Ley General sobre desaparición forzada entra en vigor en un contexto de impunidad

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"Están seguros que mientras no exista voluntad política por parte del Estado mexicano de dejar de desaparecer a sus ciudadanos, mientras no tenga la voluntad política de decir dónde están las víctimas de desaparición forzada la Ley General será inoperante y servirá para simular y no para garantizar, memoria, verdad, justica, reparación integral y medidas de no repetición."

Ley General sobre desaparición forzada entra en vigor en un contexto de impunidad

La Prensa Jueves 25 de enero de 2018 en México

Por: Arianna Alfaro

Ciudad de México.- El 16 de enero entró en vigor la Ley General sobre Desaparición Forzada y desaparición cometida por particulares, tras la omisión de las autoridades por más de 17 años y con 7 años de retraso respecto al cumplimiento de una de las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada de la ONU.

Organizaciones de la sociedad civil, como el Comité Cerezo, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, entre otros, hablan sobre el contexto de impunidad y de nuevos casos de desaparición forzada, que significa un retroceso en materia de derechos humanos y libertades democráticas.

En un comunicado, dieron conocer su postura ante la Ley de Desaparición Forzada, y manifiestan que se ha generado mucha expectativa en varios sectores de la sociedad, pero que la verdadera puesta en marcha de la ley y su real cumplimiento se verá reflejado en los hechos con el esclarecimiento de los miles de casos en este tema, la presentación con vida de las víctimas, el juicio y castigo a los responsables.

Entre los casos que están pendientes por este tipo de hechos, están: la desaparición forzada de 7 jóvenes el pasado diciembre en Chilpancingo, Guerrero, por parte de la Policía Estatal, la falta de verdad y de justicia en el caso de los 43 normalistas y la reciente resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en el que se ordena a la PGR rehacer una indagatoria en un caso de desaparición forzada, entre otros.

De esta manera, aseguran que el hecho de que la ley entre en vigor, no garantiza plenamente el acceso a los derechos de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, y que se contrapone con la Ley General que propusieron organizaciones y las familias agrupadas en la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada.

Están seguros que mientras no exista voluntad política por parte del Estado mexicano de dejar de desaparecer a sus ciudadanos, mientras no tenga la voluntad política de decir dónde están las víctimas de desaparición forzada la Ley General será inoperante y servirá para simular y no para garantizar, memoria, verdad, justica, reparación integral y medidas de no repetición.

Asimismo, exigen se presenten con vida a los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, el antropólogo popular Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.

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