No sólo activistas y padres de los 43: la ONU exige al Estado parar ataques a DH

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"Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fueron detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro, dijo Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México."

Hace exactamente una semana, el Presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso con el respeto y protección de los derechos humanos, aunque reconoció que “aún prevalecen desafíos importantes que no debemos ni vamos a ignorar”.

Ayer la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en esta materia (ONU-DH) instó al Estado mexicano a abstenerse de acciones que interfieran en el labor de las organizaciones y familiares que defienden las garantías de los miles de desparecidos en el país, tales como “injerencias arbitrarias, descalificaciones públicas o cualquier otro tipo de acción indebida”. Las críticas contra el gobierno mexicano por parte de activistas, analistas y la sociedad civil han sido constantes durante los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, analistas explican que explotó por la desaparición de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.

El 16 de diciembre pasado, los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y abogados exigieron el alto a la represión y criminalización del Estado al movimiento de la búsqueda de los jóvenes. Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien lleva el caso de los desaparecidos, dijo que durante los últimos días la criminalización y persecución a organizaciones y familiares se endureció.

El reclamo de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió días después de que el titular de la Secretaría de Marina (Semar), el Teniente Francisco Vidal Soberón Sanz, dijera a la prensa: “Llama la atención que, independientemente de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal, encabezados por la PGR, porque Marina, Cisen y Ejército coadyuvan; llama la atención que hay muchos actores tratando de desacreditar lo hecho […]. Me enoja todavía más que manipulen a los padres de familia, que manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo para no reconocer o para seguir incrementado esto […]. Más coraje me da que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesan ni los padres ni estos muchachos”.

Aunado a esto, una investigación de El Sur reveló esta semana que los activistas que mantuvieron su respaldo a la Normal Rural de Ayotzinapa tras las ejecuciones de dos estudiantes por policías el 12 de diciembre de 2011 están presos, fueron asesinados o son hostigados por las autoridades, según denunciaron alumnos de cuarto grado que hace tres años estuvieron en el desalojo en la Autopista del Sol.

Entre los asesinados mencionaron al dirigente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, junto a dos activistas de la misma organización; el líder de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, y su pareja, en 2013, y cuatro integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), en noviembre.

MÉXICO NO ES PAÍS PARA EL ACTIVISMO

México se convirtió durante las últimas dos administraciones federales en un lugar hostil para el activismo y la prensa, que lejos de mejorar, empeoró al grado de que encarcelar a un defensor de derechos humanos y amenazar a un periodista es una práctica común entre los funcionarios públicos que nadie castiga.

Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fueron detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro, dijo Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México.

“Esto se va a ir incrementando porque es un mecanismo eficaz del Estado para inhibir la actividad de los defensores de derechos humanos en el país”, dijo. Cerezo planteó que el incremento de detenidos por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron mil casos.

Si a este dato –expuso– se le suma que de 2008 a la fecha fueron ejecutados extraoficialmente 90 activistas defensores de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, el panorama para el activismo en México es poco alentador.

“Los defensores de derechos humanos están sufriendo amenazas, hostigamientos por la labor que están haciendo en México en su lucha en contra de megaproyectos y de las reformas estructurales. El Estado está generando un clima de criminalización para golpear, amenazar, para la ejecución extraoficial y desaparición forzada”, indicó.

En el reciente informe de Amnistía Internacional “Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso”, la organización denunció que las agresiones y criminalización de los defensores de derechos humanos, los maltratos de las autoridades a los migrantes y falta de respuesta por parte del gobierno a activistas y periodistas ponen al país en situación de riesgo.

En el documento presentado el pasado 9 de diciembre, en el marco de la celebración del Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos, Amnistía denunció que en 2013 a la fecha se registraron 89 eventos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos que comprenden “26 mujeres, 35 hombres, 11 organizaciones de derechos humanos y cuatro familiares de defensoras y defensores”.

LOS LLAMADOS INTERNACIONALES

Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, Peña Nieto reconoció que se tiene que hacer mucho más, para garantizar en el país los derechos inherentes a todo ser humano y aseguró que el objetivo es crear una nueva cultura en la materia, que norme la actuación de cada una de las instancias del Estado mexicano.

Organismos internacionales han hecho peticiones públicas y puntuales al gobierno de Peña Nieto sobre la crisis de derechos humanos. Ayer, la representación en México del Alto Comisionado de la ONU destacó la urgencia de acelerar la implementación de las recomendaciones pendientes formuladas al Estado mexicano por los organismos internacionales de derechos humanos.

“La agenda incluye: emitir una ley general e integral en la materia; el reconocimiento nacional de la figura de declaración de ausencia por desaparición; el combate efectivo a la impunidad; el fortalecimiento de servicios forenses independientes; la instauración de un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas; la instauración de bancos genéticos; la protección de víctimas y testigos; la regulación apropiada del uso de la fuerza; el registro de personas detenidas y el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de personas que aleguen ser víctimas de una desaparición”, manifestó la ONU-DH.

El pasado lunes 15 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) pidió al Presidente someterse “a la brevedad” a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, el organismo recordó que México está obligado a cumplir de manera “cabal e integral” con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “Tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional, con el fin de resolver estos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados de la República, esta Comisión Nacional recuerda que el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, expuso la CNDH.

La CNDH hizo un atento llamado al Poder Legislativo a realizar las reformas pertinentes con objeto de contar con una Ley General en materia de Desaparición Forzada, que incluya la adecuación del tipo penal de desaparición conforme a los estándares internacionales y de la adopción de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, por considerar que son medidas a las que un Estado democrático de derecho debe aspirar para lograr la plena vigencia de los derechos humanos.

En el mismo sentido se pronunció el pasado 8 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que urgió al Estado mexicano a adoptar las medidas que sean necesarias para resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales, manifestó, no se limitan al caso de los estudiantes de la Normal Ayotzinapa.

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