Posicionamientos de la Sociedad Civil ante visita ONU-DH / Secretario Ejecutivo de la Red TDT Fernando Ríos Martínez en el espacio de organizaciones Nacionales

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

La documentación del Comité Cerezo, reporta que de junio de 2014 a mayo de 2015 registraron 448 eventos de agresiones contra 248 personas defensoras, 47 organizaciones y 35 comunidades. Esto refleja un aumento constante durante los últimos años. Las agresiones en el periodo de Enrique Peña Nieto ha crecido de manera alarmante. Además han surgido varias iniciativas de ley que pretenden legalizar la represión política para controlar cualquier tipo de disidencia.

Sr Zeid Raad Hussein
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Una parte sustantiva de la crisis generalizada que vivimos ahora es por el modelo económico en México y que además amenaza la vida de las próximas generaciones. El modelo económico actual está agudizando las condiciones que afectan a grandes colectivos campesinos, indígenas y poblaciones urbanas. La privatización de recursos naturales estratégicos, los pactos comerciales que han desregulado la tierra, así como el despojo de agua, selvas y bosques; así como la Reforma Energética y la ley de minas, son agravantes que ya están afectando el patrimonio y la vida de cientos de comunidades y están ocasionando conflictos socioambientales, represión política y despojo de los bienes a sus propietarios y ejidos en su mayoría pobres.

Los megaproyectos o grandes proyectos de desarrollo, tienen graves impactos en lo ambiental y en lo social. La minería extensiva, el fracking, la creación de Presas, acueductos, termoeléctricas, gasoductos, proyectos carreteros, turísticos, parques eólicos, la siembra de soya y maíz transgénico son ejemplo de la devastación de grandes regiones.

La realización de estas obras se realiza sin la consulta a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, como debiera hacerlo, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. La reciente consulta de Juchitán, la cual pretende ser modelo tuvo enormes irregularidades. Todos los principios fueron violentados y finalmente la consulta fue una simulación.

Cuando los pueblos afectados presentan los recursos jurídicos le son negados sin argumentos suficientes (no se comprueba la afectación o no hay interés legítimo). Las comunidades enfrentan el hecho de que a pesar de la existencia de sentencias que los amparan o de suspensiones dictadas por jueces, éstas no se han cumplido o han tenido grandes dificultades para lograr que se cumplan, ya que son las empresas y las mismas autoridades quienes no cumplen con ellas recayendo en desacato, lo cual además no genera mayores sanciones para ellas. La raíz de todo esto es que no existe la independencia judicial.

El pueblo Yaqui sufrió la construcción de un acueducto en su territorio sin contar con la Manifestación del Impacto Ambiental que sigue en operación a pesar de contar con resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esto se pone en juego la vida misma de las comunidades, a quienes les une un vínculo espiritual con la tierra. No es una mercancía como pretenden hacerlo ver. El territorio es concibido como algo muy profundo, donde se cimentan sus relaciones, valores y cultura; los espacios son parte de una cosmovisión que los une con sus ancestros y es el legado para las generaciones futuras.

Las consecuencias de estas políticas carentes de perspectiva de sustentabilidad, es el desplazamiento de comunidades, la pérdida de sus bienes, derrames de substancias tóxicas, el riesgo de algunas especies animales y vegetales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire. Además de la afectación a los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda, la cultura, al medio ambiente y con ello la afectación devastadora de una mayor pobreza.

Ante esto las comunidades se han organizado para proteger su territorio y con ello la vida de las generaciones futuras, sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido condenar a la cárcel a los líderes de los pueblos, judicializar la lucha con órdenes de aprehensión y promover los ataques a las personas defensoras.

Las consecuencias para quienes se han opuesto al saqueo ha sido un combate incesante . Por ejemplo en la zona nahua de la costa michoacana han asesinado a más de 32 personas indígenas, entre ellos un niño de 12 años, este último asesinado por un convoy militar. Así en otras regiones. Además ante la fuerza con la que ha surgido el crimen organizado en los últimos años, éste grupo en connivencia con autoridades han despojado de los bienes comunes en múltiples regiones.

La documentación del Comité Cerezo, reporta que de junio de 2014 a mayo de 2015 registraron 448 eventos de agresiones contra 248 personas defensoras, 47 organizaciones y 35 comunidades. Esto refleja un aumento constante durante los últimos años. Las agresiones en el periodo de Enrique Peña Nieto ha crecido de manera alarmante. Además han surgido varias iniciativas de ley que pretenden legalizar la represión política para controlar cualquier tipo de disidencia. En este contexto las empresas privadas se han constituido en agresores frecuentes de las personas defensoras de la tierra y el territorio, junto con las autoridades y los caciques locales y regionales.

Por otro lado, la cosificación de la vida humana ha tenido consecuencias culturales terribles. México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial, según un informe sobre Feminicidio en México, elaborado por ONU Mujeres, los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde al año 2007. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, según datos de las Procuradurías de Justicia de los Estados, cada día en México se asesinan 6 mujeres, en el 2012 y 2013 se asesinaron al menos a 3892 mujeres en el país. Además una de cada tres personas desaparecidas es mujer y casi la mitad de ellas es menor de edad.

La respuesta ante los efectos del modelo económico ha sido la implementación de programas sociales que no han aportado cambios sustanciales, pues estamos en los mismos niveles de pobreza que hace 20 años. Estos programas asistenciales dividen y crean dependencia y por si fuera poco, son utilizados como propaganda y manipulación política.

Por otro lado, como consecuencia de una política que favorece la desigualdad, nos encontramos con porcentajes de pobreza muy similar a hace 20 años. (46.2 % y en extrema pobreza 9.5). Donde solamente los “no pobres” y no vulnerable es de solo 20.5%

Esto tiene su explicación en que los beneficios del insuficiente crecimiento económico se va a un reducido porcentaje de la población. El 10% más rico posee el 64% de toda la riqueza del país; los 16 mexicanos más ricos acumulan 142, 900 millones de dólares.

Una parte sustantiva de la crisis generalizada que vivimos ahora es por el modelo económico en México y que además amenaza la vida de las próximas generaciones. El modelo económico actual está agudizando las condiciones que afectan a grandes colectivos campesinos, indígenas y poblaciones urbanas. La privatización de recursos naturales estratégicos, los pactos comerciales que han desregulado la tierra, así como el despojo de agua, selvas y bosques; así como la Reforma Energética y la ley de minas, son agravantes que ya están afectando el patrimonio y la vida de cientos de comunidades y están ocasionando conflictos socioambientales, represión política y despojo de los bienes a sus propietarios y ejidos en su mayoría pobres.

Los megaproyectos o grandes proyectos de desarrollo, tienen graves impactos en lo ambiental y en lo social. La minería extensiva, el fracking, la creación de Presas, acueductos, termoeléctricas, gasoductos, proyectos carreteros, turísticos, parques eólicos, la siembra de soya y maíz transgénico son ejemplo de la devastación de grandes regiones.

La realización de estas obras se realiza sin la consulta a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, como debiera hacerlo, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. La reciente consulta de Juchitán, la cual pretende ser modelo tuvo enormes irregularidades. Todos los principios fueron violentados y finalmente la consulta fue una simulación.

Cuando los pueblos afectados presentan los recursos jurídicos le son negados sin argumentos suficientes (no se comprueba la afectación o no hay interés legítimo). Las comunidades enfrentan el hecho de que a pesar de la existencia de sentencias que los amparan o de suspensiones dictadas por jueces, éstas no se han cumplido o han tenido grandes dificultades para lograr que se cumplan, ya que son las empresas y las mismas autoridades quienes no cumplen con ellas recayendo en desacato, lo cual además no genera mayores sanciones para ellas. La raíz de todo esto es que no existe la independencia judicial.

El pueblo Yaqui sufrió la construcción de un acueducto en su territorio sin contar con la Manifestación del Impacto Ambiental que sigue en operación a pesar de contar con resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esto se pone en juego la vida misma de las comunidades, a quienes les une un vínculo espiritual con la tierra. No es una mercancía como pretenden hacerlo ver. El territorio es concibido como algo muy profundo, donde se cimentan sus relaciones, valores y cultura; los espacios son parte de una cosmovisión que los une con sus ancestros y es el legado para las generaciones futuras.

Las consecuencias de estas políticas carentes de perspectiva de sustentabilidad, es el desplazamiento de comunidades, la pérdida de sus bienes, derrames de substancias tóxicas, el riesgo de algunas especies animales y vegetales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire. Además de la afectación a los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda, la cultura, al medio ambiente y con ello la afectación devastadora de una mayor pobreza.

Ante esto las comunidades se han organizado para proteger su territorio y con ello la vida de las generaciones futuras, sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido condenar a la cárcel a los líderes de los pueblos, judicializar la lucha con órdenes de aprehensión y promover los ataques a las personas defensoras.

Las consecuencias para quienes se han opuesto al saqueo ha sido un combate incesante . Por ejemplo en la zona nahua de la costa michoacana han asesinado a más de 32 personas indígenas, entre ellos un niño de 12 años, este último asesinado por un convoy militar. Así en otras regiones. Además ante la fuerza con la que ha surgido el crimen organizado en los últimos años, éste grupo en connivencia con autoridades han despojado de los bienes comunes en múltiples regiones.

La documentación del Comité Cerezo, reporta que de junio de 2014 a mayo de 2015 registraron 448 eventos de agresiones contra 248 personas defensoras, 47 organizaciones y 35 comunidades. Esto refleja un aumento constante durante los últimos años. Las agresiones en el periodo de Enrique Peña Nieto ha crecido de manera alarmante. Además han surgido varias iniciativas de ley que pretenden legalizar la represión política para controlar cualquier tipo de disidencia. En este contexto las empresas privadas se han constituido en agresores frecuentes de las personas defensoras de la tierra y el territorio, junto con las autoridades y los caciques locales y regionales.

Por otro lado, la cosificación de la vida humana ha tenido consecuencias culturales terribles. México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial, según un informe sobre Feminicidio en México, elaborado por ONU Mujeres, los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde al año 2007. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, según datos de las Procuradurías de Justicia de los Estados, cada día en México se asesinan 6 mujeres, en el 2012 y 2013 se asesinaron al menos a 3892 mujeres en el país. Además una de cada tres personas desaparecidas es mujer y casi la mitad de ellas es menor de edad.

La respuesta ante los efectos del modelo económico ha sido la implementación de programas sociales que no han aportado cambios sustanciales, pues estamos en los mismos niveles de pobreza que hace 20 años. Estos programas asistenciales dividen y crean dependencia y por si fuera poco, son utilizados como propaganda y manipulación política.

Por otro lado, como consecuencia de una política que favorece la desigualdad, nos encontramos con porcentajes de pobreza muy similar a hace 20 años. (46.2 % y en extrema pobreza 9.5). Donde solamente los “no pobres” y no vulnerable es de solo 20.5%

Esto tiene su explicación en que los beneficios del insuficiente crecimiento económico se va a un reducido porcentaje de la población. El 10% más rico posee el 64% de toda la riqueza del país; los 16 mexicanos más ricos acumulan 142, 900 millones de dólares. La desigualdad ha significado que millones de hogares se encuentren con ingresos que no cubren las necesidades mínimas, mientras los hombres más ricos se encuentren en esta posición a base de despojar a las comunidades de sus bienes y recursos más preciados.

Denunciamos que este modelo económico traerá más muerte, despojo y riesgo para las próximas décadas de seguir así.

La desigualdad ha significado que millones de hogares se encuentren con ingresos que no cubren las necesidades mínimas, mientras los hombres más ricos se encuentren en esta posición a base de despojar a las comunidades de sus bienes y recursos más preciados.

Denunciamos que este modelo económico traerá más muerte, despojo y riesgo para las próximas décadas de seguir así.

Las comunidades enfrentan el hecho de que a pesar de la existencia de sentencias que los amparan o de suspensiones dictadas por jueces, éstas no se han cumplido o han tenido grandes dificultades para lograr que se cumplan, ya que son las empresas y las

Una parte sustantiva de la crisis generalizada que vivimos ahora es por el modelo económico en México y que además amenaza la vida de las próximas generaciones. El modelo económico actual está agudizando las condiciones que afectan a grandes colectivos campesinos, indígenas y poblaciones urbanas. La privatización de recursos naturales estratégicos, los pactos comerciales que han desregulado la tierra, así como el despojo de agua, selvas y bosques; así como la Reforma Energética y la ley de minas, son agravantes que ya están afectando el patrimonio y la vida de cientos de comunidades y están ocasionando conflictos socioambientales, represión política y despojo de los bienes a sus propietarios y ejidos en su mayoría pobres.

Los megaproyectos o grandes proyectos de desarrollo, tienen graves impactos en lo ambiental y en lo social. La minería extensiva, el fracking, la creación de Presas, acueductos, termoeléctricas, gasoductos, proyectos carreteros, turísticos, parques eólicos, la siembra de soya y maíz transgénico son ejemplo de la devastación de grandes regiones.

La realización de estas obras se realiza sin la consulta a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, como debiera hacerlo, de acuerdo al convenio 169 de la OIT. La reciente consulta de Juchitán, la cual pretende ser modelo tuvo enormes irregularidades. Todos los principios fueron violentados y finalmente la consulta fue una simulación.

Cuando los pueblos afectados presentan los recursos jurídicos le son negados sin argumentos suficientes (no se comprueba la afectación o no hay interés legítimo). Las comunidades enfrentan el hecho de que a pesar de la existencia de sentencias que los amparan o de suspensiones dictadas por jueces, éstas no se han cumplido o han tenido grandes dificultades para lograr que se cumplan, ya que son las empresas y las mismas autoridades quienes no cumplen con ellas recayendo en desacato, lo cual además no genera mayores sanciones para ellas. La raíz de todo esto es que no existe la independencia judicial.

El pueblo Yaqui sufrió la construcción de un acueducto en su territorio sin contar con la Manifestación del Impacto Ambiental que sigue en operación a pesar de contar con resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esto se pone en juego la vida misma de las comunidades, a quienes les une un vínculo espiritual con la tierra. No es una mercancía como pretenden hacerlo ver. El territorio es concibido como algo muy profundo, donde se cimentan sus relaciones, valores y cultura; los espacios son parte de una cosmovisión que los une con sus ancestros y es el legado para las generaciones futuras.

Las consecuencias de estas políticas carentes de perspectiva de sustentabilidad, es el desplazamiento de comunidades, la pérdida de sus bienes, derrames de substancias tóxicas, el riesgo de algunas especies animales y vegetales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire. Además de la afectación a los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda, la cultura, al medio ambiente y con ello la afectación devastadora de una mayor pobreza.

Ante esto las comunidades se han organizado para proteger su territorio y con ello la vida de las generaciones futuras, sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido condenar a la cárcel a los líderes de los pueblos, judicializar la lucha con órdenes de aprehensión y promover los ataques a las personas defensoras.

Las consecuencias para quienes se han opuesto al saqueo ha sido un combate incesante . Por ejemplo en la zona nahua de la costa michoacana han asesinado a más de 32 personas indígenas, entre ellos un niño de 12 años, este último asesinado por un convoy militar. Así en otras regiones. Además ante la fuerza con la que ha surgido el crimen organizado en los últimos años, éste grupo en connivencia con autoridades han despojado de los bienes comunes en múltiples regiones.

La documentación del Comité Cerezo, reporta que de junio de 2014 a mayo de 2015 registraron 448 eventos de agresiones contra 248 personas defensoras, 47 organizaciones y 35 comunidades. Esto refleja un aumento constante durante los últimos años. Las agresiones en el periodo de Enrique Peña Nieto ha crecido de manera alarmante. Además han surgido varias iniciativas de ley que pretenden legalizar la represión política para controlar cualquier tipo de disidencia. En este contexto las empresas privadas se han constituido en agresores frecuentes de las personas defensoras de la tierra y el territorio, junto con las autoridades y los caciques locales y regionales.

Por otro lado, la cosificación de la vida humana ha tenido consecuencias culturales terribles. México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial, según un informe sobre Feminicidio en México, elaborado por ONU Mujeres, los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde al año 2007. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, según datos de las Procuradurías de Justicia de los Estados, cada día en México se asesinan 6 mujeres, en el 2012 y 2013 se asesinaron al menos a 3892 mujeres en el país. Además una de cada tres personas desaparecidas es mujer y casi la mitad de ellas es menor de edad.

La respuesta ante los efectos del modelo económico ha sido la implementación de programas sociales que no han aportado cambios sustanciales, pues estamos en los mismos niveles de pobreza que hace 20 años. Estos programas asistenciales dividen y crean dependencia y por si fuera poco, son utilizados como propaganda y manipulación política.

Por otro lado, como consecuencia de una política que favorece la desigualdad, nos encontramos con porcentajes de pobreza muy similar a hace 20 años. (46.2 % y en extrema pobreza 9.5). Donde solamente los “no pobres” y no vulnerable es de solo 20.5%

Esto tiene su explicación en que los beneficios del insuficiente crecimiento económico se va a un reducido porcentaje de la población. El 10% más rico posee el 64% de toda la riqueza del país; los 16 mexicanos más ricos acumulan 142, 900 millones de dólares. La desigualdad ha significado que millones de hogares se encuentren con ingresos que no cubren las necesidades mínimas, mientras los hombres más ricos se encuentren en esta posición a base de despojar a las comunidades de sus bienes y recursos más preciados.

Denunciamos que este modelo económico traerá más muerte, despojo y riesgo para las próximas décadas de seguir así.

mismas autoridades quienes no cumplen con ellas recayendo en desacato, lo cual además no genera mayores sanciones para ellas. La raíz de todo esto es que no existe la independencia judicial.

El pueblo Yaqui sufrió la construcción de un acueducto en su territorio sin contar con la Manifestación del Impacto Ambiental que sigue en operación a pesar de contar con resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esto se pone en juego la vida misma de las comunidades, a quienes les une un vínculo espiritual con la tierra. No es una mercancía como pretenden hacerlo ver. El territorio es concibido como algo muy profundo, donde se cimentan sus relaciones, valores y cultura; los espacios son parte de una cosmovisión que los une con sus ancestros y es el legado para las generaciones futuras.

Las consecuencias de estas políticas carentes de perspectiva de sustentabilidad, es el desplazamiento de comunidades, la pérdida de sus bienes, derrames de substancias tóxicas, el riesgo de algunas especies animales y vegetales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire. Además de la afectación a los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda, la cultura, al medio ambiente y con ello la afectación devastadora de una mayor pobreza.

Ante esto las comunidades se han organizado para proteger su territorio y con ello la vida de las generaciones futuras, sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido condenar a la cárcel a los líderes de los pueblos, judicializar la lucha con órdenes de aprehensión y promover los ataques a las personas defensoras.

Las consecuencias para quienes se han opuesto al saqueo ha sido un combate incesante . Por ejemplo en la zona nahua de la costa michoacana han asesinado a más de 32 personas indígenas, entre ellos un niño de 12 años, este último asesinado por un convoy militar. Así en otras regiones. Además ante la fuerza con la que ha surgido el crimen organizado en los últimos años, éste grupo en connivencia con autoridades han despojado de los bienes comunes en múltiples regiones.

La documentación del Comité Cerezo, reporta que de junio de 2014 a mayo de 2015 registraron 448 eventos de agresiones contra 248 personas defensoras, 47 organizaciones y 35 comunidades. Esto refleja un aumento constante durante los últimos años. Las agresiones en el periodo de Enrique Peña Nieto ha crecido de manera alarmante. Además han surgido varias iniciativas de ley que pretenden legalizar la represión política para controlar cualquier tipo de disidencia. En este contexto las empresas privadas se han constituido en agresores frecuentes de las personas defensoras de la tierra y el territorio, junto con las autoridades y los caciques locales y regionales.

Por otro lado, la cosificación de la vida humana ha tenido consecuencias culturales terribles. México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial, según un informe sobre Feminicidio en México, elaborado por ONU Mujeres, los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde al año 2007. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, según datos de las Procuradurías de Justicia de los Estados, cada día en México se asesinan 6 mujeres, en el 2012 y 2013 se asesinaron al menos a 3892 mujeres en el país. Además una de cada tres personas desaparecidas es mujer y casi la mitad de ellas es menor de edad.

La respuesta ante los efectos del modelo económico ha sido la implementación de programas sociales que no han aportado cambios sustanciales, pues estamos en los mismos niveles de pobreza que hace 20 años. Estos programas asistenciales dividen y crean dependencia y por si fuera poco, son utilizados como propaganda y manipulación política.

Por otro lado, como consecuencia de una política que favorece la desigualdad, nos encontramos con porcentajes de pobreza muy similar a hace 20 años. (46.2 % y en extrema pobreza 9.5). Donde solamente los “no pobres” y no vulnerable es de solo 20.5%

Esto tiene su explicación en que los beneficios del insuficiente crecimiento económico se va a un reducido porcentaje de la población. El 10% más rico posee el 64% de toda la riqueza del país; los 16 mexicanos más ricos acumulan 142, 900 millones de dólares. La desigualdad ha significado que millones de hogares se encuentren con ingresos que no cubren las necesidades mínimas, mientras los hombres más ricos se encuentren en esta posición a base de despojar a las comunidades de sus bienes y recursos más preciados.

Denunciamos que este modelo económico traerá más muerte, despojo y riesgo para las próximas décadas de seguir así.

Ver en línea : Posicionamientos de la Sociedad Civil ante visita ONU-DH / Secretario Ejecutivo de la Red TDT Fernando Ríos Martínez en el espacio de organizaciones Nacionales

Navigation

AgendaTous les événements