Guerrero, primer lugar en ejecuciones extrajudiciales contra defensores de DH, le siguen Michoacán y Oaxaca: Comité Cerezo

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 2%

(07 de enero, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2017, el Comité Cerezo México presentó su informe sobre ejecuciones extrajudiciales, el cual aporta la documentación de los casos en México, derivado del análisis de las violaciones a derechos humanos por defenderlos.

Se menciona en el documento que la ejecución extrajudicial es una respuesta del Estado, una violación grave a los derechos humanos usada como parte de las estrategias de control social mediante el terror y de la represión política en México.

“Como nunca en los años anteriores que se han documentado; las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de Estado en contra de defensores de derechos humanos, presentan una cifra tan elevada.

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2017 suman 481, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyo perpetrador fue un agente de Estado”.

Del número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales del año 2017, sobresalen los casos de periodistas, los cuales suman 10; mientras que, con 6 casos cada uno, le siguen los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, al territorio, y a una vida digna, en la que agrupamos a las víctimas de organizaciones sociales que defienden varios DH, cabe señalar que en la antesala de las elecciones del presente año, hay 4 víctimas que defendían el derecho humano a unas elecciones libres y democráticas.

Guerrero sigue siendo uno de los estados donde ocurren más casos de ejecuciones extrajudiciales, le siguen Michoacán y Oaxaca con seis casos cada uno, tres estados dónde también, en años anteriores, la estrategia de represión política se traduce en ejecuciones extrajudiciales, luego está Jalisco, en cuyo caso no habíamos documentado ejecuciones extrajudiciales en años anteriores, alcanzó los seis casos, también es pertinente mencionar que las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en 16 de los 32 estados de la República Mexicana incluyendo la CDMX.

En el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 6 mujeres fueron ejecutadas extrajudicialmente y 42 hombres, de los cuales uno era un menor de edad.

“La estrategia de represión política es clara, en tanto, que los perpetradores son agentes de Estado que por comisión y en algunos casos por aquiescencia cometen las ejecuciones extrajudiciales; un ejemplo claro es el caso de la periodista Miroslava Breach Velducea, quien fue ejecutada por un sicario del narcotráfico para proteger intereses políticos.

También está el Caso de Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, viejo luchador social, quien debido a la represión contrainsurgente de los años noventa en Guerrero estuvo exiliado en Francia y quién fue asesinado junto con su familia a escasos 500 metros de un retén militar”, señala el Comité Cerezo.

O el caso del menor de edad Humberto Morales Sántiz, indígena de 13 años de edad, quien fue víctima de un grupo paramilitar, el cuál ha sido denunciado como ejecutor del Estado en Chiapas en reiteradas ocasiones por sus actos de amenazas, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el estado de Chiapas.

“No podemos dejar de mencionar el caso de Meztli Omixochitl Sarabia Reyna, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre e hija del dirigente y defensora de derechos humanos Rubén Sarabia “Simitrio”; La UPVA 28 se ha enfrentado desde su fundación a la represión política y sus integrantes han sido objeto de constantes ataques, amenazas de muerte, estigmatización y acoso judicial”.

Con los datos que el Comité Cerezo México ha documentado de ejecuciones extrajudiciales desde el año 2008 “podemos decir que por tendencia se incrementará el uso de esta modalidad de violación a los derechos humanos, no obstante no podemos asegurarlo ya que existen otros factores que pueden modificar esta tendencia”.

Una de ellas, menciona, es la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior “que no sólo legaliza las violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas armadas, sino que ensanchan el marco de impunidad que permitiría el uso de la ejecución extrajudicial”.

Otro es el ambiente electoral que puede influir, como en otros años, “para que el Estado mexicano se auto limite en el uso de la ejecución extrajudicial debido al costo político que genera, no en el electorado, sino en la estrategia de golpeteo que usualmente aprovechan los diferentes partidos políticos en el marco de la lucha por el poder político en México”.

Finalmente, también hay que tomar en cuenta el costo político que le genera la mirada internacional de organismos de derechos humanos que estarán vigilando la situación grave, sistemática y generalizada de violaciones a derechos humanos en nuestro país, y que ya han señalado en sus diversos informes. Aunque cabe destacar que el Estado mexicano ha ido asumiendo el costo político de violar los DH, incluso ante las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos anteriores y la descalificación de los informes que han realizado diversos relatores de la ONU en sus visitas oficiales a México, indica el Comité Cerezo.

“Lo que sí queda claro si se analizan las cifras desde el 2018, así como la tendencia al alza de los casos por año y el marco legal de impunidad cada vez más amplio, es que el defensor de derechos humanos que afecte los intereses políticos (léase económicos neoliberales) que impulsa y protege de manera acelerada el Estado mexicano, es una potencial víctima de una ejecución extrajudicial”.

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