Existe agresión sistemática del Estado a los movimientos;PF entrenada para agredir a los que nos organizamos: Alejandro Cerezo

(26 de octubre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Para diversos activistas, desde el 1 de diciembre de 2012, con el arribo de Enrique Peña Nieto a los Pinos, en México se instauró una política de represión en contra de todos aquellos que se organizan y alzan la voz ante los abusos y las violaciones a las garantías de la ciudadanía.

De igual forma, han demandado que Miguel Ángel Mancera se ha alineado a esta política de agresión, con lo cual en la Ciudad de México también se ha instalado un panorama de represión, en donde la criminalización de la protesta se ha convertido en una característica.

En palabras de Alejandro Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, en el país hay una agresión sistemática por parte del Estado en contra de los movimientos sociales. Añadió que existe una continuidad en esta política de represión, que se mantuvo con los gobierno panistas y persiste con la actual administración priista.

“Hay una continuidad política, incluso en esos gobiernos de transición que fueron los del PAN, recordemos a Fox y Calderón doces años de panismo y llegamos al Priato y otra vez hay una continuidad política de la represión hacia los movimientos sociales, hacia toda aquella persona que ejerce su derecho, el derecho a la protesta social”, manifestó al participar en el foro “Libertades Mutiladas en el DF”, organizado por la Brigada Para Leer en Libertad.

Cerezo hizo énfasis en que la protesta es un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Añadió que aunado a este clima de agresión, se encuentra la imposibilidad del diálogo con las autoridades, aunque es a ellos a quienes se les debe exigir el respeto a los derechos.

“Entonces toda esta parte de qué nos habla: (que) hay una cuestión sistemática de parte del Estado hacia la agresión de movimientos sociales. Pero no sólo de movimientos sociales sino de personas civiles normales, que van por la calle caminando y pasan por el lugar equivocado y les da el garrotazo el granadero.

“También (está) la imposibilidad del diálogo, y ¿a quién vamos a exigirle que cumpla la ley?, al Estado mexicano. Nos han venido a vender la historia de que todos violamos derechos humanos, y eso es mentira. El único que tiene la obligación de salvaguardar, garantizar, proteger los DD.HH, el ejercicio de los DD.HH. es el Estado”, señaló.

En lo referente detalló que el Estado es el único responsable de garantizar el respeto a los DD.HH puesto que la ciudadanía le entrega el monopolio de la violencia, y la justicia.

“A ellos les damos el monopolio de la violencia, el monopolio de la justicia, el monopolio de la administración de los recursos, no es casualidad que el Estado lo tenga. Entonces si el Estado tiene todo esos poderes, el Estado tiene que cumplir y entonces cuando un granadero me pega de garrotazos, no solamente comete un delito, comete una violación de DD.HH., es decir doblemente castigable que un funcionario aproveche de su poder, de la confianza que la sociedad le brinda para violar y pegarle a algún defensor”, dijo.

Alejandro Cerezo detalló que del 2001 al 2015 la cifra de presos políticos ha crecido significativamente. Además manifestó que los casos de agresiones a defensores durante el último año superan los 800.

“En este panorama el Comité Cerezo documenta como matan defensores y defensoras, como desaparecen, como meten presos a los defensores, como detienen arbitrariamente, y como amenazan, hostigan a los defensores, que por el solo hecho de defender un derecho sufren esa violencia política de parte del Estado (…)

“Del 2001 al 2015 ha habido más presos político. La cifra de mayo de 2014, a mayo de 2015 de este año es de 863 agresiones a personas defensoras de DD.HH. en al menos 26 estados, es decir al día dos personas son agredidas, algunos los ejecutan, a otros los amenazan, a otros los desparecen”, expuso.

Cerezo hizo mención del caso Ayotzinapa. Dijo que el ataque a los normalistas en Iguala “fue la gota que derramo el vaso” en una política de represión. En este sentido habló sobre el papel de las fuerzas del orden en esta política y aseguró que son entrenados por el Estado para agredir a los que luchan.

“Ayotzinapa es sólo es la gota que derrama el vaso de una política general del Estado de represión. Muchos nos debaten diciendo que no es una política, sino sólo malos funcionarios. Y no, el Estado forma a los policías, forma a los militares de tal manera que agreda a la sociedad que se organiza, para ellos somos enemigos de la sociedad.

“Entonces ante esa formación del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, que se ha reforzado de militares; es decir hablamos de la militarización de la vida civil, hablamos de que los militares manejan las procuradurías de justicia de los estados, son los jefes operativos, entonces el militar está constantemente en la vida de este país”, dijo.

En lo referente apuntó que la Policía Federal ha sido utilizada en los últimos años como punta de lanza para reprimir en varios estados. Recordó el caso de Atenco, donde elementos de esta corporación fueron acusados, entre otras cosas, por tortura sexual. Además citó el caso de Oaxaca durante 2006, 2007 y 2008.

“No hablamos de papá Estado, le pedimos que proteja porque pagamos impuestos, él tiene el presupuesto. Entonces tiene una razón que nos dirijamos al Estado, porque ahí es donde confluye todo el poder supuestamente, que le brinda la ciudadanía, entonces ese Estado tiene obligaciones. Que es un ojete Estado, sí, pero eso no quita que tenga que cumplir con sus obligaciones.”, señaló.

Por otro lado, Alejandro recordó que en el 2001, él y sus hermanos Antonio ý Héctor Cerezo fueron detenidos arbitrariamente, acusados de ser los responsable de colocar petardos en instalaciones bancarias en la Ciudad de México.

“En 2001, el día 8 de agosto, tres sucursales de banco Banamex explotaron unos petardos. El día 13 de agosto, cinco días después, el Ejército, el Cisen , la Policía Federal, en esa época Policía Judicial Federal detienen a 3 jóvenes y dos señores, los juzgan en el penal del Altiplano, los meten en las celdas de castigo y los acusan de terroristas (…) son torturados durante 12 horas en su domicilio, y son trasladados al penal de máxima seguridad del Altiplano. Pprimero pide el MP 74 años de prisión porque era la pena máxima de terrorismo, después son sentenciados a 13 años y medio, después en la apelación se les baja la sentencia a 7 y medio, y en el amparo salgo yo, en el 2005, del penal del altiplano”, comentó Alejandro.

“Hay que defender el derecho a la protesta”

Jesús Robles Maloof, abogado defensor de derechos humanos, subrayó la importancia de que la ciudadanía defienda su derecho a la protesta, ante el embate que se ha emprendido en el DF para cancelarlo.

Dijo que resulta peligroso, pues no sólo tratan de impedir el derecho a la protesta, sino además, tratan de inhibir el derecho a la reunión.

“No es que antes estábamos muy bien, es que estamos mucho más conscientes y más dispuestos a defender esta ciudad. Y a defender la posibilidad de reunirnos, porque la protesta no sólo es ejercer la protesta en marchas (…) hay que defender ese derecho porque también implica la posibilidad de reunirnos porque el otro parámetro que están promoviendo es el de “no debes reunirte” no debes estar en la Calle”, debes estar en tu casa viendo TV.

“¿Ese es el mundo que queremos? ¿Queremos una ciudad donde quien mande sea el policía? (…) Que nos escuchen el señor Mancera y Peña, ninguna reunión puede ser disuelta si esta tiene un objeto licito”, apuntó.