El Estado disparó, detuvo y entregó a los estudiantes; víctimas tienen el derecho a la verdad: Cerezo

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

En palabras de Francisco Cerezo, coordinador de la organización defensora de derechos humanos Comité Cerezo, el Estado mexicano no quiere reconocer al caso Ayotzinapa como desaparición forzada debido a que este crimen constituye una violación a los derechos humanos, y en términos de derecho internacional, el Estado es el único que comete violaciones a los derechos humanos.

(28 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En palabras de Francisco Cerezo, coordinador de la organización defensora de derechos humanos Comité Cerezo, el Estado mexicano no quiere reconocer al caso Ayotzinapa como desaparición forzada debido a que este crimen constituye una violación a los derechos humanos, y en términos de derecho internacional, el Estado es el único que comete violaciones a los derechos humanos.

“El Estado es el que comete las violaciones a los derechos humanos y la desaparición forzada es una violación a derechos humanos, es decir un acto que comete un funcionario público y por tanto es tan difícil que el Estado mexicano, en un inicio, dijera que fue una desaparición forzada”, comentó.

Recordó que parte de la argumentación de las autoridades mexicanas para deslindar la responsabilidad del Estado en el crimen contra los 43 estudiantes, se centró en decir que los policías municipales “antes de ser policías eran narcos que se habían penetrado en las límpias instituciones mexicanas, pero que era responsabilidad de ellos como narcotraficantes”.

“Desde los derechos humanos es al revés, no es que sean narcos, son funcionarios públicos. Al ser policías municipales los que disparan, los que detienen, los que se llevan a los compañeros de Ayotzinapa, se está configurando la desaparición forzada”, explicó.

El defensor de los derechos humanos detalló que para ser considerado un crimen como desaparición forzada debe cumplir tres parámetros, entre ellos que sea un agente estatal el que cometa el ilícito, y que el Estado niegue los hechos y se deslinde de su responsabilidad.

“Tiene que cumplir 3 características para ser llamada desaparición forzada: la primera, sencillo: que sea forzada, nadie se va a desaparecer por voluntad. La segunda que sea realizada por funcionarios públicos y la tercera es que los funcionarios o el Estado nieguen los hechos. Cuando la PGR dice que no fue el Estado en ese momento se configura la desaparición forzada, es decir fue el Estado”, comentó.

En este sentido reiteró que la desaparición forzada es un acto realizado por autoridades y en el caso Ayotzinapa, el Estado, a través de los policías en calidad de funcionarios y representantes del Estado, disparó, detuvo y entregó a los 43 estudiantes.

“La desaparición forzada tiene el objetivo de que no se sepa el paradero real de esa gente. Es una de las violaciones a los derechos humanos porque no permite saber el paradero real de los familiares, y en la cultura mexicana, como en otras, el no tener un cuerpo a quien llorar es bastante agresivo, no sólo para los familiares, sino para la sociedad”, puntualizó.

En relación a lo anterior manifestó que en México no hay cifras reales sobre los casos de desaparición forzada, ya que asegura, el objetivo es invisibililizar la problemática para que la sociedad no sepa lo que está pasando. Por lo anterior enfatiza que “no hay documentación que le pueda decir al Estado una cifra precisa”, sin embargo las estimaciones apuntan a que se registran más de 25,000 desaparecidos forzadamente en el país.

Añadió que el derecho a la verdad es reconocido como derecho humano de las víctimas de desaparición forzada- en este caso de los familiares como víctimas- a través del cual se reconoce la necesidad de saber exactamente qué pasó.

“Uno de los derechos humanos de las víctimas es la verdad, saber exactamente qué pasó, pero no sólo eso, sino también conocer el paradero real de la víctima y otra cosa muy importante: saber por qué se cometieron los hechos. Porque la verdad incluye el por qué e incluso quienes son los beneficiados de esta situaciones, no basta saber qué pasó, también necesitamos saber por qué sucedió y quién se está beneficiando”, detalló.

En tal sentido explicó que en el caso Ayotzinapa, con la presencia de la mina de oro más importante de América Latina en la región de Iguala, resulta precisó conocer esto último, y definir quién pude salir beneficiado del atentado contra los estudiantes.

“Si alrededor hay minas de metales preciosos, habría que ver quién se está beneficiando de la desaparición forzada de estudiantes de una normal rural, que pertenecen a la federación de estudiantes socialistas campesinos de México, que son parte de un movimiento social”, comentó.

Por otro lado, Francisco Cerezo explicó que si bien la violación de los derechos humanos es cometida sólo por el Estado, en ocasiones esta es cometida por particulares con beneplácito del Estado.

“La desaparición forzada es una violación a los DDHH y es cometida por el Estado. Cuando la cometen particulares puede ser porque el Estado mandata a esos particulares y esa violación se llama aquiescencia y es la forma más elaborada que tiene el Estado para violar derechos humanos con la intención que parezca que es un conflicto entre particulares, entre narcotraficantes, entre otras cosas que no sea el Estado. Es parte de la sevicia del propio Estado mexicano para lograr sus objetivos y su objetivo general es profundizar el neoliberalismo en México”, subrayó.

En referencia a la violación de derechos humanos entre privados con la anuencia de las autoridades, Luis Daniel Vázquez Valencia, doctor en ciencias sociales e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), comentó que esta situación sí implica responsabilidad del Estado.

“No se trata sólo que sea un servidor público, ha sucedido que privados, con la anuencia del Estado violentan los derechos humanos. Esto se hizo muy evidente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) cuando vio en Perú o en Colombia que se usaban a paramilitares para violentar derechos humanos. En esto se vio que si bien no eran entes reconocidos por el Estado, sí había una anuencia del Estado. El Estado permitía que se presentara esa violación, y en ocasiones facilitaba el contexto para que se llevara a cabo”, señaló.

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