Indefensión de presos politicos José Reyez-Revista Contralinea

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

En el México de la era foxista perduran los agravios en contra de luchadores sociales de disímbolas corrientes y organizaciones. Como antaño, los presos políticos son tratados peor que delincuentes comunes. El abandono de los casos por el presidente Vicente Fox, la simulación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la represión ejercida por efectivos militares, agentes judiciales y policías estatales y, de remate, los congresistas del PAN que abortaron la Ley de Amnistía que prometía liberar a opositores políticos al régimen.

De 2000 a la fecha, los expedientes de unos 400 presos políticos aguardan el sueño de los justos en espera de que el próximo presidente de la República revise sus casos y considere su libertad mediante la amnistía. Ya el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, habló en ese sentido y promete crear la Comisión de la Verdad. El Subcomandante Marcos hace su propia lista de presos y desaparecidos políticos, para integrarlos en el programa nacional de lucha de La Otra Campaña.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) elaboró una lista de 395 presos políticos. La encabeza Chiapas, con 214 prisioneros, la mayoría de la época foxista y bajo el mando estatal del represor Pablo Salazar Mendiguchía, quien desde la oposición prometió resolver los casos y al asumir el poder incrementó la lista de detenidos por motivos políticos. Guerrero, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Morelos agregan la lista de estados con presos políticos.

Las autoridades responsables de la captura y tortura de los presos políticos son, según la Limeddh, elementos del Ejército, de Inteligencia Militar, de la Agencia Federal de Investigaciones, de la Policía Judicial Federal y policías estatales.

Los mecanismos de tortura en la época foxista no varían un ápice de sus antecesores: la mayoría de los detenidos fueron sometidos a tortura con picanas eléctricas, inmersión en aguas fétidas, asfixia con bolsa de plástico, simulacros de fusilamientos, quemaduras con cigarros encendidos, amenazas de muerte, tortura psicológica, uso de drogas, golpes y amagos de muerte, secuestro y privación ilegal de la libertad.

Se considera preso político a aquella persona que busca la transformación de la sociedad y que, con base en convicciones políticas, intenta mediante la violencia alterar o modificar la forma de su gobierno y por ello es acusada por delitos contra la seguridad de la nación y otros, y ser tratado con arreglo al Derecho Internacional Humanitario, consignó en 2002 el entonces diputado perredista Adolfo González Zamora, al presentar al Congreso la iniciativa de Ley de Amnistía.

El legislador del PRD, Daniel Martínez Enríquez, expuso otra iniciativa de Ley de Amnistía el mismo año en la que definía que “el término de preso político no existe en el Derecho Positivo Mexicano. Basándonos en el Derecho Internacional Humanitario pudiéramos definir como preso político a la persona que buscando la transformación de la sociedad y por motivaciones políticas pretenda mediante el uso de la violencia, alterar o modificar el sistema de poder y sus instituciones gubernamentales y por ello se le procesa y encuentra culpable de delitos consignados en la legislación penal”.

Y es que, en efecto, todos los presos políticos y de conciencia consignados por la Limeddh, fueron procesados por delitos del fuero común y federal: terrorismo, rebelión, secuestro, motín, sabotaje, conspiración, posesión de armas, fuga de reos, delincuencia organizada, almacenamiento de artificios, homicidio, despojo con violencia y robo; la lista es interminable.

Hoy, la mayoría enfrenta condenas que van de seis a 50 años de prisión, y fueron procesados sin abogado defensor.

El listado habla de su militancia en el Ejército Popular Revolucionario, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, Unión Campesina Popular Francisco Villa, Unión Nacional Lombardista, Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, Consejo Ciudadano Hidalguense, Voz Dignidad Rebelde, Organización 24 de Noviembre, Izquierda Democrática Popular, Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, Organización Ecologista Petatlán, Consejo Cívico Lucio Cabañas, Organización de Pueblos Indígenas de la Chinantla, Bases de Apoyo del EZLN, Organización de Pueblos Étnicos de Morelos, Izquierda Democrática Popular.

Entre los presos hay 13 que aparecen sin pertenencia a filiación política alguna, entre ellos Pablo Alvarado y los hermanos Antonio y Héctor Cerezo Contreras, hijos de Emilia Contreras y Francisco Cerezo, señalados por las autoridades como presuntos líderes del Ejército Popular Revolucionario.

Del total, unos 171 presos políticos mantienen abiertos expedientes de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reconoce el segundo visitador Andrés Calero Aguilar, sin que abunde del avance de las investigaciones por motivos de “confidencialidad”.

Para Adrián Martínez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, “en Foxilandia no hay presos políticos y de conciencia, fenómeno que cualquier Estado democrático tendría que negar como razón de Estado, y recurrir a formas jurídicas que permitan llevar a prisión a personas por filiación o motivación política”.

Martínez rememora: Fox firmó el acuerdo de cooperación en materia de derechos humanos ante la comisionada de la ONU, Mary Robinson; creó la unidad de protección a los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación -la cual intentó generar una Ley de Amnistía para los presos políticos- y creó un grupo de alto integrado por la PGR, Sedena, SSP y SRE, especializado en materia de derechos humanos.

Nombró a Rafael Macedo de la Concha como procurador de la República, pese a que estuvo vinculado con la persecución de los movimientos opositores de 1994 a 2000 y dio protección a los elementos del Ejército señalados como violadores a los derechos humanos.

Después del asesinato de Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2001, el tema de derechos humanos se hace parte sustantiva de su discurso político, ningún presidente había declarado proteger los derechos humanos como lo hizo Fox en ese tiempo.

Los Cerezo, el inicio

Sin embargo, dice Adrián Martínez, en agosto de 2001 detienen a los hermanos Cerezo Contreras y con ello inicia la contabilidad de los presos políticos y de conciencia del periodo foxista y empieza el nuevo formato de violación a los derechos humanos de los luchadores sociales.

“El caso de los Cerezo se da con un nuevo modelo de investigación con la creación de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que legitima la acción de los policías federales involucrados en su detención. Y aunque la CNDH encuentra elementos de tortura, el nuevo formato de intervención de la PGR aborta la recomendación y de motu propio decide investigar los hechos, determina que no hay responsabilidad y exonera a los policías, utilizando el Protocolo de Estambul (procedimiento de la ONU para investigar la tortura) para invisibilizar la tortura y legitimar por vías jurídicas y científicas que ya no hay en México”.

Quienes actúan son poderes municipales, locales y estatales, y el gobierno de Fox dice: “nosotros estamos cumpliendo, el priísmo le pone freno al cambio”. Empieza a ver una forma de atención a las protestas sociales en la que no hay detenidos, pero golpean violentamente y agreden a manifestantes, los llevan a separos municipales un tiempo, los torturan y finalmente son liberados.

Ley de Amnistía

Para abril de 2002 el movimiento de coordinación de diferentes organizaciones sociales y políticas con organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional crea un frente de lucha a favor de la Ley de Amnistía.

La PGR declina la competencia en favor de la justicia del fuero común, otra aberración, considera el presidente de la Limeddh, después de que terminan los juicios en el fuero común y son exonerados por amnistía, pero la PGR se querella por delitos del fuero federal y los retienen en prisión.

El 10 de abril estalla la huelga de hambre, a la que se incorporan hijos de presos políticos, cuyo impacto en la prensa internacional es muy importante entonces el último día de sesiones del Congreso, el 30 de abril, el PAN se opone a la Ley de Amnistía y finalmente ya no es aprobada.

“Es la cúspide del movimiento de lucha por la Ley de Amnistía, Gobernación propone mesas de negociación para la resolución de excarcelaciones caso por caso, modelo que se ve fortalecido porque liberan al general Gallardo, a Erika Zamora y Efrén Cortés, y a los ambientalistas de Pátzcuaro, Michoacán”, refiere Martínez.

En el Congreso, ese año, los diputados del PRD, Adolfo González Zamora y Daniel Martínez Enríquez, presentan sendas iniciativas de Ley de Amnistía, sin embargo, justo en ese periodo el gobierno de Fox y los legisladores panistas Alejandro Zapata Perogordo y Armando Salinas Torre, se oponen a la Ley, pero cabildean por la excarcelación de los presos en Cuba.

“¿Dónde está la congruencia? Fox declarando liberar y el PAN en el Congreso bloquea y frena la libertad de presos políticos y de conciencia”, cuestiona Adrián Martínez.

Dice que la Coordinadora Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y de Conciencia (creada en marzo de 2002 y desarticulada a principios de 2004), planteó la libertad de los presos políticos, la lucha por la Ley de Amnistía Federal, la reorganización de las mesas de trabajo con Gobernación, la movilización y la denuncia, e impulsó la segunda huelga de hambre que duró del 25 de septiembre al 26 de octubre de 2002.

Vinieron las detenciones en Guerrero de miembros de la OCSS, del MOCRI, quienes protestaban contra el aumento en las tarifas eléctricas; ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas. En el 2004 la grave represión de los altermundistas en Guadalajara, detienen a más de 100 personas y hubo tortura evidente, y lo más grave es que Fox se desentendió de la responsabilidad.

Después de mayo de 2004 el gobierno panista de Tlalnepantla instala el toque de queda y arremete contra jóvenes de barrios marginados; los ataques contra los estudiantes normalistas del Mexe, Huejotzingo y Matzumatza; en la UNAM más de 300 expulsados por el Tribunal Universitario relacionados con la huelga del 99/2000, la detención de activistas, y el asesinato de Pavel González.

En 2005 los ataques de los porros en diferentes preparatorias, persecuciones en contra de activistas de la UNAM, entre ellos el Comité Cerezo y el caso de la defensora Jessica Sánchez en Oaxaca, Griselda Tirado, de la Organización Indígena Totonaca de la Sierra de Puebla, Martín Barrios de Puebla y el caso de Lydia Cacho.

Durante todo este tiempo, Fox ha utilizado todos los recursos que le permiten legitimar a su gobierno y sin embargo sigue habiendo violaciones en contra de los luchadores sociales y aplica una política de criminalización y victimización, utilizando la prisión como forma represiva por excelencia.

El papel de la CNDH ha sido declarativo, condenando hechos de manera tardía y bajo presión de los organismos nacionales e internacionales, ha emitido informes relevantes (Los Loxichas) y algunas recomendaciones tibias, pero ha sido de una total negligencia en la lucha contra la impunidad encubierta, denuncia Adrián Martínez.

Reconoce que en muchos casos no se van a comprobar las violaciones, “pues preguntan a los detenidos: ’¿Puede identificar la corporación policiaca o instalación de algún servidor público donde usted haya sido retenido? si es así, indíquelo, y si es del ámbito federal tenemos competencia’. La gente decía: me tuvieron en una casa clandestina, no traían uniformes, me presentaron ante el ministerio público y aparecí después como detenido’. El caso se cerraba porque no había autoridad responsable del ámbito federal.

“Pero ¿qué pasa cuando hay testimonios de que los llevaron a una casa clandestina, los golpearon, torturaron, hay un patrón común y los detenidos no se conocen entre sí, y no pudieron haberse reunido para concertar dañar la imagen de una institución?, en esos casos hay desaparición forzada que no se puede acreditar fehacientemente”, subraya.

El Ejército a modo

El papel del Ejército, dice, se expande y se contrae de acuerdo con la gravedad de la situación emergente que hay en el país. Del 94 al 2000 tuvo un papel protagónico directo, en la mayoría de los casos actuando como elemento de contención para que fuerzas policiacas o paramilitares o grupos de exterminio de escuadrones de la muerte tiraran a matar.

El Ejército sigue presente en las comunidades donde hay conflictos mantiene sus bases de operaciones mixtas, puntos de revisión en carreteras, revisión móvil en todo el territorio, y una fuerte vinculación con el Departamento de Estado norteamericano, la DEA, la Agencia Central de Inteligencia y el Comando Sur.

Las observaciones al Ejército debieron haber generado recomendaciones con un carácter programático, no sólo enunciativas sino con cambios en la estructura política, administrativa y normativa de la institución para corregir, acotar, disminuir o atenuar este fenómeno. Pero no fue así.

La época de Fox viene con un preámbulo: la participación de Adolfo Aguilar Zinser por un lado, luego Sergio Aguayo y al final Jorge Castañeda, hacen una especie de trípode en la dosificación de los conflictos sociales en nuestro país.

Castañeda acota la política internacional para acercarla más hacia la derecha y contra la oposición beneficiaria en México de asilo y medidas de solidaridad con Cuba; Aguilar Zinser reformula la política de seguridad nacional y Aguayo cumple parte de esa función. Él entra en el Cisen antes que cualquier otro civil y antes de que los archivos fuesen desclasificados y pasaran al Archivo General de la Nación.

Aguilar y Aguayo hablan de la necesidad del cambio en la seguridad nacional, que haya una parte de inteligencia y otra de acción, y fortalecen a la Policía Federal Preventiva; por otro lado, al Cisen como cuerpo de inteligencia especializado.

Observatorio nacional de prisiones

Hoy, el acceso a los penales está muy limitado y sólo reconocen a la CNDH como la organización que puede entrar en las prisiones, pese a que abandonó sus visitas penitenciarias y trasladó la observación de las prisiones a las Comisiones Estatales. Mientras, el gobierno de Fox se desentiende y dice “yo me ocupo de lo federal, Puente Grande, Matamoros, Las Islas Marías, el psiquiátrico”.

Se ha planteado volver al Observatorio Nacional de Prisiones; propiciar la creación de un socorro para víctimas de violaciones a derechos humanos de los luchadores sociales, y un reporte anual sobre las condiciones de los presos políticos y de conciencia en México.

Se pretende desarrollar este mecanismo en el ámbito local y federal porque la Ley de Amnistía enfrenta dificultades técnicas, ya que las características y la composición de los presos políticos en México son diversas, no todos están por hechos relacionados, no están circunscritas a un periodo de tiempo y tampoco a una región y las leyes no pueden ser especiales ni tampoco tan generales.

Es obvio que si hubiera voluntad ya estarían libres porque hay, además del recurso de la Ley de Amnistía, mecanismos como la libertad por desvanecimiento de datos, la libertad por pruebas supervenientes, el desistimiento del ejercicio de la acción penal, las preliberaciones y el juicio de amparo.

Confidencialidad

Andrés Calero Aguilar, tercer visitador general de la CNDH, constata la lista de presos políticos de la Limeddh y asegura que de los 398 casos, 171 de los detenidos y procesados mantienen abierto su expediente de queja ante esa instancia.

Empero, dice que “por mandato de la Ley de Transparencia no podría ampliar la información. Detectamos que no necesariamente en todos los casos es gente que haya tenido una queja en esta visitaduría, no todos los casos son del penal de alta seguridad o pueden ser una homonimia. La Comisión lleva 15 años y más de 100 mil expedientes por diversos hechos. La ley no me permite más que decir que sí ha habido queja de ellos, por principio de sigilo, de confidencialidad”.

La Comisión no revisa cuestiones jurisdiccionales, si están privados de su libertad y presentan un proceso penal no le preocupa el motivo, sino las condiciones en que fueron detenidos y está comprobando que sus penas sean de acuerdo con la legalidad.

- ¿Han estado cerca en estos casos?

- No tenemos elementos.

- ¿El caso de los hermano Cerezo?

- Su acusación no es ser delincuentes políticos, es un proceso penal donde ellos tienen que acreditar su responsabilidad. Logramos que fueran trasladados de La Palma al Penal 1 de Matamoros.

- ¿Los traslados se hicieron de forma irregular?

- Ellos están a disposición de quienes autorizaron sus traslados y están dentro del marco de la legalidad, más que el problema del traslado propiciaba un alejamiento de sus familias, que es parte de la readaptación social. Fuimos a revisar su situación y no hemos recibido quejas al respecto, yo inclusive estuve en La Palma y vi que no hay ningún problema.

- ¿Qué hay de Gloria Arenas, presa en Neza Bordo?

- Lo importante no sólo de su caso sino de varias de las mujeres, es que se hizo un pronunciamiento sin importar el delito por el que estuvieran, había 10 mujeres en diversos centros federales de máxima seguridad y en el 2001 recomendamos que todas fueran cambiadas con las mismas condiciones de seguridad, pero que permitieran un desarrollo de género.

El centro federal nunca estuvo diseñado para albergar mujeres, no había un doctor para mujeres, ni separación entre hombres y mujeres, ni penales cercanos a sus domicilios, donde tuvieran tratamiento y atención de una ginecóloga. Hoy no tenemos reportes de mujeres en centros federales de máxima seguridad.

¿Reconoce la CNDH el término preso político?

- No, la Comisión reconoce que puede haber violaciones a derechos humanos pero no se pronuncia sobre el motivo de la detención, sino por la condición del ser humano.

¿Para la CNDH no existen presos políticos?

- No tenemos esta definición, son sujetos a un proceso judicial el cual no valoramos.

¿Tienen en puerta alguna recomendación de estos casos?

- No te podría adelantar, la mayoría ya están concluidos, además esto no es lineal de que ya se acabó, no, estas personas han acudido con nosotros en diferentes etapas de su vida, entonces no es que esté cerrada la puerta al pronunciamiento de que si existe o no una posibilidad.

¿Por qué siguen presas estas personas?

- Como la gente continúa en prisión, es probable que se presenten situaciones y va haber una recomendación si se acredita que están sucediendo hechos violatorios a los derechos humanos.

¿En La Palma cómo encontró las condiciones?

- En términos generales bien, está haciendo su esfuerzo la autoridad. Hubo un problema grave en ese penal de máxima seguridad, se están recuperando las condiciones y reorganizando la vida interna, mis abogados fueron a los demás centros federales, hicimos una supervisión durante un mes. Estamos recabando elementos para hacer en su momento los pronunciamientos.

- ¿Hay disposición de las autoridades para mejorar?

- Sí, claro, las autoridades en ocasiones son difíciles por la mecánica misma de los reos, el tipo de prisión y la dinámica que no es tan sencilla si el reo tiene 50, 60 abogados es complicado estar moviendo audiencias, sus visitas familiares, es un penal de máxima seguridad.

- ¿Cuánto tarda en integrar un expediente?

- La ley no nos marca un término, cada caso es concreto, y la gran mayoría de los asuntos se concluyen antes de los seis meses que se presentan.

¿Por qué estos casos no han generado una recomendación en 10 años?

- Porque habría que estudiar los expedientes de cada uno. Hay varios que tuvieron más de tres asuntos, no se acreditó, en esos casos, eso ya tendría que ser objeto de un estudio de cuáles fueron las causales de conclusión pero son materia reservada.

En algunos casos se emitieron recomendaciones y se concluyeron los expedientes por diversas razones. Ahora, habría que cruzar la información con las recomendaciones emitidas, eso no quiere decir que en todos los asuntos en que no haya habido recomendación necesariamente implica que no haya una violación a los derechos humanos. Hay muchos casos que se concluyen por conciliación por violaciones no graves.

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