Gobierno siguen sin reconocer desapariciones forzadas, lo cual confirma su participación y encubrimiento en este crimen: madre de víctima

(31 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este ordenamiento comenzó a observarse a partir del 2011.

En el caso de México actualmente existen 28 mil razones para conmemorar este día, por lo menos así lo consideran diversos colectivos, organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada y agrupaciones civiles en defensa de los derechos humanos que se reunieron la mañana de ayer en el Monumento a Cuitláhuac, ubicado sobre el Paseo de la Reforma, para realizar un pronunciamiento en torno a la necesidad de aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones la Ley General para la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Pasadas las diez de la mañana los padres, madres, hermanos, esposas y amigos de gente desaparecida en diversos estados de la República mexicana llegaron al pie de la estatua del vencedor en la llamada Noche Triste para colocar carteles, mantas y pancartas con las fotografías de sus seres queridos.

Durante este acto de protesta las familiares de víctimas de desaparición forzada, exigieron al Estado mexicano atender la grave crisis de derechos humanos aprobando Ley general para la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares pero con ocho puntos que ellos proponen de lo contrario “no servirá de nada”.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO Yolanda Morán, originaria de Torreón y quien busca a su hijo desaparecido desde hace 8 años, comentó que en el marco de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada de la campaña #SinLasFamiliasNO exigen a los senadores de la República la integración de ocho puntos clave para la elaboración de la ley contra la desaparición forzada.

“Nosotros hemos manifestado en los foros con los senadores que es lamentable constatar que la situación de las desapariciones forzadas en el país no ha cambiado, por el contrario aumentan, existe un incremento considerable de esta aberrante práctica y sin visos de mejora.

“Muestra de este hecho son las 88 personas defensoras de los derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto y las desapariciones forzadas en contra de jóvenes y migrantes.

“A pesar de las miles de voces que se han alzado en todo el país para condenar esta terrible situación y más, a raíz de la lamentable desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Estado sigue sin reconocer la persistencia de este crimen, lo cual demuestra que este acto no podría ser posible sin la planeación, participación y encubrimiento de las estructuras del Estado. Evidencia de lo anterior, es el caso de los 43 no está siendo investigado jurídicamente por desaparición forzada, aun cuando existe la participación clara de agentes del Estado”, detalló Morán.

Por su parte Rocío Uribe quien busca a su hija María Fernanda desde hace 4 años señaló a Revolución TRESPUNTOCERO que la falta de voluntad política del Estado para erradicar las desapariciones forzadas se manifiesta en la demora para legislar la Ley general para la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

“Es necesario recordar que la promulgación de la Ley general es una demanda histórica los integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada entregamos el 3 de septiembre del 2015 al Senado de la república una propuesta de iniciativa de Ley General elaborada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos y populares, la cual ha sido ignorada, ahora después de un año de nutrirse con el conocimiento y la experiencia de las víctimas será entregada nuevamente a la Cámara de diputados el 6 de septiembre y al Senado el 13 de septiembre para que en este inicio del periodo ordinario de sesiones tengan ambas cámaras una propuesta acorde a los estándares internacionales y a las necesidades de las víctimas”, detalló Rocío Uribe.

La señora Uribe retoma la preocupación de los diversos colectivos y expresa, “no avalaremos una Ley General que no reconozca que la desaparición forzada es una política de Estado, no avalaremos una Ley General que no garantice memoria, verdad, Justicia, reparación integral y medidas de no repetición, no avalaremos una ley general elaborada en lo oscurito y sin participación real de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos; no avalaremos una Ley General sin presupuesto, sin un Instituto Nacional Autónomo Forense, sin declaración de ausencia por desaparición forzada, sin una adecuada tipificación del delito de desaparición forzada y sin una Fiscalía de búsqueda e investigación eficaz”, sentenció.

Penas severas no funcionan

Santiago Corcuera, integrante vicepresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, estuvo presente en el monumento a Cuitláhuac para acompañar a las familias que no buscan consuelo sino hallar a sus desaparecidos.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO y emitiendo opiniones a título personal el también académico critica los pocos resultados que se han obtenido durante la administración de Enrique Peña Nieto en el tema de los desaparecidos.

“El trabajo de la actual administración federal es de luces y sombras. De sombras en el sentido de que en tres años de este gobierno los resultados son magros al respecto (…) de todas las cosas que el Estado debe a un familiar de un desaparecido la más importante en cuanto a reparación del daño es entregar la verdad; por verdad debemos entender, saber más allá de toda duda razonable, qué le pasó y dónde está la persona desaparecida. ¡Nada de verdades históricas! Sino certeza mediante pruebas, no todo es el ADN en ocasiones las prendas y otros artículos y métodos de identificación conducen a una certeza”.

Sobre la propuesta jurídica de los familiares para crear una Ley General para la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, Santiago Corcuera considera que es necesario comenzar por tipificar el delito de desaparición forzada y por particulares de forma adecuada y crear un marco jurídico que obligue a las autoridades a aplicarlo aunque en algunos las leyes estatales no contemplen este delito.

“Lo primero que necesitamos es una adecuada definición del delito para poder tener una base técnica que nos permita avanzar en otros temas, igualmente importantes, como la declaración de ausencia por desaparición para poder solventar la problemática de los familiares respecto a cuestiones patrimoniales, crediticitas, seguridad social y otros temas.

“También es importante establecer que en caso de que las legislaturas de los estados no prevean esta figura la Ley General se aplique de forma automática en los lugares donde por negligencia y holgazanería no se reformen los códigos civiles, pero no olvidemos que lo más importante es el hallazgo, yo no digo búsqueda, es el hallazgo saber dónde están los desaparecidos.

Finalmente el especialista reconoció que la Ley General para la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares debe incluir beneficios para los delincuentes que aporten información precisa para encontrar a las víctimas aunque estos ya hayan sido sentenciados.

“Las condenas más allá de 30 años con inútiles, penas de 100 años de cárcel de 150 años no son útiles son puro populismo punitivo como la ley antisecuestro con sentencias de 100 años acumulables: eso es demagogia pura. ¿De qué sirve imponer una pena de 100 años sino se atrapa a nadie? Si el índice de impunidad es del 94 por ciento, concluyó Corcuera.