Hechos de Ayotzinapa constituyen terrorismo de Estado: defensores DH

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Ante lo expuesto anteriormente el Comité Cerezo México exigió al Estado mexicano cumplir su obligación de respetar el derecho a la vida de las personas defensoras de los derechos humanos o integrantes del movimiento social y político del país.

El ataque, la ejecución extrajudicial, las desapariciones forzadas en contra de jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, no son resultado de la ausencia del Estado, ni son un hecho aislado o producto de malos funcionarios, mucho menos de la infiltración del narcotráfico en estructuras del Estado, sino consecuencia de la política sistemática de violaciones a los derechos humanos en contra de los mexicanos y una muestra inequívoca de la estrategia de represión dirigida contra el movimiento social organizado, la cual se constituye en terrorismo de Estado.

Consideró lo anterior el Comité Cerezo y refirió que en ese sentido fue el fallo de la audiencia temática del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, que se llevó a cabo en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, hace unas semanas.

En dicho fallo, los jueces internacionales condenaron al Estado mexicano por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad: asesinato, cárcel, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, persecución de grupos o colectividades con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas y ataques contra defensores de derechos humanos.

Y condenaron al Estado mexicano por la represión a los movimientos sociales en México y la criminalización de la protesta social, en contra de las libertades de expresión, manifestación pública, asociación y reunión.

Las ganadoras del premio Nobel de la Paz en el marco de dicha audiencia temática llamaron a los gobiernos de México, de América Central y a la comunidad internacional a poner fin a la llamada "guerra contra las drogas" que señalan ha resultado en un sufrimiento humano a gran escala.

"En vez de controlar la oleada de las drogas, las políticas actuales han llevado a una mayor corrupción por parte de autoridades estatales y a una cultura de impunidad para los crímenes como las desapariciones forzadas", señalaron.

Ante los inhumanos hechos ocurridos en Iguala, la Organización de las Naciones Unidas se ha sumado a la condena internacional y ha declarado que estos hechos "coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes y nos compete a hacer un llamado humanitario a quienes tienen en su poder a las personas desaparecidas a que respeten la integridad y la vida de los jóvenes, los liberen de manera inmediata, o en su caso, hagan posible su paradero".

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares 409-14 instando al Estado mexicano a determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.

Cabe resaltar que no es la primera vez que los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos han sido víctimas de otras graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano. El 12 de diciembre de 2011, dos de sus miembros fueron ejecutados extrajudicialmente por policías estatales durante una manifestación pública, hecho que ha quedado en la impunidad; la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) a la cual pertenecen ha sido a lo largo de muchos años víctimas de campañas de desprestigio, estigmatización, detenciones arbitrarias y tortura que han generado un clima de impunidad propicio para reprimirla.

Mediante un comunicado, se precisó que en ese caso se configura la desaparición forzada debido a que los normalistas fueron detenidos por agentes del Estado seguido de la negativa a reconocer el acto y el ocultamiento del paradero de dichos estudiantes.

Se trata, señalaron, de ejecuciones extrajudiciales debido a que agentes del Estado o vinculados a este cometen una privación ilegítima de la vida. Por tanto se define como un "homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado".

Ante lo expuesto anteriormente el Comité Cerezo México exigió al Estado mexicano cumplir su obligación de respetar el derecho a la vida de las personas defensoras de los derechos humanos o integrantes del movimiento social y político del país.

Que garantice los derechos humanos a la memoria, la verdad y la justicia; es decir, a qué se sepa quiénes fueron los perpetradores materiales e intelectuales, se juzgue a los mismos y se establezcan mecanismos de reparación integral de los daños, que incluyen desmontar las estructuras que hicieron posible los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de los normalistas de la Escuela "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

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