¿Narcopolicía o terrorismo de Estado en el caso Ayotzinapa?

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El Comité Cerezo México, que en el 2012 recibiera el Premio de la Paz de Aquisgrán 2012, ha expresado que “la ejecución extrajudicial, las desapariciones forzadas en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no son resultado de la ausencia del Estado, ni de un hecho aislado o producto de malos funcionarios”.

Carlos Portillo y Alejandro Melgoza

(06 de octubre, 2014).- La primera reacción del gobierno ante el caso de Ayotzinapa, fue achacar las ejecuciones y desapariciones de normalistas al crimen organizado. Sin embargo, sigue sin plantear una hipótesis clara sobre el móvil de los delitos.

Los hechos recuerdan las operaciones encubiertas durante la guerra sucia, donde una “Brigada Blanca” auspiciada por el gobierno y dirigida por Miguel Nazar Haro, llevaba a cabo capturas, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Sus objetivos: los movimientos sociales, estudiantiles, campesinos, de izquierda, obreros, guerrilleros y todos aquellos que fueran opositores o ‘incómodos’ para el Estado.

Es por esto que cada vez resuena más la posibilidad de que, ahora, en la tragedia ocurrida en Guerrero, hayan participado grupos paramilitares o escuadrones de la muerte.

El Comité Cerezo México, que en el 2012 recibiera el Premio de la Paz de Aquisgrán 2012, ha expresado que “la ejecución extrajudicial, las desapariciones forzadas en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, no son resultado de la ausencia del Estado, ni de un hecho aislado o producto de malos funcionarios”.

De igual forma ha hecho hincapié en descartar la infiltración del narcotráfico en las estructuras del Estado, pues a su decir, en realidad se trata de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos contra todos los mexicanos, por medio de una estrategia de represión que implica un terrorismo de Estado.

Por su parte también está el fallo de la audiencia temática del Eje de Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, que tuvo lugar en Santa Fe de la Laguna, Michoacán.

En dicha audiencia, el Estado mexicano fue condenado por jueces internacionales, en razón de su “participación directa e indirecta, por acción y omisión en la comisión de crímenes de lesa humanidad: asesinato, cárcel, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, persecución de grupos o colectividades con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas y ataques contra defensores de derechos humanos”.

Asimismo, se condenó la represión del Estado hacia movimientos sociales en el país y la criminalización de la protesta social, agrediendo así las libertades de expresión, manifestación pública y asociación de los ciudadanos.

La Organización de las Naciones Unidos (ONU) también se sumó a la condena internacional de la matanza y desaparición de normalistas en Iguala, considerándoles “los sucesos más terribles de los tiempos recientes y nos compele a hacer un llamado humanitario a quienes tienen en su poder a las personas desaparecidas a que respeten la integridad y la vida de los jóvenes, los liberen de manera inmediata o, en su caso, hagan posible su paradero”.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado al Estado mexicano para que determine la situación y el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en respeto a sus derechos a la vida y a la integridad personal.

Es por esto que ahora se reactiva el recuerdo de los horrores protagonizados por Miguel Nazar Haro, cuando torturaba a jóvenes y después los desaparecía o asesinaba a través de operaciones paramilitares, encargadas de exterminar cualquier señal de oposición.

“Cuando está de por medio la seguridad nacional, no hay Constitución o leyes que valgan una chingada”, llegó a decir, según se registra en el libro El policía. Perseguía, torturaba, mataba, de Rafael Rodriguez Castañeda.

***

Sin embargo, esta no es la primera violación de derechos humanos contra los alumnos de la Normal Rural ‘Isidro Burgos’, pues el 12 de diciembre de 2011, dos estudiantes fueron asesinados por policías estatales durante una manifestación, los cuales siguen gozando de impunidad.

Por otra parte, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) ha sido víctima de campañas de estigmatización, desprestigio, detenciones arbitrarias y tortura desde hace años, con tal de reprimir sus movilizaciones.

Ahora, el contexto que ha configurado la administración de Ángel Aguirre —gobernador de Guerrero— y José Luis Abarca —alcalde de Iguala—, es nuevamente el de la desaparición forzada, seguida de negar los hechos, ocultar información y culpar al crimen organizado.

También está el “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”, pues las principales preguntas que pueden sostener la hipótesis de terrorismo de Estado son: ¿Cuál sería el motivo del crimen organizado para desmovilizar a un movimiento estudiantil, a una resistencia que ha durado por muchos años, como es la de los normalistas? ¿Por qué? ¿En qué se benefició el crimen organizado? ¿O acaso el Estado utilizó sus servicios, como se hizo con los mercenarios —por contratación paralela—, para asesinar estudiantes décadas?

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