La izquierda ante la constitución del Estado mexicano en un Estado terrorista

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

[...] estrategias que también generaron un estancamiento en el desarrollo de las herramientas de análisis de la realidad, hecho que explica que, frente a los intentos de explicarla a partir de los hechos concretos, muchos intelectuales afirmen que estamos frente a una realidad esquizofrénica e incomprensible. Debemos recordar que “debajo del Muro de Berlín” aún se encuentran esas herramientas, sólo así descubriremos la trampa ideológica de las teorías que justifican el intervencionismo norteamericano como la del “Estado fallido”, “Estado con funciones disminuidas” o “Estado incapaz” que han permeado los análisis de aquellos que intentan explicarse la realidad, pero que no parten de la realidad misma, sino de la pura especulación.

A lo largo de este año, el Comité Cerezo México ha construido, a partir de su práctica concreta en diferentes espacios y de la documentación de los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias y prisión política en contra de miembros del movimiento social; una explicación de la realidad. Con ella ha intentado aportar elementos suficientes para que, como parte del movimiento social y de derechos humanos, explicar de manera colectiva, no sólo qué está pasando, sino también las causas de lo que sucede, y por tanto intentemos encontrar la manera de detener e incluso revertir la constitución del Estado mexicano en un Estado terrorista. Hemos enumerado las características que presenta esta construcción, ya que la constitución del Estado terrorista no es un paso simple y mecánico, sino una estrategia que, con avances y retrocesos, se ha impuesto en México, principalmente en el presente sexenio, el de Felipe Calderón.

No queremos decir con lo anterior que esta estrategia surgió a partir del sexenio en curso, sino que podemos rastrear la política neoliberal que lo sustenta desde hace más de 30 años con los gobiernos priistas, y así podemos ver más claramente la aplicación de esta política neoliberal a partir de hechos concretos —ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas— que nos obligan, aún a los más necios, a reconocer una estrategia de Estado.

No partimos de cero, tampoco tratamos de analizar la realidad reduciéndola a la geografía mexicana, si vemos más allá, podremos descubrir que esta política estatal no es nueva ni única en el mundo, sino que es resultado de políticas norteamericanas —principalmente—, y además de políticas de países europeos dominantes que, defendiendo sus intereses para paliar una crisis profunda del capitalismo, imponen y ejecutan, con ayuda de gobiernos nacionales en distintas geografías.

Colombia, Afganistán, Irak y Libia, son países donde claramente se han practicado diferentes modelos cuyo objetivo —de acuerdo a la lógica del capital— es expoliar a los pueblos de sus recursos naturales, financiar el costo de las intervenciones, guerras con el control de la droga, la venta de armas y destruir cualqueir movimiento social que se oponga a sus políticas.

En el caso mexicano afirmamos que podemos ver nuestro futuro en Colombia, país que ha sufrido el intervencionismo norteamericano por más de cuatro décadas, donde se ha puesto en práctica, fracasado y vuelto a ensayar diversas estrategias de control social por parte de Estados Unidos.

Estrategias de control social que en México, con una “dictadura perfecta” que duró más de 70 años y una “izquierda” domesticada, no fueron de terror masivo, sino selectivo, estrategias que también generaron un estancamiento en el desarrollo de las herramientas de análisis de la realidad, hecho que explica que, frente a los intentos de explicarla a partir de los hechos concretos, muchos intelectuales afirmen que estamos frente a una realidad esquizofrénica e incomprensible. Debemos recordar que “debajo del Muro de Berlín” aún se encuentran esas herramientas, sólo así descubriremos la trampa ideológica de las teorías que justifican el intervencionismo norteamericano como la del “Estado fallido”, “Estado con funciones disminuidas” o “Estado incapaz” que han permeado los análisis de aquellos que intentan explicarse la realidad, pero que no parten de la realidad misma, sino de la pura especulación.

Pero la realidad es más necia, es paradójico que quienes veían en el concepto de “sociedad civil” la panacea que explicaba la realidad contemporánea, descubren, obligados por una realidad aplastante y por su práctica concreta en ésta; que en el seno de la sociedad civil hay divisiones antagónicas, así que dentro de la diversidad (que se supone es la riqueza del movimiento) se descubre que hay feministas ricas y feministas pobres, indígenas desposeídos e indígenas caciques, transgéneros que se inyectan silicón y los que se inyectan aceite de cocina, jóvenes con sueldos de más de 5,000 mensuales y jóvenes desempleados, etcétera.

Hoy nos descubrimos con un atraso teórico-conceptual en muchos aspectos del análisis social y político que se mantuvo estancado hasta que nos sorprendió el cambio o mejor dicho el “Gobierno del cambio” que de manera acelerada pone en práctica la política del Estado de la Seguridad Democrática o lo que nosotros, el Comité Cerezo México, conceptualizamos como Estado terrorista y que en un ejercicio teórico queremos caracterizar.

Cuáles son entonces las características que nosotros señalamos tiene actualmente el proceso de la configuración del Estado mexicano como un Estado terrorista.

La construcción de un “enemigo interno”, en este caso la delincuencia organizada y el narcotráfico, para justificar la restricción de derechos a la población

El narcotráfico es el enemigo interno que el gobierno ha construido para justificar el inicio de una “guerra” a la que hoy llaman “lucha contra el narcotráfico”. “Lucha” cuyos métodos violentos provocan miedo y zozobra en la población y cuyos resultados no pueden dejar de sorprendernos: diferentes medios han contabilizado un poco más de 50 mil desapariciones al término de junio del 2011; una cifra no documentada de entre 3 y 5 mil, más de 1300 niños asesinados entre diciembre de 2006 y mayo de 2011 en el contexto de enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los delincuentes. Sin embargo, la construcción del narcotráfico como “enemigo interno” tiene otra finalidad: ocultar a quiénes en realidad el Estado considera sus enemigos, la parte de la población que de manera organizada se opone a los intereses económicos y políticos que él defiende.

La “guerra o lucha” contra el narcotráfico no es más que el pretexto perfecto que le facilita al Estado su estrategia de control social, su estrategia represiva y contrainsurgente en contra del movimiento social, sus organizaciones y sus dirigentes. Como muestra tenemos los treinta y dos casos de desaparición forzada por motivos políticos, los treinta y seis casos de ejecución extrajudicial (de 2006 a la fecha) contra integrantes del movimiento organizado, y los más de 130 presos por motivos políticos que existen actualmente.

Lo que el Estado mexicano llama “lucha contra el narcotráfico” es en realidad una guerra contra el pueblo en general y contra sus organizaciones sociales, Derechos Humanos en particular.

El uso sistemático del terror para combatir al “enemigo interno”

La ejecución extrajudicial de niños, mujeres, ancianos y hombres en retenes policiacos o de las fuerzas armadas; la tortura como práctica cotidiana de obtención de información o de autoinculpación del detenido, la desaparición forzada, las masacres de jóvenes sin relación alguna con el narcotráfico, las masacres de migrantes, los feminicidios, los cateos ilegales, las amenazas y los ataques contra los luchadores sociales, son actos terroristas debido a la crueldad con la cual son realizados y por los objetivos que persiguen: la destrucción del tejido social y la eliminación física de toda oposición, por el grado de terror que provoca en las víctimas, pero también en su entorno familiar, el de su organización, así como en una parte de la sociedad; y, además, porque violan los pactos, convenciones y protocolos que protegen los derechos humanos que el Estado mexicano ha firmado.

El uso sistemático del terror tiene como finalidad identificar y destruir al supuesto enemigo interno, disuadir a quienes se consideran enemigos potenciales y controlar la vida social a través del mismo.

La militarización institucional y de la vida social

Conforme a cifras oficiales, hay más de 60,000 elementos de las Fuerzas armadas cumpliendo tareas que les corresponden exclusivamente a las autoridades civiles; diríamos entonces que por cada soldado enviado a la calle hay un ciudadano asesinado.

Las Fuerzas armadas (ejército, marina, policía federal y de los estados) se convierten en el principal instrumento para combatir al “enemigo interno”, para garantizar la imposición de un modelo económico: “la militarización es pieza esencial de la reproducción del patrón de acumulación neoliberal y su estructura de poder; es la ‘tercera pata’ en las que se apoyan las nuevas oligarquías, el ‘tercer vínculo’ de la dominación” [1] No es raro ver retenes, vuelos rasantes de helicópteros, operativos en ciudades y poblaciones rurales, patrullajes, militares con licencia o retirados al mando de las Secretarías de Seguridad Pública de los estados (en 17 de 32 entidades federativas hay militares al mando de las Secretarias de Seguridad Pública y en 25 estados dirigen policías municipales); la presencia de las fuerzas armadas aumenta en todos los ámbitos de la vida social, sobre todo en los lugares donde los pueblos se organizan o hay proyectos económicos funcionando o por realizarse. Aunado a esto, se crea una nueva casta privilegiada y fiel al sistema, los militares: mientras al trabajador común se le aumentó en 2010 el 4,85 a su salario, a los soldados y marinos se les aumentó el 40%.

Ser un miembro activo de las Fuerzas armadas se convierte en la única opción legal de mejorar las condiciones de vida para amplios sectores de la población y si a eso sumamos la impunidad que los ampara, el resultado es catastrófico para la población civil.

Como ejemplo las 4 mil 266 quejas por violaciones a los derechos humanos que se han hecho en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a septiembre de 2010 y las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos por parte de militares se incrementaron en un 1,000% entre 2006 y 2009.

El paramilitarismo como la mano siniestra del Estado

Como el Estado mexicano necesita de cierto grado de legitimidad para seguir aplicando su política económica neoliberal y su proyecto de control social; no puede violar descaradamente todas las leyes a las cuáles se debe, ni tampoco violar derechos humanos abiertamente sin tener cierto costo político ante la sociedad que desea lo apoye y ante otros Estados que dicen respetar las democracias.

La existencia de grupos paramilitares le permite al Estado evitar cuestionamientos sobre sus estrategias de seguridad para supuestamente garantizar los derechos humanos de la población, le permite erigirse como víctima de las Fuerzas armadas ajenas a su control y con ésto volver a adoptar una posición de “defensor” de la sociedad o de “garante” de sus derechos y sobre todo le permite violar los derechos humanos con un bajo costo político. Probar que el paramilitarismo es la mano siniestra del Estado no solamente es difícil en términos de documentación, sino que también implica un riesgo elevado para la organización o persona que lo haga. Sin embargo, la experiencia de otros pueblos nos dice que los grupos paramilitares no pueden surgir ni desarrollarse al margen de la protección del Estado que casi siempre dice combatirlos; el ejemplo más palpable es el Caso de Ostula, no sólo la estrategia paramilitar ha ocultado el actuar del Estado, sino que incluso en seno de la comunidad aún hay dudas de esta participación, el caso de la ejecución extrajudicial de Don Trino es el ejemplo más desgastado de la impunidad con que actúan los paramilitares en coordinación con la Policía Federal que se supone debía resguardar la caravana del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad.

El conocer los fines del paramilitarismo nos puede ayudar a comprender el porqué de la violencia y crueldad extrema en la que nos han sumergido y el grado de impunidad que se tiene contra los responsables de esta situación.

La criminalización de los defensores de los derechos humanos, así como de la sociedad en general

La criminalización de las y los defensores de los derechos humanos, así como de la sociedad en general; es una estrategia del Estado que consiste en estigmatizar a la persona utilizando los medios masivos de comunicación con el objetivo de acusarla por su violencia, de actuar al margen de la ley, de ser transgresora de la ley, de estar involucrada con la delincuencia organizada o con el terrorismo; con lo cual se intenta eliminar la legitimidad de la protesta social. Bajo este esquema, las y los defensores que actúan para denunciar las violaciones a los derechos humanos a manos de integrantes de movimientos sociales, terminan siendo acusados de defensores de delincuentes o transgresores de la ley.

Ahora bien, la criminalización no sólo es mediática, también ocurre a nivel judicial (judicialización). Existen casos en los que al defensor de los derechos humanos y al luchador social se les fabrican delitos del fuero común o del fuero federal para encarcelarlos y coartarles sus derechos de manifestación, organización y protesta (como en el caso de los miembros de la Organización para Pueblos Indígenas Meph´a (OPIM) judicializados o el caso de Nataniel Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, en Chiapas.

La creación de un marco jurídico de excepción que legaliza las prácticas violatorias de derechos humanos y garantiza la impunidad

Propuestas de Reformas constitucionales para legalizar prácticas violatorias de derechos humanos y vivir en estados de excepción no declarados donde se suspenden las garantías de las personas detenidas o investigadas como ya se hace por medio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hay que insistir una vez más en que la tipificación del delito delincuencia organizada no responde a los criterios establecidos en la Convención de Palermo sobre la materia y que la ONU como resultado del Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió el Estado mexicano en febrero de 2009 recomendó la modificación de la tipificación actual de ese delito; recomendación que hasta este momento el Estado mexicano no ha cumplido.

La Reforma de Seguridad Nacional aprobada en lo general es un ejemplo de legalizar lo ilegal; es decir, legalizar el proceso de configuración del Estado mexicano como un Estado terrorista.

La polarización social

Con la polarización social el Estado pretende “orillar” a la sociedad a permanecer en extremos opuestos. En un extremo se encuentra la parte de la población que no sólo apoya incondicionalmente la estrategia de seguridad del Estado, sino que también es parte activa de la misma, convirtiéndose así en la base social que la legitima y reproduce.

En otro extremo la población que no está de acuerdo con la estrategia de seguridad del Estado, con una parte de la misma o incluso que tan sólo cuestiona su validez, es mostrada como un enemigo interno, por tanto, es un objetivo al cual hay que neutralizar o eliminar.

Con este tipo de estrategia se profundiza la división social que lleva a una diferenciación radical entre “ellos y nosotros”.

La cantidad de detenciones por motivos políticos realizadas del 2008 al 2010 muestran que la mayoría de ellas son dirigidas en contra de luchadores sociales o defensores de derechos humanos, como una manera de castigar su forma de pensar y la actividad organizada de defensa de los derechos humanos que ejercían y dirigían. De acuerdo con esto, podemos afirmar que el proceso de judicialización y criminalización de la protesta social, de los derechos civiles y políticos, así como de la defensa de los derechos humanos se ha consolidado y ha favorecido a una serie de políticas que permiten criminalizar y fabricar delitos en contra de estos sectores de la población.

Podemos concluir diciendo que la configuración del Estado terrorista avanzó en los siguientes aspectos:

  1. Consolidando la figura del “enemigo interno” a través del discurso oficial y de los medios de comunicación afines al Estado, lo cual le permite seguir criminalizando la lucha social y a la misma sociedad.
  2. Consolidando el proceso de militarización de la vida social y del territorio, entre otras cosas, con la ampliación e intensificación de los operativos contra la delincuencia organizada, los operativos de “servicio a la comunidad” y la campaña mediática para lavar su imagen, justificar su presencia y ganar apoyo de la población.
  3. El Estado ha afianzado el uso de grupos paramilitares como ejecutores de violaciones de derechos humanos para ocultar su responsabilidad en las mismas y, por tanto, evadir su responsabilidad legal y el costo político.
  4. Han elevado a rango constitucional leyes que apuntalan el funcionamiento del Estado terrorista como la Ley de la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional.
  5. Se implantaron mecanismos de terror en diferentes localidades y regiones del país, condicionando en esos lugares la vida social a través de los mismos, provocando la paralización de amplios sectores sociales y el desplazamiento forzoso de la población.
  6. El Estado ha avanzado en la aceptación, normalización y justificación por una parte de la sociedad hacia su estrategia de seguridad; lo que significa la aprobación y, en muchos casos, el respaldo activo a la restricción de derechos humanos y a los actos violatorios de los mismos, logrando así una mayor profundización de la polarización social.

La constitución del Estado mexicano en un Estado terrorista no es un hecho inevitable, dependerá del movimiento social ya sea deteniendo, frenando o modificando esta estrategia; pero no podrá hacerse sin las herramientas teóricas adecuadas, no puede surgir una alternativa desde el sentido común por muy desarrollado que éste sea o del mundo de la pseudoconcreción.

Una alternativa a la estrategia de implantar un Estado terrorista debe partir del análisis concreto de la realidad que se quiere transformar y, lo que es más importante, debemos llevar esta alternativa a la práctica concreta de manera organizada, para validar su justedad o enmendar sus errores; de lo contrario, podremos escribir cientos de páginas que serán pasto de la critica de los ratones, pero que en la realidad concreta que vivimos no servirán para nada.

Ver en línea : Revista Consideraciones: La izquierda ante la constitución del Estado mexicano en un Estado terrorista

[1José María CALDERÓN RODRÍGUEZ (Coord.). América Latina: Estado y sociedad en cuestión, Ed. Edimpo, México, 2010.

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