Desaparición forzada | Columna de Ricardo Sánchez García

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La desaparición forzada, definida en palabras del Comité Cerezo, es una estrategia de terror del Estado que forma parte de mecanismos de represión más amplios como el control de la población, del territorio, la eliminación de la disidencia política y la lucha contrainsurgente.

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En 2010 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, bajo el argumento de “ser un problema mundial que no afecta únicamente a una región”. La desaparición forzada, definida en palabras del Comité Cerezo, es una estrategia de terror del Estado que forma parte de mecanismos de represión más amplios como el control de la población, del territorio, la eliminación de la disidencia política y la lucha contrainsurgente. Es un delito que implica múltiples violaciones a los derechos fundamentales de cualquier individuo como a la libertad, a la seguridad, a la defensa, a no ser sometido a tortura. En definitiva, a la vida.

En México, el periodo de la Guerra Sucia es recordado por los sangrientos métodos usados por el gobierno en el que la mayor parte de las muertes o desapariciones fueron cometidas por agentes gubernamentales contra personas desarmadas, inmovilizadas, en cautiverio y que muchas veces no tenían nada que ver ni con los combates, ni con los combatientes. Se les detuvo por ser familiares o vecinos de los actores políticos y jamás se les volvió a ver.

La ONU mediante un Grupo de Trabajo especial investigó y reconoció en 2015 que desde la década de 1960 hasta principios de los ochentas las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una política de represión sistemática contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte de un movimiento de oposición. Los graves abusos cometidos incluyeron masacres de estudiantes en el 68 y 71. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad.

Liga Comunista 23 de Septiembre
La CIDH señaló que las desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia tuvieron lugar en circunstancias políticas, sociales y económicas particulares como la sucesión presidencial de 1970, pues mientras a la vista se desarrolló una lucha electoral sin sorpresas ni sobresaltos, decenas de activistas se ubicaron en la clandestinidad; entre 1973 y 1974 se exacerban las acciones guerrilleras y la contrainsurgencia, recordemos la Liga Comunista 23 de Septiembre en su enfrentamiento con el gobierno federal. A este acontecimiento le sucede una etapa marcada por medidas drásticas: la detención ilegal y la tortura e incluso ejecuciones extralegales de dirigentes en manos de militares.

Sin embargo, quienes actuaron usando todo el poder del Estado contra ciudadanos no actuaron solos. No fueron sujetos aislados bajo voluntad propia. “Los asesinos directos de campesinos y estudiantes son sólo un engrane de la maquinaria del poder que se echó a andar por fuera del camino legal y humano, para exterminar a quienes considera peligrosos para su dominación política. Las desapariciones de disidentes políticos no fueron producto de alguna ocurrencia, sino de decisiones planeadas y ejecutadas con base en la impunidad”, señalan importantes defensores de derechos humanos en el informe que rinde la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero en 2014.

En la Reco26/2001, la CNDH documentó 532 casos de presuntas desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia y señaló la clara responsabilidad del Estado Mexicano. El organismo concluyó que en 275 de esos casos las personas fueron víctimas de una detención, interrogatorio y una posible desaparición perpetrada por funcionarios públicos de diversas instancias gubernamentales. Hoy existen elementos para asegurar que la Secretaría de la Defensa Nacional conoce el destino final de las personas desaparecidas en la Guerra Sucia, pero no han otorgado las facilidades para acceder a dichos documentos, perpetrando de forma ininterrumpida el delito y prolongando el dolor de los familiares en búsqueda, negando así el derecho a la verdad y acceso a la justicia.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas señala que las familias y los amigos de una persona desaparecida son víctimas y tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación, y fundamentalmente, el destino de la persona desaparecida.

Nuestra preocupación continúa porque las desapariciones forzadas, que en origen fueron el producto de dictaduras militares, hoy se siguen realizando para perpetuar en el poder a los mismos que nos han gobernado durante años. Buscan hacer a un lado de sus intereses a oponentes políticos, a defensores o familiares que han logrado desenterrar la verdad y evidenciar los hechos. Muchos funcionarios públicos responsables de masacres murieron en la impunidad, otros siguieron ocupando cargos importantes en las administraciones posteriores a este oscuro periodo, incluso en los mal llamados gobiernos de alternancia.

Por Rosendo Radilla, cuyo caso fue llevado a la Corte Interamericana y durante el proceso sus familiares solicitaron la inclusión del período denominado Guerra Sucia en la materia de historia de las escuelas públicas, así como el establecimiento del “día de las personas detenidas-desaparecidas”.

@DDHHSamuelRuiz

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