Declaraciones del Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la ONU Sobre los derechos de los indígenas en el sistema de administración de justicia

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Declaraciones del Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, sobre los derechos de los indígenas en el sistema de administración de justicia

México, a 25 de agosto de 2006

En 2003 el Relator Especial para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, realizó una misión en México, cuyo resultado fue un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU así como al gobierno y al pueblo de México. Este informe también forma parte del Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México preparado en 2004 por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en este país.

Entre otros temas, el Relator Especial señalaba en sus conclusiones: “En el funcionamiento del sistema judicial los indígenas son las víctimas más notorias y vulnerables de abusos a sus derechos humanos, sufriendo violaciones al derecho a la vida y la integridad física, la seguridad, el debido proceso y las garantías individuales. Se ha advertido una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social en el marco de los conflictos señalados, a lo cual debe añadirse un elevado grado de impunidad y corrupción en el sistema de justicia agraria, penal y civil, todo lo cual conduce a la impresión que los pueblos indígenas, pese a la retórica oficial en sentido contrario, son prescindibles para la sociedad mexicana mayoritaria.”

Entre sus numerosas recomendaciones, el Relator urgió a las autoridades que deberá “revisarse a fondo, con criterios amplios y flexibles, el sistema de procuración y administración de justicia para los indígenas a nivel nacional” y que “el poder judicial (federal y de los estados) y el sistema nacional de ombudsman deben velar insistentemente por que la legislación y la justicia no sean utilizadas por intereses caciquiles y autoridades locales para criminalizar o penalizar la legítima protesta o disidencia social.”

En cumplimiento de su mandato, desde hace tres años el Relator Especial ha seguido recibiendo información sobre estos problemas de las más diversas fuentes, y ha realizado algunas visitas y tenido encuentros con organizaciones indígenas y de derechos humanos así como con autoridades y especialistas con el objeto de observar el seguimiento que en el país se está dando a sus recomendaciones. Para ello ha contado con la colaboración de numerosas organizaciones de la sociedad civil, las autoridades correspondientes y el propio sistema de la ONU.

En materia de administración de justicia el Relator está preocupado porque los problemas señalados en su informe no han recibido la atención necesaria. En el marco de algunos conflictos sociales (Atenco, Guerrero, Oaxaca entre otros) siguen dándose diversas violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Estas situaciones han sido denunciadas por organizaciones como Amnistía Internacional y algunas han sido llevadas ante los tribunales por organismos de defensa de los derechos humanos. Las comisiones nacional y estatales de derechos humanos no han prestado la suficiente atención a las violaciones específicas de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas.

En numerosos casos se señala que los indígenas no reciben trato justo ni están sometidos al debido proceso y a la justicia pronta y expedita como marcan las leyes nacionales y los tratados internacionales que México ha suscrito. Siguen ocurriendo detenciones arbitrarias, abusos físicos, incluso casos de tortura de los reos, hostigamiento y abuso sexual contra mujeres y niñas indígenas, la fabricación de delitos contra líderes de movimientos sociales, la falta de intérpretes para los indígenas procesados, la discriminación étnica y racial en los ministerios públicos, los juzgados y las cárceles. La situación de los indígenas en los Centros Federales de Readaptación Social es particularmente vulnerable y preocupante. En numerosos casos señalados, se ha incumplido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México.

El Relator Especial hace un llamamiento sobre la necesidad de una defensa integral de las víctimas indígenas de las diversas violaciones de sus derechos humanos en el marco de la administración de justicia y renueva su esperanza que el gobierno, en el marco de su compromiso con el Plan Nacional de Derechos Humanos, haga lo necesario para cumplir con las recomendaciones del Informe y el Diagnóstico mencionados.

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