Defender a los ofendidos, un deporte de alto riesgo

Los ataques a defensores de derechos humanos van en aumento, siendo las agresiones y las amenazas lo más común.

Publicado octubre 24, 2016 | 6:00 am | Eduardo Suárez

México es uno de los países más peligrosos para defender y promover los derechos humanos, al grado que en 2012 el país fue la segunda nación hispanoamericana –después de Colombia– que se vio obligada a crear una Ley para su protección.

Las amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y detenciones arbitrarias son los tipos de embates más comunes que padecen los defensores de derechos humanos, principalmente a manos de elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno.

En los últimos tres años, se registraron mil 786 agresiones en contra de defensores: 578 en 2013, 501 en 2014 y 707 en 2015, según datos de la Relatoría para la Atención de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF).

De acuerdo este organismo, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en agresiones contra los activistas, pues de 2013 a 2015 registró 344 sucesos, seguida de Guerrero (236), Oaxaca (192), Baja California Norte (162), Chiapas (85), Puebla (79), Veracruz (69), Colima (58), Estado de México (55) y Chihuahua (26).

Datos de la sociedad civil organizada también muestran la grave situación que padecen las y los promotores, aunque reconocen que no existe un registro oficial para calcular todas las violaciones cometidas en contra de ellos.

El informe Defender los Derechos Humanos en México: La normalización de la represión política, del Comité Cerezo, arrojó que en los últimos seis años se cometieron mil 66 violaciones contra defensores.

Asimismo, indicó que los ataques fueron en aumento en los últimos cinco años: 87 en 2011, 118 en 2012, 160 en 2013, 255 en 2014 y 370 en 2015; mientras que en los primeros cinco meses de 2016 se registraron 76 agresiones.

El nacimiento de nuevos defensores

Amanecía un 13 de agosto de 2001. Unas voces los despertaron y minutos después agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ya los torturaban con bolsas de hule en la cabeza, golpes y agresiones verbales.

Las extrañas voces les preguntaban dónde estaban las bombas y las armas. Los tres hombres apenas atinaban a contestar que no sabían de qué les hablaban.

Se trata de los hermanos Cerezo: Alejandro, Héctor y Antonio, quienes pasaron encarcelados de tres a siete años y medio en penales de máxima seguridad acusados de “terroristas”, sin comprobarles un solo cargo.

Su pecado, para el Estado, fue haber sido hijos de los líderes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Uno de ellos –Héctor Cerezo– contó en entrevista con esta casa editorial que gracias a su detención, hermanos y amigos conformaron hace 15 años el Comité Cerezo, para defender y acompañar a víctimas de violaciones a sus garantías individuales.

Dijo que a la fecha es difícil saber exactamente cuántas violaciones se cometen en contra de defensores: “y eso es preocupante”.

Según sus cálculos, de junio de 2015 a mayo de 2016 se registraron 136 eventos, que contienen 446 actos violatorios de los derechos humanos, y que afectaron, aproximadamente, a 165 personas, 48 organizaciones y 15 comunidades.

Lo que sí han documentado, es que actualmente son las agresiones físicas las más usadas en contra de los defensores con 58.5%, le sigue la amenaza con 13.9%, criminalización con 13.6% y hostigamiento con 9.6%; aunque en 2014 esta última encabezaba la lista.

“Esto implica que la represión política aumentó de intensidad; es decir que el Estado utiliza más los ataques directos para reprimir a una persona defensora de derechos humanos”, señaló el Comité Cerezo.

Amnistía Internacional (AI), en su informe La situación de los derechos humanos en el mundo (2014-2015), reconoció que en México los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento, amenazas y homicidio, e incluso algunos enfrentan cargos penales por motivos políticos.

“Estas cifras demuestran una severa crisis en derechos humanos: desaparición forzada, tortura, detenciones extrajudiciales, migrantes y agresiones a grupos minoritarios y defensores de derechos humanos”.

“Esas son algunas de los síntomas de que estamos en un periodo de grandes retos para México”, declaró Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México.

La línea gubernamental

Más que una crisis en derechos humanos, las agresiones contra defensores obedecen a una política de Estado para reprimir a los sectores que difieren de ellos, externó Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo.

Externó que la intención del informe sobre los derechos humanos que realizaron busca visibilizar y demostrar que en México sí hay ataques cometidos por la labor de defensa que realizan muchas personas.

“Las autoridades mexicanas dicen que no pasa, pero nosotros lo documentamos, con datos duros para que nadie pueda decir que lo inventamos como defensores; el Estado tendrá la obligación de desmentir con datos también”, dijo.

La lista negra

A esta lista de violaciones a las garantías individuales se pueden sumar la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, la represión en contra de maestros en Nochixtlán, la ejecución extrajudiciales en Tlatlaya, Tanhuato y de un periodista y una activista en la Ciudad de México, además de una lista larga de hechos.

Del primero de enero de 1990 hasta el 15 de marzo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido 2 mil 537 recomendaciones por violaciones, dirigidas a 3 mil 102 autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

“Todas las autoridades del Estado en los tres órdenes y niveles de Gobierno, deben trabajar para superar lo que denominaron la implacable ola de violaciones que está teniendo lugar en el país”, exhortó.

La CDHDF se sumó al llamado que hicieron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a México.

Cabe destacar, que la primera recomendación de este año (1/2016) que emitió la comisión habla sobre casos de tortura, y en los primeros seis meses ya había realizado once recomendaciones por violaciones graves a los derechos humano, detalló el visitador.