Evidencian crímenes de Estado en preaudiencia del Tribunal de los Pueblos

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Participaron como jueces nacionales Alejandro Cerezo Contreras, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, los “arregladores” tzeltales Carlos Nuñez Ruiz y Juan Méndez Gutiérrez, Joel Heredia y Rubén R. García Clark. En su sentencia determina que los tres casos examinados, “se enmarcan en luchas sociales y políticas de los pueblos y comunidades por el reconocimiento y reivindicación de la identidad y derechos indígenas”.

La Jornada/19-07-2014

Foto: La Jornada

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San Cristóbal de las Casas, Chis. En la comunidad El Limonar, en la selva norte de Ocosingo, se celebró este viernes una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), instancia internacional que culminará en noviembre próximo su capítulo México, cuando “denunciará y visibilizará ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano, que hasta la fecha permanecen impunes”.

El tribunal reunido en El Limonar considera que las evidencias son suficientes “para presumir la comisión de crímenes de lesa humanidad” por el Estado mexicano, el cual “identificó a ciertas poblaciones que constituían o podían constituir una base social para el EZLN y con base en ello definió un ‘enemigo interno’, objetivo de la estrategia de contrainsurgencia que incluyó a miles de civiles tzotziles, tzeltales, choles y zoques, pertenecientes a Las Abejas, Xi’nich, simpatizantes y bases de apoyo del EZLN”.

El dictamen subraya que la violencia de Estado no se dirigió “únicamente contra combatientes, sino también contra la población civil no combatiente, incluyendo niños y niñas”, lo cual “pone de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a determinadas organizaciones sociales”, y demuestra que aquellos actos fueron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a dichos grupos.

Participaron en la sesión testigos y sobrevivientes de hechos de gran violencia en comunidades choles de la zona Norte (Jolnixtié Sección I, Miguel Alemán, Usipá, El Limar, Saquil, Susuclumil, Masojá Shucjá, Masojá Grande y Chuctiejá); tzotziles de Chenalhó, integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y desplazados de Viejo Velasco, todos “víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y de exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94’ e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres, crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad”, expone el dictamen de la preaudiencia celebrada este viernes.

La diligencia fue convocada por unas 46 organizaciones populares, estudiantiles, sociales, de derechos humanos nacionales e internacionales, así como las decenas de organismos que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos y Todas”, la Red de Radios Comunitarias (AMARC) que agrupa a 35 proyectos radiofónicos), las 42 organizaciones de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México y la Red Paz Chiapas, integrada por 10 organizaciones.

Participaron como jueces nacionales Alejandro Cerezo Contreras, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, los “arregladores” tzeltales Carlos Nuñez Ruiz y Juan Méndez Gutiérrez, Joel Heredia y Rubén R. García Clark. En su sentencia determina que los tres casos examinados, “se enmarcan en luchas sociales y políticas de los pueblos y comunidades por el reconocimiento y reivindicación de la identidad y derechos indígenas”.

El tribunal resolvió “que se cometieron violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en los casos Zona Norte, Viejo Velasco y Acteal, por conductas derivadas del accionar de los grupos paramilitares como Paz y Justicia, o pobladores de la comunidad Nueva Palestina, o bien en Chenalhó, siempre “organizados por autoridades municipales, estatales y federales”.

El Estado mexicano “está obligado a la reparación integral de los daños causados”, determinó el tribunal. Reconoció en los declarantes su lucha, firmeza, dignidad, constancia de la memoria, búsqueda de justicia y verdad. También “su valor ante las amenazas que puedan surgir después de las preaudiencias”.

Por último, el TPP dijo observar con preocupación los hechos en la comunidad La Realidad, “donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis Solís López (Votan Galeano), significando la continuidad de la política contrainsurgente en Chiapas”.

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