Presos del #20NovMx, mensaje del Estado para inhibir el derecho a la protesta

23 de noviembre, 2014).- Las y los jóvenes que fueron detenidos al término de la marcha multitudinaria del 20 de noviembre por el caso Ayotzinapa, y consignados bajo los cargos de motín, tentativa de homicidio y asociación delictuosa a penales de alta seguridad, es un mensaje del Estado mexicano para hacer imperar el miedo e inhibir el derecho humano a la protesta, así lo consideraron Jesús González del Instituto Mexicano de Derechos Humanos (IMDH); Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, y Omar Rabago, director Ejecutivo de Cencos.

Diversas irregularidades se registraron en el operativo policíaco para desalojar a cientos de miles de personas que se manifestaban en el Zócalo capitalino en repudio a la actuación del Estado mexicano por las ejecuciones extrajudiciales de tres estudiantes y la desaparición forzada de 43 jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurridas en Iguala Guerrero la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.

El operativo del 20 de noviembre en la plancha del Zócalo, a cargo de agentes federales y capitalinos, fue “sin una estrategia clara, la orden era golpear a quien estuviera en el paso de los policías […]. Los jóvenes fueron detenidos arbitrariamente por policías del Distrito Federal y llevados a la SEIDO, cuando debieron haber sido trasladados a los Ministerios Públicos del Distrito Federal”, explicó Jesús González.

En la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a las 11 personas detenidas se les negó la comunicación con sus familiares, así como la defensa legal personalizada y fueron trasladados a penales de alta seguridad en Nayarit y Veracruz el sábado 24 de noviembre a las 7 de la mañana, sin que los familiares de las mismas fueran notificados.

Las tres mujeres, Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega y Tania Damián Rojas se encuentran en el Cefereso Número 4 de Tepic, Nayarit. Los hombres, Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez y Laurence Maxwell, fueron consignados al Cefereso Número 5 de Villa Aldama, en Perote, Veracruz.

El “dudoso” proceder de las autoridades federales al asignar abogados de oficio, el traslado a penales de alta seguridad fuera de la ciudad de México, y la remisión del caso de los 11 jóvenes al juzgado 17 de Distrito en Jalapa Veracruz, “es otra señal del sistema de justicia corrupto para dificultar la defensa, es un claro mensaje político”, aseveró Jesús González.

En la conferencia también estuvo presente Jesús Antonio Rojas Méndez, tío de Tania Damián Rojas estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien en el mismo sentido aseveró que se trata de “la privación ilegal de la libertad contra jóvenes por el Estado mexicano”.

“Nos damos cuenta que esto está completamente politizado, son presos políticos nuestros jóvenes y es un mensaje de miedo. A los jóvenes se les torturó psicológicamente y no sabemos si físicamente”, toda vez que el padre y abogado de Tania, Enrique Damián Rendón, pudo ver a su hija alrededor de las 8 de la noche del viernes y tomó una fotografía en la que la joven presenta un hematoma en el ojo izquierdo.

Erandi Villavicencio, del Comité de Posgrados de la UNAM, se refirió al caso de su compañero Lawrence Maxwell Ilabaca, de nacionalidad chilena y estudiante de doctorado de Letras Hispánicas de la misma casa de estudios, quien regresaba de Oaxaca y acudió al centro para encontrarse con unos amigos, en el momento en que encadenó su bicicleta en una calle cercana al Zócalo fue detenido por la policía.

Este domingo se llevó a cabo una manifestación frente a la Embajada de México en Santiago de Chile, por la detención de Maxwell, escritor y músico. El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en ese país, Jorge Tarud, pidió la actuación del embajador chileno en México, Ricardo Núñez Muñoz, para que “realice todas las gestiones pertinentes ante el gobierno mexicano para salvaguardar todos los derechos de Lawrence”, expresó.

Por su parte, Francisco Cerezo agregó que en este contexto se aplica “el mismo modelo” de represión de la protesta social de los años 60 y 70 contra los jóvenes, al recluirlos en “penales de alta seguridad, alejados de sus lugares de residencia, aislarlos y no permitir una defensa adecuada. Es un mensaje de que cualquiera que proteste contra el Estado va a ser detenido en aislamiento”.

Sin contacto con sus familiares, abogados “y con otros reclusos”, en estos penales las personas sólo tienen derecho a una llamada “cada 9 o 15 días por 3 o 5 minutos […]. Están diseñados para doblegar a las personas que por alguna cuestión política están disintiendo de las acciones del Estado mexicano […]. Ahí están las grandes ligas de los criminales y ahí es donde van a meter a muchachos universitarios”.

Omar Rabago, de Cencos, hizo “un llamado al grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarios de Naciones Unidas (ONU) para que pida información al Estado mexicano sobre el caso y que si hay violaciones al debido proceso que se reponga”.

Rabago hizo hincapié en que la “represión ha sido enfocada a los jóvenes”, a quienes se les anula los derechos a la protesta, a la asociación, a la participación política y al espacio público para manifestarse.

Lo que sistemáticamente viene ocurriendo desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta como titular del Ejecutivo Federal. Los agentes policíacos actúan reprimiendo y encarcelando a jóvenes bajo el pretexto de actos de violencia perpetrados por personas encapuchadas presentes en cada marcha, sin que hasta ahora se haya detenido a ninguna de éstas, recordó Jesús González.