Narcoviolencia y neoliberalismo: ¿dos caras de la misma moneda?

El narcotráfico y la criminalidad organizada derivada del mismo no son fenómenos nuevos en México, como muchos puedan pensar ante la avalancha de informaciones ofrecidas por medios de todo el mundo sobre asesinatos en masa, decapitaciones y descubrimientos de grandes alijos de cocaína o marihuana en dirección a Estados Unidos. Como bien explica Ioan Grillo (periodista inglés afincado en México desde 2001) en su libro El narco, el cultivo de amapola (base de la heroína y el opio) y cannabis en las sierras mexicanas se remonta décadas atrás. Lo relativamente nuevo es lo que Grillo califica de “narcoinsurgencia”: la capacidad que los paramilitares ligados al narcotráfico muestran para poner contra las cuerdas al Estado mexicano.

La periodista mexicana Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, abunda en la idea de que el narcotráfico no es nada nuevo en su país, pero añade un componente político-histórico al origen del poder del que goza el crimen organizado actualmente en México y otros países latinoamericanos:

“Durante casi una década (1981-1989), la CIA apoyó el movimiento armado de la contra nicaragüense para derrotar al gobierno establecido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La agencia de inteligencia ejecutó su designio por medio de financiamiento y supuestas misiones humanitarias. Eran los años de la Guerra Fría: Estados Unidos consideraba que el FSLN era un gran peligro para la región debido a sus tendencias marxistas-leninistas, y que en Centroamérica estaba a punto de gestarse una nueva Cuba. (…) Cuando en 1986 estalló el escándalo Irán-contra, el equipo de Reagan reconoció que ‘algunos de los recursos obtenidos por la venta de armas de Estados Unidos a Irán fueron destinados a los contras’. (…) Varios funcionarios de la CIA (…) coludieron con narcotraficantes de América Latina para obtener recursos destinados a la contra nicaragüense.”

Según Anabel Hernández, que se apoya en documentos desclasificados tanto de la CIA como de la DEA, la agencia de inteligencia estadounidense apoyó a los grupos armados contrarrevolucionarios en Centroamérica en detrimento tanto de la salud pública de la población de EE.UU. como de los Derechos Humanos en América Latina. Una perspectiva histórica que encaja con la opinión de los hermanos Antonio y Alejandro Cerezo: la llamada guerra contra el narcotráfico y el modelo económico neoliberal no son más que dos caras de la misma moneda en México.

Los tres hermanos Cerezo fueron detenidos en 2001 por presunta colaboración con la guerrilla mexicana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP). El juez no pudo demostrar su relación directa con las acciones de las FARP, pero sí una afinidad ideológica: por ello, dos de ellos fueron condenados a siete años y medio de prisión, y el tercero, a tres y medio. Los hermanos Cerezo se califican a sí mismos como víctimas civiles del Estado mexicano pues sus Derechos Humanos se vieron vulnerados por las torturas que aseguran que sufrieron tras la detención, así como por lo que ellos consideran una condena injusta.

En el momento del arresto, los hermanos Cerezo rondaban los 20 años de edad y estudiaban en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Ahora, más de diez años después, siguen trabajando en la UNAM aunque más bien alejados del mundo académico: regentan una pequeña cafetería en la Facultad de Filosofía y Letras que les sirve para financiar el trabajo del Comité Cerezo, galardonado con el Premio de la Paz de Aquisgrán (Alemania) este mismo año. Los tres hermanos hace años que documentan las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad y el ejército mexicanos contra activistas, periodistas y cualquier civil que pida su ayuda, e imparten cursos y talleres sobre DD.HH. y la defensa de los derechos civiles.

Desde una posición rotundamente anticapitalista, los promotores del proyecto consideran que la llamada guerra contra la delincuencia organizada iniciada por el presidente Calderón en 2006 “es una estrategia para encubrir violaciones de Derechos Humanos” contra activistas sociales así como contra la sociedad civil en general. Una guerra contra el narcotráfico que, en su opinión, ha contribuido a la profundización del neoliberalismo y de la consecuente vulneración sistemática de los derechos civiles más básicos: “Este punto implica el apoyo de parte del Estado mexicano a empresas transnacionales para el desarrollo de sus megaproyectos; tal apoyo consiste en permitirles despojar, hostigar, amedrentar e incluso asesinar (en el caso de la minería) a cualquier persona que, en el ejercicio de sus derechos humanos, defienda el territorio y los recursos naturales”.

En su último informe de violaciones de Derechos Humanos por parte del Estado, el Comité Cerezo documenta más 180 casos entre inicios de 2011 y finales del primer trimestre de 2012. Y a alguien parece no gustarle demasiado su trabajo: los hermanos Cerezo han recibido ya varias amenazas de muerte; una de ella incluso fue registrada por el propio sistema de seguridad estatal.

Olga Reyes Salazar, un trágico caso de la violencia generada por la llamada ’guerra contra el narco’. © Andreu Jerez

El de Olga Reyes Salazar, procedente de Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua, en el noroeste de México), es uno de los cientos de casos documentados por el Comité Cerezo: seis miembros de su familia (entre ellos, un hijo y un hermano) fueron asesinados en el marco de la llamada ‘guerra contra el narco’. Actualmente, ninguno de sus familiares vive en Ciudad Juárez, y ella vive desplazada en Ciudad de México por miedo a nuevas agresiones. Olga, cuya familia tiene una larga historia de activismo social, se considera víctima directa de la policía y el ejército mexicanos.

Como ella misma cuenta, por momentos con la voz quebrada, con la llegada del ejército a Ciudad Juárez en 2008, la cifra de abusos de Derechos Humanos aumentó exponencialmente. Por ello, se niega a aceptar que el Memorial a las Víctimas de la Violencia, proyectado por el presidente en funciones, Felipe Calderón, represente a sus familiares desaparecidos: ¿cómo voy a aceptar un memorial que se construye sobre un terreno militar, propiedad de los que precisamente se llevaron a los míos?, se pregunta Olga con amargura.