La Ley Bala impuesta en 2014 en Puebla legitimó la Ley de Seguridad Interior en México: Comité Cerezo

09/01/2018 12:06 | Publicado por Yadira Llaven Anzures

En la antesala al proceso electoral, el Comité Cerezo concluyó que la Ley Bala en Puebla, impuesta en 2014, así como el Protocolo para el Control de Multitudes en la Ciudad de México, en 2013, legitimó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en nuestro país.

Así lo dio a conocer en su informe México: 48 defensores humanos ejecutados extrajudicialmente, en el que incluye a Meztli Omixóchitl Sarabia Reyna, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, quien fue asesinada el pasado 29 de junio por cuatro sicarios, y que hasta la fecha las autoridades poblanas no tienen una línea de investigación clara sobre el móvil del crimen.

La organización nacional sostuvo que leyes aprobadas con anterioridad, como la Ley Bala en Puebla, en 2014, y el Protocolo para el Control de Multitudes en la Ciudad de México, entre otras entidades, afianzaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI).

También se mencionó que estados como en Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Quintana Roo y Chiapas, se intentó legalizar la utilización de la fuerza armada para dispersar protestas sociales.

El Comité Cerezo enfatizó que es legítima la preocupación de amplios sectores de la sociedad civil organizada acerca de la aprobación de la Ley, tras señalar que “no es un parteaguas o una acción que inicia un proceso de represión política generalizada en México, ya que esta estrategia, junto con las de control social mediante el terror y la contrainsurgente, han avanzado gradualmente a partir de la declaración de guerra del ex presidente Felipe Calderón en el 2006”.

“Tampoco queremos decir que la aprobación de la Ley no sea cualitativamente diferente a otras reformas legislativas que intentan legalizar lo ilegal de las violaciones a los derechos humanos, pues a pesar de los cambios en la redacción, es claro el intento de disminuir el costo político que ha generado la militarización del territorio nacional y el actuar sistemático en contra de la población y la disidencia política en particular, así como reducir el espacio democrático en México”, refirió.

Asimismo, arguyó que en el plano de la vida democrática que se ha visto mutilada en años anteriores, el cambio cualitativo reside en el peligro de que con la Ley rompe el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encontrando que cualquier pretexto real o ficticio de un ataque a la Seguridad Interior, justifica la disolución legal de los poderes Legislativo o Judicial.

A partir del inicio del sexenio actual, el Comité Cerezo informó que se han intensificado las propuestas de ley que violan “legalmente” los derechos humanos y criminaliza la protesta, también es cierto que no todas han podido aprobarse, debido a la crítica de las organizaciones de DH mexicanas y, sobre todo, de las organizaciones internacionales.

Por ello, advirtió que en este año podría incrementar las violaciones a los derechos humanos, sin embargo, refirió que no se puede asegurar ya que existen otros factores que pueden modificar esta tendencia, una de ellas precisamente es la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

“El Estado Mexicano ha ido asumiendo el costo político de violar los DH, incluso ante las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos anteriores y la descalificación de los informes que han realizado diversos relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus visitas oficiales a nuestro país”, señaló.

Gráfica 1. Número de ejecuciones extrajudiciales por derecho humano defendido en el año 2017.

En 2017, seis mujeres defensoras fueron asesinadas

Asimismo, el documento México: 48 defensores humanos ejecutados extrajudicialmente reveló que en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, seis mujeres fueron ejecutadas extrajudicialmente y 42 hombres, de los cuales uno era un menor, Humberto Morales Sántiz, indígena de 13 años acribillado en Chiapas.

Entre estas seis mujeres incluyó a Meztli Sarabia, comerciante de la UPVA “28 de Octubre” en Puebla.

“No podemos dejar de mencionar el caso de Mextli Omixóchitl Sarabia Reyna (Front Line Defenders, 2017), integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre e hija del dirigente y defensor de derechos humanos Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio. La UPVA 28 se ha enfrentado desde su fundación a la represión política y sus integrantes han sido objeto de constantes ataques, amenazas de muerte, estigmatización y acoso judicial”, se lee.

De acuerdo con el reporte, en México los defensores de derechos humanos fueron ejecutados en 16 estados, entre ellos Puebla con un solo caso, pero encabezando la lista la entidad de Guerrero, con ocho asesinatos; Jalisco, Oaxaca y Michoacán, con seis; Veracruz y Chihuahua, cuatro; y Chiapas, tres.

El Comité Cerezo refirió que dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado.

En el informe, argumentó que las ejecuciones extrajudiciales son una violación grave a los derechos humanos, usada como parte de las estrategias de control social mediante el terror y de la represión política en México.

Como nunca en los años anteriores, la organización señaló que no se había presentado una cifra tan elevada de crímenes, como ocurrió el año pasado.

Del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de 2017, precisó que sobresalen los casos de periodistas, los cuales suman 10; mientras que, con seis casos cada uno, le siguen los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, al territorio y a una vida digna.

En este último segmento también se agrupó a las víctimas de organizaciones sociales que defienden varios DH, y reportó cuatro víctimas más que defendían el derecho humano a unas elecciones libres y democráticas.