

–Porque hay empresas interesadas en que se siga desarrollando el modelo económico implantado actualmente en México: petroleras, gasísticas, beneficiarias de la privatización del agua… La razón principal es económica.

–¿Todos los mexicanos están igual de expuestos a este peligro o depende de su etnia y su clase social?

–Según la estadística oficial, la mayoría de las desapariciones forzadas son de jóvenes de 18 a 25 años. Del mismo modo, la mayoría de los ejecutados son jóvenes. También los pueblos indígenas son los que más sufren la represión, pues es en sus territorios donde se están impulsando los grandes proyectos económicos, y son ellos quienes sufren los desplazamientos forzados o el robo de tierras. Y respecto de la clase social, más que el poder adquisitivo cuenta el nivel de organización de los trabajadores. Los profesores, por ejemplo, que son un sector bien organizado, son otro de los blancos de la represión.

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