Organizaciones defensoras de derechos humanos que reunieron en la audiencia final del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, en Michoacán consideraron que lo ocurrido en Iguala contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa es una «artera ejecución extrajudicial»,

«Emitimos nuestro más enérgica protesta y condena ante estos hechos de flagrante violación de los derechos humanos y de terrorismo de Estado», declararon ayer.

Refirieron que los policías arremetieron sin consideración alguna contra los estudiantes inermes, accionando sus armas de alto calibre a quemarropa con premeditación, alevosía y ventaja, con el claro propósito de asesinarlos.

«Los resultados lamentables para nuestro pueblo es de tres estudiantes muertos, 30 heridos de gravedad, 20 lesionados, varios estudiantes detenidos arbitrariamente y una cantidad incierta de detenidos desaparecidos».

Destacaron a través de un comunicado que estos hechos «no son fortuitos ni aislados» y que «obedecen a una política criminal diseñada desde Los Pinos, como parte de la guerra de baja intensidad que aplica el gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de desarticular toda voz de protesta y denuncia. Política criminal que cada día suma más y más víctimas y que ahoga en un baño de sangre al pueblo mexicano».

Aseguraron que «la represión, los asesinatos, las masacres, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las persecuciones y ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, periodistas honestos y defensores de derechos humanos son la carta de identidad de los gobiernos priistas, a quienes se le suman ahora perredistas como el de Ángel Aguirre Rivero».

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